En 2000, líderes petroleros y del PRI lo hicieron ''a sabiendas''

Fondos de Pemex fueron aprovechados ilegalmente

Estaban destinados a apoyos electorales y otros pagos y asignaciones

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Líderes petroleros y dirigentes del PRI, ''a sabiendas, aprovecharon ilegalmente fondos que directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) distrajeron del Presupuesto de Egresos de 2000, para apoyar al Partido Revolucionario Institucional en gastos de la Secretaría de Elecciones y de la estructura electoral en los diferentes estados; asimismo, para pagar la nómina general del partido y otorgar asignaciones a algunas organizaciones partidistas, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y la Fundación Colosio''.

Lo anterior consta en los argumentos jurídicos en los que se basó el juez décimo tercero de distrito en materia penal, José Luis Moya Flores, para librar las órdenes de aprehensión por el delito de peculado electoral en contra del ex director de Pemex, Rogelio Montemayor, y tres de sus más cercanos colaboradores, así como de los priístas que colaboraron en la campaña presidencial de Francisco Labastida: Carlos Almada, Jorge Cárdenas, Alonso Bretón y Joel Hortiales.

La Jornada posee copia de esa determinación y en ella se menciona que ''funcionarios partidistas del PRI tenían conocimiento de los recursos económicos que ingresarían a su partido, antes de que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) suscribiera el convenio administrativo-sindical 9399, de fecha 5 de junio de 2000'', acuerdo mediante el cual se entregaron 640 millones de pesos para la campaña de Labastida, y que a partir del 10 de diciembre de 2001 se convirtieron en la investigación penal que se conoce como Pemexgate.

Moya estableció: ''Está acreditado que por la conducta desplegada por Rogelio Montemayor, Carlos Juaristi, Juan José Domene y Julio Pindter, realizaron en forma dolosa'' el préstamo de 640 millones de pesos al STPRM, ya que ''sabían'' que destinarían dinero ''para apoyar al PRI durante la jornada electoral de 2000''.

El juez afirmó que los ex funcionarios de Pemex ''acordaron destinar ilegalmente 640 millones de pesos para beneficiar al PRI, mediante el convenio administrativo-sindical 9399''. Incluso consideró que la declaración de Montemayor, en el sentido de haber participado en la suscripción de ese convenio, se trató de ''una confesión calificada''.

Además, ''la probable responsabilidad de Jorge Cárdenas, Alonso Bretón, Joel Hortiales y Carlos Almada también ha quedado demostrada, toda vez que en su calidad de funcionarios partidistas, como secretario de Administración y Finanzas, subsecretario de Administración y Finanzas, Coordinador Administrativo y secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI (respectivamente), conjuntamente, a sabiendas, aprovecharon ilegalmente fondos'' de Pemex.

Lo anterior está detallado en las constancias que la Procuraduría General de la República integró a la averiguación previa 55/Fepade/02, de las que se desprende que los dirigentes priístas ''ya tenían conocimiento que llegaría una cantidad importante de recursos destinados a apoyar las actividades del partido y para lo cual solicitaron el apoyo de personal de ese instituto, entre los que se encuentran Alonso Veraza, Melitón Antonio Cázares y Andrés Heredia, quienes firmaron un documento de Banorte en el que se les autorizó para recibir valores en la caja general de esa institución bancaria, de una cuenta aperturada por el tesorero del STPRM'', Ricardo Aldana.

Del análisis de los testimonios que integraron la averiguación previa 55/Fepade/02, el juez señaló que el dinero obtenido por el STPRM se ocupó para gastos electorales de la Secretaría de Elecciones, a cargo de Carlos Almada; en gastos de la estructura electoral en diferentes estados, como Zacatecas y Chihuahua, para apoyo de los representantes del PRI en las casillas electorales y de los representantes del tricolor ante los consejos electorales estatales. También para pago a proveedores y nómina general del PRI, además de asignaciones directas a organizaciones partidistas como CNC, CNOP y Fundación Colosio.

En el documento elaborado el 4 de octubre de este año, se menciona que en los operativos mediante los cuales se trasladó el dinero de la caja general de Banorte al PRI, participaron Julio Tapia Palacios, Jorge Arturo Bueno Sauceda, Tomás Francisco Cruz y Alfredo Reyes Andrade, elementos del Ejército comisionados a la escolta de Labastida, ''a quienes se les ordenó custodiar la camioneta Cherokee negra blindada que se empleó para recoger el dinero del banco. Dicho vehículo fue identificado como el mismo que utiliza el (ex) candidato para su seguridad''.

Según el documento mediante el cual el juez Moya libró las órdenes de aprehensión por peculado electoral, a finales de mayo, dirigentes priístas negociaron con Montemayor la transferencia de recursos de Pemex ''vía el sindicato petrolero para apoyar la campaña de Labastida''.

El 5 de junio de 2000, el secretario general del STPRM, Carlos Romero Deschamps, y Ricardo Aldana Prieto celebraron el convenio mediante el cual se les otorgó el préstamo de 640 millones de pesos; según la causa penal 91/2002, no se advierte ''que estuviera probada la causa que motivó la erogación del numerario, lo que demuestra que la causa alegada para que se les entregara el dinero era por demás un pretexto''. Según el juez, el sindicato no tenía capacidad económica para pagar el crédito, pues sus percepciones por cuotas en 2000 ''resultó inferior al importe del préstamo concedido''.

El 8 de junio de ese mismo año, el cheque 8648 fue depositado en la cuenta del STPRM en Banorte, abierta el 28 de abril de 2000 por Aldana, en la cual autorizó a Alonso Veraza, Melitón Cázares, Elpidio López, Gerardo Trejo, Joel Hortiales y Andrés Heredia recibir el dinero que después trasladaría a la sede nacional del PRI.

Los documentos señalan que los priístas retiraron 500 millones de pesos, mientras que al senador Aldana le entregaron los otros 140 millones, los cuales, primero, fueron llevados a dos oficinas del sindicato petrolero y, luego, trasladados en cajas de cartón de los edificios gremiales -uno cerca de la embajada de Estados Unidos y el otro en la calle Zaragoza, colonia Guerrero- a la Secretaría de Finanzas del PRI.

En su declaración, Veraza afirmó que ''no le resultó extraño'' que el STPRM entregara recursos al PRI, ''porque es un organismo afiliado'' a ese instituto y podría tratarse de una donación.

Una vez recibido el dinero en el PRI, Elpidio López y Antonio Cázares, así como Veraza, fueron comisionados para utilizar un avión Lear Jet y un Turbo Comander, que se encontraban en el aeropuerto de Toluca, para que se entregaran ''recursos para la estructura electoral'' en los distintos estados, dinero que después tenía que ser depositado en la cuenta que el PRI poseía en Bancomer y en la que se registraban los supuestos ingresos por la venta de boletos del Sorteo Milenio Millonario. Para esa rifa, Alonso Bretón pidió a los empleados priístas ''nombres de personas que estuvieran dispuestas a aparecer como ganadoras y que después reintegraran el premio en efectivo una vez que lo hubieran cobrado''.

Entre ellos estaban José Antonio Angeles e Ignacio Chaván, quienes recibieron 15 y 4 millones de pesos, respectivamente.

Para noviembre de 2000, la documentación del dinero entregado a los coordinadores de elecciones en cada estado, para la estructura electoral y como apoyo a los representantes del PRI en las casillas electorales, fue destruida. Veraza aseguró que ''Bretón le dijo que ya había hablado con Jorge Cárdenas y que era una indicación destruir la documentación comprobatoria. En acatamiento a esa instrucción destruyó los documentos en compañía de Cázares, quien era asistente de Bretón y quien cumplió la misma instrucción''.

La documentación se metió en una tina de agua y se destruyó en una empresa dedicada a la producción de láminas de cartón que se localiza en Ecatepec.