ASTILLERO

Julio Hernández López

Los nuevos mártires políticos

Senadores priístas se dicen perseguidos

Líderes campesinos del tricolor, listos para fortalecerse

Fox, Creel y sus llamadas a misa

ES UNA LASTIMA que el gobierno federal esté naufragando escandalosamente en su pretensión de hacer justicia en terrenos políticamente explosivos como el Pemexgate. Falto de capacidad técnica para documentar judicialmente las pillerías cometidas en ese episodio de tráfico de recursos oficiales hacia las arcas priístas de campaña, el foxismo ha desgastado la fuerza de sus acusaciones al hacer uso electorero de esos expedientes, primero en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el contralor Francisco Barrio Terrazas usó hace más de un año la figura de la pesca de "peces gordos" para alentar euforias antipriístas que dieran el triunfo a su pandilla panista en aquella ciudad fronteriza estragégica; luego, el propio Presidente de la República, al negociar en la torre de Pemex impunidades posdatadas para la camarilla de Carlos Romero Deschamps a cambio de conjurar el amago de una huelga petrolera.

EL TORPE CAMINAR jurídico del gobierno foxista en el caso Pemexgate está produciendo nuevas consecuencias aberrantes: citados que han sido a declarar en calidad de indiciados cuatro senadores priístas, éstos han aprovechado el viaje para montarse de inmediato ropajes de martirologio político. Manuel Bartlett, por ejemplo, se considera un perseguido político a causa de su defensa de los energéticos nacionales frente a los apetitos privatizadores del foxismo. Todo el historial autoritario y oscuro de quien fue secretario de Gobernación y gobernador de Puebla parece disolverse ante su nuevo rol de opositor a los planes foxistas en materia de energía eléctrica: casi un hombre de izquierda, un nacionalista apasionado, un héroe al que nunca se le cayó el sistema de la congruencia. Dulce María Sauri, política salinista que fue presidenta del PRI justamente en el periodo en que se dieron las transferencias de dineros de Pemex al sindicato petrolero, y de allí a las arcas del partido tricolor, también pretende entender que la exigencia judicial en su contra es una forma de amedrentamiento por sus posturas contrarias al foxismo. Emilio Gamboa Patrón, de larga trayectoria de complicidades en el poder, nombre emblemático del tipo de relaciones que el sistema priísta mantenía con la elite operativa, propietaria o concesionaria de los medios de comunicación, igualmente supone que hay ánimos de linchamiento político cuando se le pide que comparezca para hablar del tema que ha llenado de chapopote la campaña labastidista, en la que fue personaje central, aunque ahora él mismo pretenda adjudicarse menores alcances de los que realmente tuvo. Y Humberto Roque, pieza utilitaria del engranaje zedillista al que sirvió con entusiasmo, generador de señales cuyo recuerdo le sobrevivirá, convalidador pleno de los procesos amañados que llevaron a Labastida a ser candidato presidencial, sería otra de las víctimas de la presunta represión política foxista.

LAS PATINADAS DEL gobierno federal no están produciendo nuevos héroes priístas sólo en el caso Pemexgate: también en el ámbito del campo mexicano, cuyos productores están en ruta de combate por la apertura de los mercados fronterizos a las mercancías estadunidenses y por la ineficacia del aparato administrativo federal para atender sus demandas de ayuda por daños causados por la naturaleza, como en el caso reciente de los morelenses. Mostrando un aferramiento enfermizamente peligroso a la ortodoxia gerencial que sólo piensa en índices de productividad y rentabilidad, el presidente Fox y el hacendado Javier USAbiaga se niegan a entender la dimensión de la catástrofe agraria nacional y los riesgos de estallido social que conlleva. Ni siquiera porque por segunda ocasión Fox ha sido exhibido a escala nacional como un mandatario presionable y chantajeable (primero con los ejidatarios de Atenco, ahora con los morelenses con quienes hubo de comprometerse a pagar lo que pedían para resolver así, con dinero, un problema que requería de oficio político). Por el contrario, en sus declaraciones recientes, el presidente Fox insiste en rechazar lo que él entiende como un regadío inmoral que las administraciones anteriores hacían con dinero público en las parcelas bancarias de líderes campesinos para que se mantuviera una paz social ficticia. En ese posicionamiento regido por la visión empresarial, según la cual los agricultores deben ser exitosos o si no sucumbir a las leyes del mercado, Fox está dejando todo el camino abierto a los líderes tradicionales priístas, que están más que puestos para abanderar esas "causas populares" y convertir los estallidos campesinos en materia electoral políticamente negociable. Por lo pronto, ya hablan de construir un frente nacional de defensa de los campesinos, que defendería las movilizaciones de éstos (justo cuando el presidente Fox ha pretendido dar muestras de fuerza anunciando que no permitirá más tomas de carreteras federales), denunciaría la falsedad del tal blindaje económico (que fue hecho a partir de pura saliva) y tratará de quedarse con las ganancias políticas que pudieran derivarse de una eventual reapertura del capítulo agropecuario del TLCAN (posibilidad reconocida por el subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado).

EL PRESIDENTE MIENTRAS tanto, y su fiel eco, Santiago Creel, hacen lamentables llamados a no politizar los dos temas anteriormente citados, el Pemexgate y las protestas campesinas. Tales arengas son hipócritas y virtuales llamadas a misa: hipócritas porque si alguien ha politizado el Pemexgate e ideologizado el asunto campesino es la propia administración foxista, y virtuales porque sólo parecen servir para que el jefe del Estado mexicano y su operador de política interior se sientan felices de seguir viviendo en una especie de videojuego del que ya no hallan cómo salir a pesar de que les gusta creer que van ganando.

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