Acepta la familia la versión del suicidio, dice abogada

Marcha para recordar al presunto militante de ETA encontrado muerto

GARA, REUTERS Y AFP

Legazpi, 24 de noviembre. Cerca de dos mil personas acudieron hoy en esta localidad vasca al homenaje al ex preso Ramón Gil Ostoaga, quien apareció muerto el sábado aquí, en lo que las autoridades forenses calificaron de "suicidio". Esto fue aceptado por la familia del presunto militante del grupo armado ETA que, sin embargo, dijo que el deceso fue causado por "la presión política, mediática y del Estado", sobre Gil Ostoaga.

En el transcurso del acto, el vocero de Askatasuna, Jean Francois Lefort, afirmó que "lo ocurrido es un asesinato. Los estados utilizan diferentes métodos de castigo y en este caso ha sido la política penitenciaria. Y eso tiene un nombre: pena de muerte", citó el diario vasco Gara.

"Tanto los vecinos de Gil Ostoaga como un grupo de ex prisioneros políticos incidieron en la idea de que tanto en el exilio como en la cárcel, tampoco en la calle le han dejado vivir en libertad", agregó el diario. Tras el homenaje, una manifestación recorrió las calles de esa localidad.

La abogada de la familia del fallecido, Carmen Galdeano, indicó que no se solicitará una nueva autopsia, mientras que familiares dijeron que la muerte de Gil Ostoaga es responsabilidad de una campaña "política, mediática y del Estado".

El hombre, de 47 años y padre de dos hijos, había sido condenado a 300 años de prisión y en octubre pasado quedó en libertad condicional por un dictamen de la juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Ruth Alfonso.

Según un allegado, en estos días Gil Ostoaga había sido citado en innumerables comentarios periodísticos e intevenciones políticas: "Ha sido utilizado como cabeza de turco en ese intento de negar el derecho de las tres cuartas partes al colectivo de presos políticos vascos", dijo en alusión a que la aplicación en su caso de la ley que permite la excarcelación tras el cumplimiento de tres cuartas partes de la pena había sido duramente criticada desde el gobierno y la prensa.

El ex preso Txema Martínez señaló a Gara que "todos tenemos claro que ese factor (la presión mediática) ha originado su muerte. Habló con la juez Ruth Alfonso, quien le comunicó que después de la situación creada disminuiría su periodo de libertad. No sabía cuándo ingresaría nuevamente en prisión ni qué pasaría con su vida".

El Consejo General del Poder Judicial abrió incluso diligencias informativas contra la juez que dictó la libertad condicional de Gil Ostoaga, que posteriormente archivó.

Joseba Permach, uno de los dirigentes nacionalistas vascos que participaron en el homenaje a Ostoaga, recriminó al Partido Nacionalista Vasco y a su socio en el gobierno de la región, EA, que "ahora se rasguen las vestiduras, cuando en el día a día no hacen absolutamente nada para acabar con la política de dispersión, que no genera más que sufrimiento de los propios familiares y presos".

En la localidad de Bermeo, precisamente, un grupo de manifestantes exigió que se respeten los derechos del centenar de presos nacionalistas vascos que continúan encarcelados pese a haber cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta.

Por otro lado, el presunto militante de ETA, José Antonio Borde Gaztelumendi, fue encarcelado ayer tras su llegada a Madrid después de que fuera entregado por las autoridades mexicanas, al tiempo que el gobierno español informó que solicitará la extradición de Josu Lariz, detenido en Argentina. La esposa de este último, la uruguaya Juana Tarallo, pidió este domingo la "inmediata restitución" a Uruguay de su esposo, expulsado de allí luego que la justicia rechazó extraditarlo a España, para ser detenido el viernes en Argentina.

La mujer denunció que después de ser liberado por la justicia uruguaya, su esposo "estuvo tres horas desaparecido. Nadie nos notificó (de la explusión), ni a mí ni al abogado", consignó Afp.