"Me dijeron que la CDHDF la avaló", explica López Obrador

Deslinde panista de pruebas antidopaje

Son soluciones fáciles que violan derechos humanos, señala la diputada Enoé Uranga

GABRIELA ROMERO, RAUL LLANOS Y ELIE BALTAZAR

Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Enoé Uranga, la aplicación de pruebas antidopaje o revisar mochilas son "soluciones fáciles" que no sirven para resolver problemas tan profundos como la drogadicción y son el preámbulo de las tácticas que "nos esperan con el nuevo asesor en seguridad pública del Gobierno del Distrito Fedreal, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani."

Al respecto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó a favor de cualquier medida "que signifique vigilar que no hay tráfico de drogas en las escuelas", y expresó la posibilidad de promover exámenes antidopaje que prevengan la posesión de estupefacientes, "siempre y cuando se garantice el respeto a los derechos humanos". En cuanto a la acción realizada por el diputado panista Víctor Hugo Gutiérrez en una escuela secundaria, dijo que si se declaró a favor fue porque "me dijeron que lo había avalado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal". De hecho, algunos diputados panistas se deslindaron ayer de esa estrategia, porque fue un "invento" del legislador.

En tribuna, Enoé Uranga recriminó que las medidas que se toman para enfrentar el problema de las adicciones se haga sin planeación y, lo que es peor, atentando contra las garantías individuales y los derechos humanos de los niños y las niñas. "Desde cualquier punto que se le mire, es inadmisible e injustificado el trato cargado de estigma que se ha aplicado a este programa antidopaje; lamentablemente promovido por un legislador, sin contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa."

Mencionó que las acciones promovidas por el panista -quien no se ha presentado a las últimas dos sesiones por enfermedad- el pasado lunes a 93 estudiantes de la escuela secundaria diurna 282, es algo que debe avergonzar a los diputados locales, ya que se pasó por encima del consentimiento de muchos de los padres de estos jóvenes en un claro desacato al derecho.

Planteó: "si lo que se quiere es resolver el problema, es necesario identificar y rastrear los lugares de venta de los proveedores y no tomando el asunto por el lado del consumo, porque la venta seguramente puede hacerse después de salir de la escuela".

A nombre de Acción Nacional subió a la tribuna el panista Salvador Abascal Carranza, quien después de calificar de irresponsable la conducta de su compañero de fracción, dijo de tajo: "los panistas nos deslindamos de este hecho. El diputado Víctor Hugo se atrevió a inventar este programa antidopaje".

El perredista Gilberto Ensástiga Santiago se sumó al pronunciamiento de Uranga y planteó además la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pudiera hacer una extensa campaña en contra de las adicciones.

Por lo que hace al jefe de Gobierno del Distrito Federal, éste se manifestó a favor de cualquier medida "que signifique vigilar que no hay tráfico de drogas en las escuelas", y expresó la posibilidad de que las autoridades capitalinas lo integren como suyo, "siempre y cuando se garantice el respeto a los derechos humanos".

Remarcó que si apoyó los exámenes antidopaje que se aplicaron en una escuela secundaria, fue porque "me dijeron que lo había avalado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal". Ahora que éste órgano dijo que nada tuvo que ver en esas acciones, pues "todo lo que hagamos para combatir la drogadicción, particularmente el tráfico de drogas en escuelas, tiene que realizarse respetando los derechos humanos".

Dijo incluso que el gobierno capitalino, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, estaría dispuesta a colaborar y aun hacer suyas este tipo de acciones, porque "la intención es buena si se lleva a cabo de manera organizada y responsable, y no sólo para propósitos publicitarios".

Lo importante, agregó el jefe de Gobierno, es que debe ser un programa consensuado, "al que nadie se opondría si se explica, se informa y define con mucha claridad cuáles son las intenciones".

López Obrador concluyó: "se tiene que colaborar con todo el que de buena fe esté interesado en combatir el tráfico de drogas en escuelas", pues se trata de una contribución para que vivamos mejor.