En México, el Día Internacional de No Violencia hacia las Mujeres, estuvo marcado por la recordación de las casi 300 mujeres asesinadas impunemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, en menos de una década, y por la exigencia de que se haga justicia, se castigue a los responsables y se ofrezca seguridad a las mujeres que habitan en esa urbe fronteriza y maquiladora. Con esas consignas, miles de mujeres, vestidas de negro, marcharon hacia el Zócalo capitalino y otras muchas se manifestaron de diversas maneras en otras ciudades del país.

El terror que viven las mujeres en Ciudad Juárez pone al descubierto algunos de los aspectos más miserables del México contemporáneo: el machismo y el sexismo que aún permean las instituciones y la sociedad en general; la criminalidad clasista que busca sus víctimas entre los individuos menos protegidos de la población; la extrema ineficacia -por decir lo menos- de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia correspondientes a ese municipio, al estado de Chihuahua y a la Federación; la falta de voluntad política estatal y nacional para atender el problema y el enorme poder de la delincuencia, muy superior, en este caso, al de las dependencias que debieran combatirlo.

Más allá del ámbito social y delictivo, no puede ignorarse el papel que ha desempeñado en la gestación del entorno de impunidad y exterminio de los más inermes el modelo de país maquilador concebido e implantado por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Las inversiones extranjeras maquiladoras suelen situarse en entornos de tejido social débil -como el caso de Ciudad Juárez, con su alto porcentaje de población procedente de otras zonas del país- y buscar trabajadores mal pagados para entablar con ellos relaciones laborales fugaces, precarias y desvinculadas de cualquier compromiso del patrón hacia el asalariado; producen, en suma, una severa devaluación de las personas que trabajan para ellas -como es el caso de la mayor parte de las mujeres asesinadas en la ciudad norteña- y ofrecen a la criminalidad (el comercio de seres humanos, el narcotráfico, la explotación sexual, el homicidio, la producción de pornografía infantil) un entorno repleto de víctimas potenciales.

Frente a estas realidades inadmisibles y vergonzosas, el México oficial se ha revelado patético, inoperante y demagógico. El Ejecutivo federal y el estatal capitalizan el drama para lanzarse acusaciones mutuas, los legisladores se desentienden del problema, los partidos políticos buscan ganar sufragios explotando el drama de centenares de familias y la esposa del Presidente aprovecha la oportunidad para presentar en sociedad un programa repleto de buenos deseos que no resisten un mínimo cotejo con la realidad de un gobierno indolente e insensible ante el drama juarense.

En consecuencia, corresponde a la propia sociedad movilizarse para poner fin a la vergüenza y el horror de Ciudad Juárez, exigir la procuración y la impartición de justicia para cada uno de los homicidios y construir una nación equitativa, justa y habitable para sus propios ciudadanos, con efectiva igualdad ante la ley para mujeres y hombres, para trabajadores de la maquila y potentados, para indígenas y no indígenas, y en la que no haya lugar, en consecuencia, para más criminales impunes.