Carlos Fazio

ƑHonestidad valiente?

El jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, calificó al presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo como "corrupto", "hampón político" y "mafioso". Dijo que cuando el PRI gobernaba la ciudad de México tenía las manos metidas en todo: uso del suelo, manejo de impuestos, compras administrativas y en todo lo relacionado con la construcción (La Jornada, 1/11/02). A su vez, Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, decidió importar a los Giuliani boys y su Cero tolerancia para frenar la criminalidad. Ya adelantó un programa de "cruceros peligrosos". Bien por el jefe Ebrard.

El jefe de jefes, López Obrador, quien suele llamar impunes a los delincuentes de cuello blanco del Fobaproa -banqueros, empresarios y políticos ladrones y corruptos del Prian-, está empeñado en recuperar la ciudad para la ciudadanía; quiere arrebatársela al hampa y al crimen organizado. Eso suena muy bien y es necesario. En Nueva York, la Cero tolerancia se orientó a atacar delitos menores, lo que en México, Distrito Federal, correspondería a faltas administrativas. De aplicarse tal política llevaría a lo que el subprocurador Renato Sales describió como un sistema de justicia cívica; una utopía posible en el marco de un sistema signado por la corrupción como "patología del poder" (Diego Valadés).

López Obrador conoce un caso de delito menor o falta administrativa -pero que puede afectar muchas vidas humanas-, vinculado con el hampa política, corrupción administrativa, mafias legaloides, uso de suelo y permisos de construcción irregulares e injusticia cívica: el protagonizado por el corporativo Sicor Latinoamericana-Lemery, SA de CV, subsidiaria de la trasnacional farmacéutica Sicor Inc. con casa matriz en Irvine, California, que ha convertido en un "crucero peligroso" la intersección de avenida Mártires de Río Blanco y la calle 12 de Octubre, en la colonia Huichapan, delegación Xochimilco (ver "Una bomba de tiempo en el jardín", Masiosare, 24/2/02).

Colindante con casas y edificios (incluidas tres escuelas) y asentada sobre suelo dictaminado por el Gobierno del Distrito Federal como de alto riesgo sísmico y lacustre, la planta de Sicor Inc. en Xochimilco maneja, almacena, produce y desecha materiales calificados oficialmente de flamables, tóxicos, peligrosos, cancerígenos y mutagénicos, que podrían ocasionar una fuga o un incendio químicobiológico de envergadura. Además, según reconoce la autoridad del Distrito Federal, el corporativo ha venido actuando con "dolo y mala fe" y con base en documentación "viciada".

No obstante, y pese a sendos voluminosos expedientes, la empresa sigue creciendo sin licencia de construcción, sin estudio previo de impacto ambiental y sin el visto bueno de Protección Civil, federal y capitalina. El 28 de marzo de 2001, en su tradicional reunión matutina, López Obrador dijo que en el caso de Lemery actuaría "en defensa de los ciudadanos y con apego a derecho". Incluso mencionó que la titular de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, ya investigaba el asunto. Los vecinos han demandado juicio político contra el delegado de Xochimilco, Juan González, y tres servidores públicos de alto nivel fueron inhabilitados por la contraloría capitalina por otorgar licencias irregulares.

Se trata de un caso peliagudo porque involucra, de manera contrapuesta, los intereses de una trasnacional farmacéutica con los derechos de un puñado de ciudadanos informados y tozudos que han venido invocando, como fundamento de sus acciones legales, el artículo octavo de la Constitución. Es decir, el derecho de petición.

En ese punto -y no se enoje el tabasqueño- la autoridad ha cometido una "falta menor", punible según el espíritu de la Cero tolerancia: no ha cumplido el mandato constitucional que indica que la autoridad (López Obrador) tiene la obligación de contestar los escritos -en este caso rigurosamente fundamentados- de los vecinos quejosos; una veintena de peticiones en dos años y ninguna respuesta.

De acuerdo con la boleta predial, el inmueble donde opera el laboratorio pertenece a Inmobiliaria Lemery, SA de CV, cuyo apoderado general es Miguel Fernández de Cevallos y Ramos (hermano del jefe Diego, senador de la República).

Según el Reporte Anual de Sicor Inc. a la Securities and Exchange Comission del gobierno estadunidense, entre 1998 y 2000 Lemery realizó compras millonarias en México a "dos compañías en las cuales el director administrativo y el director de operaciones tienen propiedad beneficiaria". ƑInteresante para el SAT? Ahora, en una joint venture con el Club Primera Plana, la trasnacional pretende comprar "protección" mediante un Premio Nacional de Periodismo en Salud.

Juan Hernández, agente de relaciones públicas de la empresa, declaró que los vecinos de Huichapan "padecen alguna patología mental". Pero es la ética la que está enferma. Como decía Albert Guinon, "para muchos la moral no es otra cosa que las precauciones que se toman para transgredirla". Existe la percepción de que el dinero -con sus aditamentos de poder, privilegios y renombre- mantiene en el México actual una capacidad de seducción capaz de aflojar aparentes convicciones, principios y confianzas. Pero la industria de la corrupción, con sus expertos en soborno y cohecho, es enemiga de la democracia. ƑHonestidad valiente en la ciudad de la esperanza? ƑCero tolerancia con Lemery? Es verdad: para proceder contra una trasnacional se necesita valor cívico; algo que, hay que reconocer, no está de moda.