Ha debido ser por medio de información cablegráfica fechada en Madrid el sábado pasado, que refiere declaraciones del ministro del Interior de España, Angel Acebes, que los mexicanos nos enteramos de la entrega a las autoridades de ese país del vasco José Antonio Borde Gaztelumendi por parte del gobierno de Vicente Fox.

El traslado se realizó en abierta violación a los derechos humanos esenciales, sin garantía alguna de audiencia ni de protección legal, en contravención de las normas tradicionales mexicanas en materia de derecho de asilo y de espaldas a la opinión pública.

Se pretextó, para expulsar a Borde y despacharlo a España, la irregular condición migratoria del vasco e infracciones a la Ley General de Población, es decir, argucias legales semejantes a las que utilizan las autoridades de Estados Unidos para pisotear los derechos de los trabajadores migrantes mexicanos y que son regularmente descalificadas por las autoridades mexicanas.

El hecho de que Borde sea acusado de pertenecer a ETA y de haber participado en atentados criminales no tenía por qué incidir en esta vergonzosa deportación. El terrorismo es sin duda repudiable e inadmisible, pero no debe ser usado como pretexto para violar los derechos humanos de nadie. En el caso de referencia, el gobierno de Fox cometió una deportación vergonzosa e irregular para entregar a la víctima a un gobierno que, documentadamente, perpetra abusos contra todo aquel sospechoso de pertenecer a los terroristas etarras o de colaborar de cualquier forma con ellos.

En relación con el conflicto vasco Amnistía Internacional (AI) no sólo ha condenado enérgicamente las acciones criminales de ETA, sino que ha señalado su preocupación por "la persistencia de denuncias de tortura y malos tratos formuladas por personas sospechosas de haber cometido algún delito y a las que se ha recluido en régimen de incomunicación, la continuada impunidad de hecho relacionada con los procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos y la dispersión de presos a lugares alejados de sus hogares".

En este marco resultan inverosímiles los propósitos de respeto a los derechos humanos y a la legalidad expresados recientemente por el rey de España, Juan Carlos de Borbón, y por su anfitrión mexicano durante la visita de Estado realizada por el primero a nuestro país. En esa ocasión, el monarca agradeció al mandatario mexicano su disposición a "detectar y capturar" a presuntos etarras, y éste ofreció "revisar la situación" de los vascos acusados de terrorismo que residen en nuestro país.

Con esos antecedentes, la deportación de Borde aparece como un obsequio violatorio a las autoridades de Madrid, un obsequio con un grave costo para la vigencia de los derechos humanos en el país, para las tradiciones diplomáticas más nobles de México, para la soberanía y para la dignidad nacionales.

El entreguismo vigente no se aplica únicamente a vascos sospechosos de terrorismo. En julio pasado el académico de la Universidad Autónoma de Puebla Rafael Humberto Pagán Santini, de origen puertorriqueño, casado y con tres hijos mexicanos, fue entregado al gobierno estadunidense -que lo buscaba, acusado de mal uso de fondos públicos- en escandalosa violación de sus garantías individuales y derechos humanos. Hasta la fecha, las autoridades no han explicado a cabalidad por qué en ese caso incumplieron con los procedimientos judiciales y legales que habrían debido aplicarse; es pertinente sospechar por ello que la deportación de Pagán Santini al país vecino fue otro gesto de cortesía del gobierno de Fox hacia Washington, en el marco de la claudicación y el sometimiento de nuestra soberanía a los dictados del poder estadunidense.