Da la PGR manos libres a paramilitares

Cuestiona el abogado De los Santos la desaparición de la unidad especializada

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 16 de noviembre. "Hay una decisión federal de no ofrecer justicia a las víctimas, no desarticular los grupos paramilitares que existen y no hacer nada para detener sus acciones violentas", declara Miguel Angel de los Santos, abogado de presos pro zapatistas, ante la desaparición del organismo especial de la Procuraduría General de la República (PGR) creado para investigar a esos grupos a raíz de la matanza de Acteal, en diciembre de 1997. Su gestión de casi cinco años "fue un completo fracaso".

Al recordar que persisten los desplazados y los despojos, y por otro lado la militarización, De los Santos, miembro de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, afirma: "Es una falta de respeto que el presidente Vicente Fox hable de paz en Chiapas en estas condiciones".

Hablar de paz cuando no se ha hecho lo suficiente para responder a las demandas indígenas, ni para aplicar la justicia ni retirar al Ejército Mexicano de las comunidades, resulta más bien una broma de mal gusto, expone.

El pasado día 13, el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, anunció la desaparición de la Unidad para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Armados, creada por su antecesor, Jorge Madrazo Cuéllar. El organismo, que durante un lustro abrió entre 30 y 40 averiguaciones previas contra todos los grupos civiles armados (paramilitares y "particulares"), cuya existencia se denunció en Chiapas, se convierte ahora en subdelegación del Ministerio Público con sede en San Cristóbal de las Casas sin haber obtenido resultados.

"Lo lógico, si no funcionaba, era fortalecer la unidad especializada, no desaparecerla", agrega el defensor De los Santos. "Persiste la necesidad de combatir las bandas armadas y hacer justicia contra todos los crímenes que han cometido. Ahora el compromiso federal disminuye y se envía a los paramilitares un mensaje inequívoco: ya desapareció la unidad que les pisaba los talones, ahora tienen mayor libertad para actuar y quedan impunes sus delitos anteriores".

Del acuerdo A/07/02, publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación, se desprende que la instancia no sólo desciende de nivel, sino que mezcla sus funciones con la persecución a asaltantes, narcotraficantes e ilegales, al quedar a cargo de la subprocuraduría C de Procedimientos Penales de la PGR, cuyo titular es Jorge José Campos Murillo.

"ƑCómo que la unidad (hasta ahora encabezada por Armando Narváez) desaparece sin más?", pregunta De los Santos. "Debe entregar resultados de todo lo que haya investigado estos años. El gobierno está expresando falta de voluntad para combatir y desarticular los grupos armados, y para hacer justicia a sus miles de víctimas".

Ni siquiera en el caso de Acteal se puede decir que ya hicieron justicia, considera el defensor, "pues no se ha detenido a los mandos paramilitares, ni a los oficiales y funcionarios con responsabilidad, ni a todos los autores materiales de Acteal y la violencia que antecedió la masacre. No es aceptable la tesis de que fueron acciones a título individual".

La acción más notoria de la unidad especializada ocurrió en el año 2000, cuando efectuó un operativo en la colonia Los Chorros, guarida de los paramilitares de Chenalhó. Fue un desastre, pues además de encontrar una sola arma, se generó una situación de violencia para la cual el personal de la PGR no estaba preparado. En pocas palabras, los paramilitares resistieron la acción judicial.

Otro fracaso a finales del zedillismo en la persecución de las bandas civiles armadas fue la aprehensión de Samuel Sánchez Sánchez, el dirigente de Paz y Justicia en su expresión más violenta, culpable de numerosos crímenes en la zona norte (Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá y Palenque). Meses después, cuando ya habían cambiado los gobiernos federal y estatal, los detenidos fueron liberados por falta de pruebas. El secretario de Gobierno del salazarismo, Emilio Zebadúa, declaró entonces que se habían visto "obligados" a liberar al profesor Sánchez, pues lamentablemente la PGR no ayudó para reunir evidencias incriminatorias.

Ahora, mientras el gobierno federal "se desentiende del pasado", los grupos armados, vinculados directamente o no con las fuerzas armadas, están en concierto con la línea de "tranquilidad" del discurso de Fox. No obstante, agrega Miguel Angel de los Santos, "a nivel comunitario siguen las presiones y amenazas. De momento no llevan a cabo acciones directas pero mantienen control violento de territorios, amenazan a los indígenas en resistencia y ya nadie los investiga".

"Lo único congruente con la declaración presidencial en Dublín sería retirar el Ejército de las comunidades y reducir el número de posiciones militares", concluye el defensor.

Por otro lado, diversas fuentes directas han coincidido en afirmar a La Jornada que la guarnición militar de Taniperla se ha incrementado de manera importante, en principio con tropas anteriormente acampadas en Calvario. Todo esto, en la cañada del río Perla, donde fue "desmantelada" la cabecera del municipio autónomo Ricardo Flores Magón en 1998. El hecho podría reducirse a un mero "reacomodo" de personal castrense, si no fuera porque Taniperla se ha convertido desde entonces en "base" de operaciones de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opdic), involucrada este año en diversas agresiones de corte paramilitar contra comunidades zapatistas.

Taniperla es el lugar de origen del diputado local Pedro Chulín, promotor y cabecilla del presunto grupo armado, que al menos en Quexil y La Culebra ya dejó campesinos heridos, durante ataques bien organizados... desde Taniperla. Ahora, coincidiendo con la desaparición de la unidad especializada de la PGR, se "refuerza" la posición militar en un lugar donde están demostradas dos cosas: que allí opera un grupo contrainsurgente, y que sus miembros muestran afinidad con las tropas y mandos de dicha base de operaciones y la de Monte Líbano, así como con la policía y las autoridades municipales priístas de Ocosingo.