Jenaro Villamil

A un mes del decretazo de radio y televisión

La instalación de un consejo nacional sin legitimidad

UNAM-Presupuesto, el silencio televisivo

CORRIA LA MADRUGADA para amanecer el 10 de octubre. Después de una larga jornada de tensiones en la suite Marco Polo del Hotel María Isabel Sheraton, el todavía presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Bernardo Gómez, lanzó su ultimátum telefónico al subsecretario de Gobernación, José Luis Durán Reveles, para que se aprobara "sin objeciones" el nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión que clausuraba la posibilidad de transparencia y democratización en los medios masivos mexicanos. Y como nuevo caramelo también se modificaba el decreto de diciembre de 1968 que creó el 12.5 por ciento de tiempo fiscal. Un concesionario le preguntó a Bernardo Gómez si estaría a tiempo la edición del Diario Oficial de la Federación que legalizaba el "acuerdo". Claro, respondió el aún vicepresidente de Televisa, "ya pusimos a operar al Presidente". La alusión al primer mandatario era clara, Vicente Fox, a partir de entonces, era un soldado de los concesionarios. Así nació el decretazo que este domingo cumple un mes de haber entrado en vigor.

NO SOLO SE atropellaron las formas, sino las mínimas reglas que el propio gobierno tiene para tomar decisiones de Estado. El mismo 9 de octubre, a las 17:35 horas, Carlos Arce Macías, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), recibió el oficio OM/455/ 02, firmado por Francisco Suárez Warden, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, en el cual se pone a consideración el anteproyecto de reglamento. De acuerdo con los oficios publicados en la edición de noviembre de la revista Etcétera, la Secretaría de Gobernación solicita que no se cumpla con el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Este ordenamiento establece que la Cofemer debe emitir una manifestación de impacto regulatorio con cuando menos "treinta días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del titular del Ejecutivo federal". La Cofemer respondió a la solicitud exprés, pero también estableció que debe ser la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal la que determine el impacto regulatorio del decretazo. Hasta el momento, se desconoce si este órgano, encabezado por Juan de Dios Castro, emitió algún estudio en este sentido.

NO SE TRATO de realizar un estudio jurídico -como sí se hizo con las iniciativas que dieron lugar a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública- sino de cumplir con las formas para que la CIRT estuviera contenta. Ni siquiera la producción de un programa televisivo se decide con la celeridad y las presiones que forzaron a aprobar el nuevo reglamento y a desaparecer el 12.5 por ciento de los tiempos fiscales que no son propiedad del Presidente de la República sino de la nación.

TRISTE PAPEL EL que, desde entonces, ha tenido que desempeñar el secretario de Gobernación, Santiago Creel, para justificar los logros del decretazo. La dependencia del otrora impulsor de la transición democrática publicó un desplegado en los medios impresos para explicar los alcances del reglamento y del decreto. La mayoría de los más de 200 especialistas, legisladores, analistas y periodistas que escribieron desde entonces consideraron esta "explicación" como incompleta, en el mejor de los casos. No sólo eso. La Secretaría de Gobernación transformó sus argumentos en explicaciones similares a las de Ibope (instituto privado que mide el rating televisivo) para convencer a la opinión pública de que, gracias al nuevo decreto, el gobierno obtendrá mayores niveles de audiencia en sus mensajes. ¿Desde cuándo el rating es un criterio de Estado para justificar la desaparición de un impuesto especial sobre el usufructo de un bien nacional?

OTRO DE LOS grandes "logros" que pretendieron venderse como un avance fue la incorporación del derecho de réplica en los medios electrónicos. De esta forma, se buscaba neutralizar a las voces críticas, sobre todo, al senador panista Javier Corral y a la diputada del mismo partido, María Teresa Gómez Mont, así como a las organizaciones civiles que participaron durante año y medio en las negociaciones de Bucareli para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión.

EL TIRO LES salió por la culata. Las voces críticas se sintieron más ofendidas porque el susodicho derecho no llega ni siquiera a ser un mecanismo eficaz para garantizar la rectificación de la información en medios electrónicos. Especialistas como Raúl Trejo Delabre consideraron a ésta como una de las "15 mentiras" más burdas del gobierno y de la CIRT. El pragmatismo y el desconocimiento de algunos poíticos les hizo apoyar en forma acelerada el enunciado de un derecho que no se aplica como tal.

OTRAS VOCES ABUNDARON en los criterios de clasificación de los contenidos de la programación que están en el nuevo reglamento, un ángulo poco explorado hasta el momento. El escritor Carlos Monsiváis subrayó en un extenso artículo en Proceso: "el otro nombre de la Patria es rating. ¿De cuándo acá la unidad nacional se afianza con la programación? ¿Qué idea tiene el Presidente de las relaciones entre unidad nacional y contenidos programáticos de la televisión? Conste que el decreto no menciona las líneas educativas de su gobierno, ni del sentido de la radio y la televisión en esta época, sino, estrictamente, 'los lineamientos y criterios de clasificación de los contenidos' que afinará la participación ciudadana en un consejo".

MONSIVAIS SUBRAYA, al final de su artículo del 20 de octubre, que el Consejo Nacional de Radio y Televisión planteado en el decreto "orientará nada menos que la política pública del Ejecutivo federal, con lo que se convierte en Secretaría de Estado, por lo menos".

EL PASADO JUEVES 7 de noviembre, Santiago Creel instaló el susodicho consejo, con una integración que favorece los intereses de los dos grandes consorcios que controlan 80 por ciento de las concesiones de televisión abierta (Televisa y TV Azteca) y de los nueve grupos que tienen bajo su dominio más de 60 por ciento del espectro radiofónico del país. Y estos son datos de la propia CIRT. Creel insistió en que este consejo fungirá como un instrumento de orientación, mas "nunca de imposición", según el reporte de Hechos. Ese mismo día, las organizaciones ciudadanas tuvieron el tino de plantar una calaca posadiana con el lema "Juan Ciudadano, convidado de piedra", como símbolo de la marginación de los sectores civiles en el órgano de la industria de la radio y la televisión (La Jornada, 8 noviembre de 2002, p. 16). El reporte de Canal 11 de ese día fue el único de los noticiarios televisivos que le dio voz a María Esther Rosas, quien señaló que "este proceso está desacreditado, no es reconocido por los grupos de participación ciudadana que están apostando al Congreso, que es la instancia legítima para que tome este asunto, legisle y ofrezca una reforma integral y auténtica".

A LA FALTA DE legitimidad del nuevo consejo, se suma una información que se convirtió en una bomba para los partidos políticos, en especial para el PRD y el PAN. La revista Etcétera demostró, con datos entregados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE), que Televisa cobró en la contienda presidencial de 2000, 10 veces más al PRD y cuatro veces más al PAN, por spot, en comparación con el PRI. La competencia, TV Azteca, también le cobró casi cinco veces más al PRD y casi 80 por ciento más al PAN. En otras palabras, el PRI fue el partido más favorecido en aquella contienda, a pesar del postulado de equidad democrática que existe para los mensajes patrocinados con recursos públicos. Por si fuera poco, el mayor número de sanciones que recibieron ambas televisoras durante 2001 fue por incumplimiento en la programación de los segmentos del IFE. ¿Ese es el compromiso con la democracia? La información generó una extensa polémica en el programa Primer plano de Canal 11.

LO PEOR ES que bajo las nuevas reglas del decretazo, para 2003, los concesionarios vuelven a tener la sartén por el mango y los partidos, para difundirse en medios electrónicos, tendrán que pagar tarifas inequitativas, sin posibilidad real de plantear un contrapeso frente al poder del duopolio televisivo.

UNAM-Presupuesto, la invisibilidad

OTRA DEMOSTRACION DE la falta de pluralidad en la industria televisiva fue el silencio que prácticamente rodeó a la propuesta de reforma hacendaria y de presupuesto equitativo que capitaneó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, con el concurso de todos los partidos políticos, demostrándole a Francisco Gil Díaz y al propio presidente Fox que el asunto presupuestal no es de aritmética sino de consensos democráticos y de voluntad política.

MIENTRAS QUE LA mayoría de los medios impresos destacaron el lunes 4 de noviembre como su nota principal esta propuesta de la UNAM, los noticiarios televisivos la hicieron a un lado. ¿Para qué difundir un proyecto alterno si los dimes y diretes de la Conago tienen mayor rating?

LA MAXIMA CASA de estudios, objeto de vez en vez de campañas de desacreditación televisiva, no provocó el interés que sí generaron durante toda la semana los reportes sensacionalistas sobre el índice de secuestros, sobre cámaras escondidas que detectaban a robacoches en la ciudad de México y sobre el "servicio social" de la televisión para documentar abusos infantiles.

EN GIRA POR Guerrero, el presidente Vicente Fox no pudo aguantar la tentación de emprenderla contra las versiones de los medios que no son de su agrado. A una mujer que le pidió que ya no hubiera recortes en gasto social, el primer mandatario respondió que son "puros rollos" de los medios y le pidió que no les hiciera mucho caso.