Urge reforma a fondo del sistema penitenciario, afirma el subsecretario Encinas

Señala Alvarez Icaza sobrepoblación de 47.59% en reclusorios capitalinos

Las violaciones más graves a derechos humanos, durante el proceso penal: ombudsman

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Para garantizar el respeto de los derechos humanos de hombres y mujeres que se encuentran presos no basta con mejorar la situación en los reclusorios, sino que se requiere una reforma a fondo del sistema penitenciario, señaló el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez.

El funcionario expresó lo anterior durante el informe que presentó ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, quien hizo una serie de propuestas en la materia, como la adecuación de la normatividad interna al derecho internacional, el fortalecimiento de la defensoría de oficio y el rediseño del proceso penal con base en el sistema acusatorio, así como la creación de las figuras de jueces de vigilancia y de ejecución de sentencias penales.

En el documento señala que con una capacidad instalada para 15 mil 580 personas y una población recluida de aproximadamente 23 mil internos (47.59 por ciento más), el problema de la sobrepoblación es un factor de riesgo para la seguridad del sistema carcelario.

Alvarez Icaza explicó que la norma internacional establece la atención y vigilancia de 10 internos por cada custodio, y en los reclusorios varoniles la ciudad de México hay casos en los que la relación es de un custodio por cada 65 presos. En el diagnóstico, el presidente de la CDHDF señala que las violaciones más graves a los derechos humanos se cometen durante el proceso penal y se refieren a las garantías de legalidad y debido proceso. "Esto se observa desde la detención, ya que el probable responsable desconoce sus derechos y es víctima de abuso de autoridad, además de no contar con una defensa adecuada, principalmente aquellos que carecen de recursos para pagar este servicio", señaló.

Como ejemplo, el ombudsman citó el caso de una mujer sentenciada a nueve años de cárcel por haber robado un monedero con 28 pesos y 40 centavos. Esta situación representa además una carga adicional para el presupuesto de la ciudad, que deberá invertir en la readaptación de esta persona 360 mil pesos. "Por supuesto que se tiene que castigar la falta, pero se tiene que repensar la forma", acotó.

Alejandro Encinas expresó en este contexto su preocupación por el perfil de la delincuencia en la ciudad de México, pues hace cinco años solamente había en las cárceles del DF una persona menor de 20 años y actualmente hay cerca de 2 mil 600 presos que no rebasan esta edad, mientras que la población total penitenciaria se incrementó en el mismo periodo de ocho mil a cerca de 23 mil presos, en su mayoría jóvenes.

Destacó que con un presupuesto de mil millones de pesos, este año se realizaron acciones como los programa de atención a jóvenes primodelincuentes, a personas con sida, y el de rehabilitación de espacios; se incrementó la población ocupada de 350 a 2 mil, en tanto que para la capacitación de custodios se puso en operación la Academia de Formación del Sistema Penitenciario y se creó el Grupo Especial Táctico para fortalecer las tareas de inteligencia y atacar los problemas de violencia y corrupción.

En el acto estuvieron presentes además el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis González Alcántara; el subprocurador de Procesos de la PGJDF, Rosendo Gómez Piedra, y diputados locales, de quienes Alvarez Icaza hizo especial mención, pues la Asamblea Legislativa "tiene en sus manos no solamente legislar para crear el marco jurídico que responda a las exigencias actuales en materia de prevención y readaptación social. También es preciso que dote de los recursos suficientes para que cada una de las políticas y programas aplicables se haga realidad".