Adolfo Sánchez Rebolledo

Contrarreforma laboral

Sin sorpresa, la cúpula empresarial y el llamado Congreso del Trabajo llegaron a un acuerdo en materia laboral que el representante patronal, sin mesura, calificó de "histórico". Como en los mejores tiempos del corporativismo, siempre bajo la mirada atenta del secretario Abascal, se impuso una propuesta excluyente que no responde a las necesidades del país, menos a la defensa de los trabajadores.

Aunque para los patrones y el gobierno -por no hablar de los líderes del sempiterno sindicalismo oficial- el avance es indiscutible, en cambio para el vocero de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), organismo que ya ha enviado su propia iniciativa al Congreso de la Unión, la propuesta es una "contrarreforma", apenas disimulada bajo la supuesta defensa del artículo 123 de la Constitución que la patronal concedió para tranquilizar al cetemismo.

En entrevista con la agencia Afp, Eduardo Torres, del sindicato de telefonistas, puso como ejemplo del retroceso la pretensión de imponer nuevas trabas al ejercicio del derecho de huelga, aumentando los motivos para convocarla de modo que se convierta en una posibilidad muerta. Junto a éstas y otras medidas restrictivas, la ley dejaría abiertas las puertas a los llamados sindicatos de protección, que son organismos fantasmas creados y administrados por las empresas para eludir, justamente, cualquier responsabilidad laboral. En definitiva, dijo el representante sindical, la propuesta es "regresiva para los intereses de los trabajadores en el sentido de que beneficia a los empresarios".

Culmina así, en primera instancia, el largo forcejeo entre los partidarios de una modernización laboral al servicio exclusivo del mercado y los líderes del viejo sindicalismo, que a toda costa buscan defender sus viejos privilegios, sin descontar a aquellos que siempre vieron en la unidad forzada de los factores de la producción la mejor vía para asegurar la estabilidad de las empresas sin preocuparse demasiado por la productividad y el salario. Propuestas relevantes, como la que en su momento hiciera el PAN -sí, el PAN de entonces- fueron de inmediato congeladas, lo mismo que algunas iniciativas cuyo destino fue pasar de noche, no obstante la urgencia con que en algunos círculos nacionales e internacionales se exigía un cambio en la materia, cambio que ladinamente y al menos en sus aspectos negativos, ya se estaba dando en los hechos, mientras las partes, según esto, "se ponían de acuerdo".

Sin reforma laboral de por medio, las empresas impusieron la flexibilización y los contratos de protección se hicieron la norma para los nuevos capitales recién llegados a nuestro golpeado mercado laboral. Poco a poco la nueva cultura laboral, ideada por el actual secretario del Trabajo con la venia de Fidel Velázquez, adquirió nuevos perfiles y se asentó en el pensamiento "del cambio" que ahora retoma el gobierno para hacer posible el sueño laboral de los empresarios.

Siguiendo las directrices de los organismos financieros internacionales, los empresarios solicitaron, en palabras de la UNT, la desregulación del mercado de trabajo, "la eliminación de la bilateralidad o el adelgazamiento de las figuras de la negociación y de la contratación colectivas, así como la flexibilización máxima del trabajo: pago por hora, multicalificación o polivalencia, contratación individual, despido libre y contratación sin costo, derechos mínimos o ausencia de derechos para el trabajador, 'libertad sindical' en negativo, atomización o desaparición de las organizaciones sindicales".

Naturalmente que a estas demandas el viejo sindicalismo sólo podía responder o bien con la negativa absoluta o con la aquiescencia en el fondo autoliquidadora. Ahora, al decir del secretario Abascal, se ha encontrado el punto medio que permitirá una reforma laboral constructiva, toda vez que se corrigen viejos defectos presentes en la legislación actual.

Sin embargo, y muy a pesar de los afanes modernizadores del secretario del Trabajo, los sindicatos que suscriben el acuerdo son entelequias sin representatividad, no obstante el número de trabajadores cautivos que dicen defender, pero lo más grave es que entre los dueños del capital prevalece el punto de vista estrecho sobre el futuro laboral, la visión que sólo ve la ganancia inmediata como signo de salud económica.

Tiene razón la UNT cuando reclama que el debate sobre la reforma laboral y productiva se inscriba en la discusión de más largo alcance sobre los procesos de reforma económica y de reforma política, de manera que la reforma laboral y productiva sea vista "como una oportunidad para corregir, de manera distinta, las asimetrías y las deficiencias de los procesos macroeconómicos desde el ámbito microeconómico y productivo", fortaleciendo además "los derechos humanos y civiles fundamentales de los trabajadores, cuya consolidación es clave para el avance de la transición a la democracia en México". Ahora los legisladores tienen la palabra.