Testimonio de un detenido-desaparecido
Antonio Hernández Ramírez fue acusado en 1978 de haber participado cuatro años antes en el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa.
Amnistía Internacional, la Secretaría de Gobernación -en tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CNDH y varias instancias más conocen este testimonio, uno de los más sólidos en la demanda penal por los detenidos-desaparecidos y el uso exhaustivo de la tortura por parte del Ejército, ya que sus declaraciones autoinculpatorias, arrancadas en centros de detención ilegal, fueron firmadas por el entonces teniente coronel Mario Arturo Acosta Chaparro.
En 1972, Hernández y su compañera Alejandra Cárdenas llegaron a Chilpancingo a trabajar en la Universidad Autónoma de Guerrero. Eran entonces militantes del Partido Comunista, pero en 1974 renunciaron y se unieron al Partido de los Pobres, que dirigía Lucio Cabañas, como responsables de la relación política con las organizaciones de masas guerrerenses que en esos años apoyaban la lucha armada.
En 1974, a raíz del secuestro de Figueroa, quien posteriormente gobernaría Guerrero con mano de hierro, actuó como enlace entre la brigada de Cabañas y los contactos que negociaban la liberación del político. Ya libre Figueroa, Hernández ayudó a varios milicianos del PDLP a encontrar lugares seguros e incluso recibió en resguardo un millón de pesos del rescate, que entregó a otros dirigentes de la organización.
El 22 de enero de 1975 fue arrestado en un retén militar cerca de Acapulco. En los expedientes más conocidos sobre esa época constan sus descripciones sobre la tortura que sufrió en la base militar de Icacos y en las instalaciones del antiguo hotel Papagayo, cárcel clandestina que utilizaba el Ejército. Gracias a las movilizaciones populares que se hicieron por su desaparición, y por la intervención de Amnistía Internacional, fue presentado ante un agente del Ministerio Público y liberado.
En 1978 fue detenido nuevamente en la casa de su madre, en el DF, por la Brigada Blanca, que dependía de la Dirección Federal de Seguridad. Quirós y Acosta habían sido comisionados del Ejército como parte de un agrupamiento especial de la Brigada Blanca. Alejandra Cárdenas fue detenida en el mismo operativo. Fueron trasladados de ida y vuelta en dos ocasiones del DF a otra cárcel clandestina en Guerrero, que han logrado identificar como el antiguo taller de la entonces Secretaría de Obras Públicas, en Acapulco. En esa cárcel vieron en una sección a una treintena de detenidos con los ojos vendados y amarrados de pies y manos. En otra sección, conocida como El metro, integrada por seis celdas, fueron recluidos. Había una tercera área dedicada a las sesiones de tortura. Consta en sus testimonios que durante los 15 días que estuvieron recluidos ahí vieron vivos a Fredy Radilla, Jaime López Sollano, Luis Armando Cabañas Dimas, María Concepción Jiménez Rendón y a un hombre mayor al que le decían El Tío Peñaloza. También supieron que ahí se encontraba Carlos Díaz Frías.
Bajo amenazas de muerte pronunciadas por Acosta, ambos firmaron declaraciones que redactó la Policía Judicial. Las torturas son un compendio de lo que se hacía en esos centros de detención. El 23 de diciembre fue liberado al amparo de la ley de amnistía. Este relato consta en su demanda ante la PGR y la ampliación correspondiente ante la fiscalía especial, presentada el 17 de julio de este año.
BLANCHE PETRICH
