Los incidentes, que dejaron un muerto, afectan el diálogo oficial con la oposición: Gaviria
Dispersa la Policía Metropolitana a partidarios de Chávez y huelguistas
Protesta el gobierno venezolano por el pacto suscrito entre disidentes y militares golpistas
AFP, DPA, PL Y REUTERS
Caracas, 12 de noviembre. La Policía Metropolitana dispersó hoy violentamente una protesta de agentes del mismo cuerpo y que eran apoyados por simpatizantes del presidente Hugo Chávez, con saldo de al menos un muerto y 20 heridos, en incidentes suscitados frente a la sede del alcalde opositor metropolitano, Alfredo Peña.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, condenó estos incidentes al advertir que afectan a la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición, cuya tercera jornada concluyó este día con la demanda gubernamental para que sus adversarios retiren la amenaza de huelga general.
A su vez, el gobierno del presidente Hugo Chávez, en cartas enviadas a la OEA, Naciones Unidas y el Centro Carter, protestó contra el pacto suscrito la víspera entre la oposición civil y los 14 generales y almirantes involucrados en el golpe de Estado del 11 de abril, que se mantienen en rebeldía en una plaza pública.
Los uniformados de la Policía Metropolitana dispersaron a unos 30 de sus compañeros en huelga desde hace casi 20 días, así como a simpatizantes del gobierno que los acompañaban, quienes se concentraban en la Plaza Bolívar y bloqueaban el acceso a la sede policial y la alcaldía.
Los policías lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma, obedeciendo dos órdenes judiciales interpuestas por el alcalde Peña; la víctima fue identificada como Edwin Flores, de 23 años, quien fue ingresado de emergencia a un hospital ya sin signos vitales.
El enfrentamiento, en el que intervino de última hora la Guardia Nacional en apoyo de la policía, ocurrió antes de que comenzara la tercera reunión entre oposición y gobierno. Al cierre de esta edición un batallón de la Guardia Nacional manetnía ocupado el centro de Caracas.
En ese contexto, el alcalde opositor y diputados oficialistas intercambiaron acusaciones sobre la muerte del joven y los heridos.
El alcalde Peña hizo recaer toda la responsabilidad de lo sucedido en el presidente Chávez, al afirmar que estaba detrás del conflicto de su alcaldía con los policías en huelga y que la presencia de sus simpatizantes de los círculos bolivarianos así lo demuestra por tratarse de "vándalos protegidos" por el gobierno.
La diputada oficialista del Movimiento V República, Cilia Flores, acusó a Peña de "reprimir al pueblo" y de "asesinar" a manifestantes. Por ello, dijo, "vamos a pedir la revocatoria del mandato de Peña, quien ha actuado como fascista contra el pueblo y no dialoga con los policías en conflicto".
A su vez, Gaviria expresó que lamentaba pero también condenaba enérgicamente los hechos de violencia. Además pidió a las autoridades actúen con eficacia, investiguen los incidentes y sancionen a los culpables para impedir la impunidad, y llamó a las partes a "serenar los ánimos".
El gobierno de Chávez denunció ante la ONU, la OEA y el Centro Carter el pacto cívico-militar como "el suscrito entre la Coordinadora Democrática y los principales responsables militares del golpe de Estado del 11 de abril que tan trágicas y perturbadoras consecuencias ha causado al país".
Denunció la incoherencia de que por un lado esos sectores opositores civiles participen en un diálogo con el gobierno en el marco constitucional, bajo la égida "facilitadora" del secretario general de la OEA, y por otro que asuman una conducta contraria a ese mismo orden institucional y de la Carta Democrática Interamericana.
El documento opositor, en el que se habla de una "reconstrucción nacional" y se da por hecho que existe una grave crisis política, económica e institucional en Venezuela, fue firmado entre los 14 militares disidentes y la Coordinadora Democrática, que incluye a los partidos opositores, Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que luchan por la caída del gobierno.