Descalifica el trabajo de la fiscalía: Ibarra de Piedra

Critican ex líderes estudiantiles "interferencia política" de Fox

CLAUDIA HERRERA BELTRAN Y GUSTAVO CASTILLO

El presidente Vicente Fox descalifica las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y demuestra que está "mal informado" al afirmar que será difícil castigar a los responsables de la matanza de Tlatelolco y de la guerra sucia, porque hay delitos que ya prescribieron, afirmó la directora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra.

En tanto, ex miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH) de 1968 aseguraron que "es grave la interferencia política del Presidente de la República en un asunto que debe desarrollarse con absoluta libertad e independencia y con estricto apego a la ley".

Raúl Alvarez Garín, ex miembro del CNH, afirmó que Vicente Fox hizo "declaraciones imprudentes e inadecuadas, porque revelan el desconocimiento que tiene de la situación", ya que primero debe realizarse la indagatoria, precisar los delitos y después analizar si éstos ya prescribieron o no".

Ibarra de Piedra señaló que con estas aseveraciones el Presidente demuestra que está "mal informado" sobre el tema, porque el genocidio y la desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, de acuerdo con los tratados internacionales que ha firmado México.

Manifestó que las declaraciones que hizo Fox a la agencia española Efe demuestran que la fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto se ha convertido en un "montaje escénico", porque finalmente los responsables de estos crímenes no serán castigados, y consideró paradójico que, por un lado, se incrementen las penas para los secuestradores y, por otro, que el mandatario diga que quedarán impunes delitos como la desaparición forzada, que fueron cometidos por agentes del Estado mexicano en los años 60 y 70.

Ibarra de Piedra explicó que el delito de desaparición forzada no prescribe mientras no se sepa qué ocurrió con la víctima, y en el caso de la matanza del 2 de octubre, dijo que se puede considerar genocidio porque fueron asesinados cientos de jóvenes.

Por su parte, Félix Hernández Gamundi, del Comité del 68, calificó de desafortunada la declaración del Presidente y dijo que debe abstenerse de hablar sobre el tema y respetar la división de poderes.

Alvarez Garín agregó que "adelantar juicios es incorrecto, porque puede interpretarse como una indicación del Presidente a los funcionarios que llevan a cabo la investigación y también para los jueces que pudieran conocer de los asuntos".

Consideró que se trata de una "intromisión de Presidencia en un trabajo que debe ser independiente de cuestiones políticas o de juicios personales, como es el trabajo de un Ministerio Público".

En un comunicado, ex miembros del CNH -Ignacia Rodríguez, Javier Ramos, Félix Hernández Gamundi y Salvador Martínez della Rocca, entre otros- señalan que en el caso del movimiento estudiantil de 1968 y la masacre del 2 de octubre, "la investigación que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado es producto de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que explícitamente determinó investigar los hechos, precisar los delitos cometidos y después resolver si se ha dado o no la prescripción de los mismos. La investigación está en curso y aún no ha concluido".

Por esta razón, agregan, las declaraciones de Vicente Fox, quien da por hecho la prescripción de los ilícitos, sólo se explican por su desconocimiento o por un interés político para predeterminar los resultados de la investigación o el tratamiento que los jueces pudieran dar a las posibles consignaciones. En cualquiera de las dos hipótesis, es grave la interferencia política del Presidente en un asunto que debe desarrollarse con absoluta libertad y con estricto apego a la ley.

Entre los pocos elementos con los que se puede reconstruir la credibilidad del sistema judicial del país, está la posibilidad de llevar a término los juicios penales contra los responsables de genocidio y la guerra sucia de los años 70. La cancelación de esa posibilidad, por la intromisión política de la Presidencia, sería "una grave responsabilidad histórica", precisa el documento.