Insisten campesinos en urgencia de renegociar apartado agrícola en el TLC

Sólo declaraciones, la propuesta de blindaje al agro: CAP

ROBERTO GARDUÑO

El Congreso Agrario Permanente (CAP) sostiene que las propuestas concretas para iniciar el blindaje agroalimentario por parte de las autoridades no han sido materializadas y se ha creado un ambiente de incertidumbre para los productores nacionales, porque no se percibe un sentido de urgencia en el gobierno, el cual se ha limitado a realizar declaraciones publicitarias.

Las 12 organizaciones que integran el CAP consideran también que no existe garantía de que se contará con un respaldo de inversiones adicionales durante 2003, ni en un horizonte de mediano plazo. No obstante, advierte que la legislación agrícola de Estados Unidos profundiza las asimetrías entre el campo de aquel país y el nacional.

La ley conocida como Farm Bill 2002 contempla un aumento presupuestal de 70 por ciento a los recursos destinados a las actividades agropecuarias estadunidenses.

"Nuestros productores cuestionan profundamente la disposición del Ejecutivo federal a realizar cambios de fondo que sienten las bases para rescatar al sector primario de la crisis en que se encuentra, atendiendo las demandas de poco más de 4 millones de campesinos y de 25 por ciento de la población de este país, misma que vive y depende de la suerte de la agricultura, la ganadería y la actividad forestal.

Esa coyuntura, resalta el CAP, también implica un blindaje político, porque se presenta el factor de la ingobernabilidad, producto de la complicada situación que viven los campesinos mexicanos.

El viraje en la política de atención al agro implica replantear la visión que se tiene de la sociedad rural y del sector primario, claves en el desarrollo de México, señala el organismo.

Las implicaciones que tendrá la apertura agrícola con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advierten los campesinos, será la siguiente: los subsidios que se entregarán en Estados Unidos tendrán como base el comportamiento de los precios y el volumen producido, incurriendo en prácticas desleales, y además se beneficiarán con los salarios bajos que pagan a la mano de obra latina migrante, lo que incentivará la sobreproducción y hará que se prolongue la tendencia de precios bajos, afectando directamente a los productores mexicanos, lo que estimulará la volatilidad de los mercados.

El CAP propone al gobierno que atienda la demanda generalizada de la población rural, y "reconsidere la estrategia de apertura comercial, planteándose como prioridad para el país la renegociación del TLCAN en el capítulo agropecuario y mostrando en los hechos la voluntad democrática de cambio".

De no impulsarse ese eje conductor en el agro mexicano se agudizarían los siguientes problemas: quiebra de empresas agrícolas y agroindustriales, descapitalización persistente de productores, reducción de apoyos fiscales para el campo, bajos incentivos a inversiones privadas, profundización de la dependencia alimentaria, falta de oportunidades para el cambio estructural en la base productiva nacional, creciente deterioro de los recursos naturales y aumento "impresionante" de la pobreza y pobreza extrema.

En el documento se expone que si bien la apertura facilitó el incremento de los flujos comerciales con el exterior, a un ritmo de 8.4 por ciento como tasa media anual entre 1993 y 2001, ha persistido el déficit de la balanza del comercio exterior alimentario: en 2001, incluyendo manufactura de alimentos, la balanza comercial negativa ha sido por un monto cercano a 3 mil millones de dólares, al mismo tiempo que los precios pagados a las exportaciones se redujeron 16 por ciento.

La propuesta para diseñar el blindaje agroalimentario, consensuada por las 12 organizaciones del CAP, gira en los siguientes ejes:

Establecer mecanismos que garanticen una protección comercial efectiva de los sectores agropecuario y forestal, de la competencia del mercado internacional, principalmente estadunidense. Por tanto, es necesario un proceso de negociación política para que el Congreso de la Unión alcance un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que inicie un proceso de renegociación del TLCAN.

Que el Congreso declare "causa de orden público" el apoyo a los sectores agropecuario, pesquero y forestal, de manera que el Poder Ejecutivo no tenga la discrecionalidad de realizar recortes presupuestales al campo, considerando el actual proceso de emergencia.

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión aumenten el techo presupuestal dirigido al desarrollo rural y al fomento agropecuario, equivalente a un punto porcentual adicional al de 2002, durante 10 años, y permita de esa forma apoyar medidas estratégicas que ya impulsa el gobierno.