Fustiga las declaraciones de Fox sobre la prescripción de los delitos de la guerra sucia

Demanda el PRD que Carrillo informe sobre los avances de sus pesquisas

ANDREA BECERRIL

El PRD rechazó ayer en la tribuna del Senado las declaraciones que el presidente Vicente Fox formuló en Europa sobre la prescripción de penas a los responsables de la guerra sucia de y la matanza estudiantil de 1968, y demandó que la Fiscalía Especial para Desaparecidos informe de los avances de sus investigaciones. Durante la sesión, exigieron asimismo que se legisle ya en torno a la ratificación de la Corte Penal Internacional, toda vez que es un asunto congelado desde el año pasado.

La senadora perredista Leticia Burgos advirtió que durante su campaña electoral Fox ofreció atender el reclamo popular en torno al esclarecimiento de los desaparecidos durante lo que se conoce como guerra sucia, ocurrida en los setenta, y otros movimientos sociales, pero a más de dos años de su arribo a la Presidencia de la República sus acciones en ese campo de los derechos humanos han sido insuficientes.

La legisladora deploró lo declarado por el presidente Fox en su gira por Europa, en el sentido de que sería difícil castigar a los responsables de la matanza del 68 y de otras desapariciones forzadas porque muchos de esos delitos ya prescribieron.

Hizo notar que afortunadamente ''ya muchas voces, y particularmente la del titular de la Suprema Corte de Justicia, pusieron en su lugar al Ejecutivo y de manera muy mesurada lo colocaron en el lugar que le corresponde". Pidió luego que el Senado exhorte al responsable de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, para que haga llegar a esa cámara un informe de los avances que lleva en las investigaciones, toda vez que hay un retraso hasta ahora en su actuación, y eso es preocupante.

Por otra parte, durante la sesión el también senador del PRD Rutilio Escandón pidió a la mesa directiva que se haga un nuevo llamado a las comisiones que tienen bajo su estudio a ratificación del Estatuto de Roma, por el que se establece la Corte Penal Internacional, toda vez que ha habido indiferencia en torno a la discusión de ese instrumento internacional, que ha adoptado ya una buena parte de los países que están dispuestos al respeto de los derechos humanos.

Su llamado fue tomado en cuenta y se instruyó a las comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Justicia y de Derechos Humanos a que emitan el dictamen respectivo, aunque no se fijó fecha para ello, como proponía el perredista. En realidad es la oposición del PRI la que ha impedido que avancen los trabajos legislativos en esa materia.