Góngora señala efectos de la astringencia financiera

La Corte espera que el Legislativo atienda su pedido de más fondos

JESUS ARANDA

Después de la decisión del Ejecutivo de rechazar la petición del Poder Judicial Federal (PJF) de establecer un presupuesto fijo a la Judicatura, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Genaro Góngora Pimentel, espera que en el Congreso los partidos políticos apoyen su petición de incrementar en casi 40 por ciento -con relación al ejercicio 2002- para el próximo año la partida presupuestal para este poder.

El Poder Judicial Federal solicitará para el año próximo 22 mil 906 millones 745 mil 945 pesos, es decir, 7 mil 543 millones 135 pesos más que los 15 mil 363 millones 610 mil 906 pesos que recibió este año. Para este año la Judicatura había pedido infructuosamente casi 20 mil millones de pesos.

De acuerdo con fuentes consultadas, la falta de recursos que ha sufrido el Poder Judicial Federal en los últimos años -al no aprobarse en el Congreso el monto solicitado-, se tradujo en que hay un déficit actual de 45 órganos jurisdiccionales, entre juzgados de distrito, tribunales colegiados y unitarios a nivel nacional.

De obtenerse la cantidad solicitada -que se integra al presupuesto que envía el presidente Vicente Fox a la Cámara de Diputados-, la Judicatura estaría en condiciones de instalar los órganos jurisdiccionales requeridos para hacer frente a la creciente demanda.

Para dar una idea de la situación que priva a nivel nacional en cuanto a la falta de juzgados y tribunales, información del Consejo de la Judicatura Federal señala que durante el presente año no se instaló ningún juzgado o tribunal, fuera de los pocos que se habían previsto en el 2001.

Esta situación, indicaron, se agrava por el hecho de que según modificaciones recientes a la ley, el Instituto de Defensoría Pública Federal está obligado a instalar en cada agencia del Ministerio Público Federal al menos un defensor público, y en los últimos meses ha habido un incremento de estas agencias, lo que afectó aún más los escasos recursos asignados a la Judicatura. Actualmente hay 511 defensores públicos federales y 114 asesores jurídicos a nivel nacional.

Así las cosas, se indicó, además de la necesidad urgente de crear más juzgados y tribunales, la Judicatura tiene el reto de ampliar la cobertura de la defensoría pública, para lo cual se requiere de mayores recursos.

Según las fuentes consultadas, la posición del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de no aceptar un presupuesto fijo para el PJF y cabildear ante los diputados un recorte para este poder, cuenta con el total apoyo de la bancada del Partido Acción Nacional.

Hasta la fecha, el PRI se ha manifestado abiertamente por apoyar la petición planteada en su momento por la presidencia de la Corte, mientras el PRD ha hecho pronunciamientos en el mismo sentido, aunque falta ver en el transcurso de las negociaciones presupuestales hasta qué punto se concretará el apoyo requerido por parte de estos dos partidos, se indicó.

En respuesta al señalamiento hecho en su momento por representantes de la bancada panista, en el sentido de que se asignarán mayores recursos a las secretarías de Estado que demuestren mayor productividad, los funcionarios consultados señalaron que el Poder Judicial Federal no ve el problema con esta óptica, sino por el lado de que la estabilidad y viabilidad de un país democrático depende de la confianza en un sistema de justicia independiente.

Precisamente para garantizar esta independencia se necesitará un presupuesto fijo y los recursos suficientes para la creación de órganos jurisdiccionales.

De acuerdo con la petición de presupuesto para el próximo año, el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración y vigilancia de los juzgados y tribunales federales, requiere de 19 mil 252 millones 291 mil 514 pesos; la Corte, a su vez, de 2 mil 362 millones 233 mil 731 pesos ,y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mil 274 millones 220 mil 700 pesos.

Los funcionarios judiciales recordaron que el próximo año habrá elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, por lo cual los recursos solicitados por el tribunal electoral son para actuar a la altura de las necesidades que genere ese proceso.