En el contexto de la Cumbre Iberoamericana, el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf, pintó un panorama lúgubre de América Latina. En 1996, la FAO pensaba que era posible reducir a la mitad el número de hambrientos desde esa fecha hasta 2015. Ahora ha postergado ese objetivo 35 años más y comprueba que existen en nuestro continente 211 millones de pobres, o sea, 11 millones más que en 1990, y de ellos 89 millones viven en extrema pobreza. El caso de la población rural es aún más dramático, ya que de los 211 millones de pobres, 77 millones viven en el campo (es decir, 64 por ciento de la población rural) y 54 millones son indigentes.

Según Diouf, para reducir el hambre y la pobreza no basta con aumentar la producción agrícola, sino que hay que dar acceso a ingresos y alimentos a la mayoría de la población; además, los países exportadores de alimentos deben poder disponer de mercados sin trabas.

Confirmando la visión de Diouf está el caso de Argentina, país exportador neto de alimentos que tropieza con el proteccionismo estadunidense y europeo y con el sistema de subsidios agrícolas de esos dos bloques que le cierran los mercados. Podría alimentar a cientos de millones de personas, pero hoy mueren diariamente de desnutrición 23 niños, se cierran hospitales y un cuarto de la población infantil está desnutrida como resultado de la aplicación a rajatabla de la política que sostienen los gobernantes reunidos en Playa Bávaro.

También en México los indígenas, los más pobres de la población rural, enfrentan la desnutrición y deben recurrir cada vez más sólo a la medicina tradicional, que no puede ser el único recurso disponible porque se le ha reducido el derecho constitucional a un servicio sanitario. Las migraciones desde el campo hacia la ciudad (o al extranjero) asumen además una magnitud bíblica y zonas rurales enteras quedan despobladas mientras sus habitantes se amontonan en terribles condiciones de marginalidad en los barrios pobres de las ciudades. El propio Banco Mundial, ardiente promotor de la política neoliberal que provoca dichas migraciones y la pobreza, insiste en que en México no existen programas oficiales ni para estudiar este fenómeno migratorio ni para promover el desarrollo de los estados y zonas expulsoras de indígenas, ni para resolver el problema de sus asentamientos en condiciones dignas en las grandes ciudades, donde esos indígenas afluyen debido particularmente a los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre los precios del maíz y de otros granos, y al derrumbe del precio del café y del ganado. Y este problema se agravará el año próximo con el ingreso sin restricción alguna de productos estadunidenses subsidiados.

Es evidente, entonces, según palabras de dos organizaciones, la FAO y el Banco Mundial, que no se puede hablar de desarrollo sostenible en un régimen socialmente insostenible, basado sólo en el lucro de las trasnacionales y el poder en el campo de caciques, terratenientes y narcotraficantes. O se marcha hacia la generalización del hambre y de la miseria --una nueva Biafra, como dicen los argentinos-- impuesta por los organismos internacionales del capital financiero y defendida mediante la represión, o se va, por el contrario, hacia la ruptura --pacífica o violenta-- con las actuales políticas. No podemos callar ni callaremos frente a una tragedia humana sin precedente provocada por una política inhumana que constituye, ella sí, el verdadero terrorismo que debemos combatir.