No hay pacto de sangre para que se apruebe: Abascal

Entregaron en la Cámara iniciativa de reforma laboral

Los dirigentes del CT y del CCE se proclamaron representantes mayoritarios en la mesa central de decisión

FABIOLA MARTINEZ

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Carlos Abascal Carranza, reconoció que "no hay un pacto de sangre" entre los legisladores de PRI, PAN y PVEM para aprobar la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con base en el proyecto conjunto del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Congreso del Trabajo (CT).

Aseveró que la "modernización" de la legislación laboral no es el único objetivo que persigue la dependencia a su cargo, ni la única reforma estructural que importa al gobierno del presidente Vicente Fox: "ya fue ganancia haber destrabado la inmovilidad de la ley".

Por ello, dijo, confiamos en los tiempos que defina el Congreso de la Unión. "Sí se corre el riesgo (de que la reforma a la LFT quede atrapada en el debate partidista), pero estoy seguro de que en el Poder Legislativo existe amplia disposición a procurar la modernización de dicha normatividad", expresó.

Ayer por la tarde, los dirigentes del CT y del CCE, Leonardo Rodríguez Alcaine y Héctor Rangel Domene, respectivamente, entregaron al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, José Ramírez Gamero, su propuesta de reforma a la LFT y le solicitaron la lleve al pleno de la Cámara, "en los términos que considere pertinentes".

Rodríguez y Rangel se presentan como "representantes mayoritarios" de los sectores obrero y empresarial en la mesa central de decisión, la cual se integró hace 16 meses para delinear la "modernización" de la legislación laboral.

De manera simultánea, Abascal Carranza se reunió con los reporteros que cubren el sector laboral para detallar algunos artículos del documento enviado al Congreso y, sobre todo, para manifestar, una y otra vez, que el proyecto en cuestión "mantiene absoluto respeto por los derechos sociales contenidos en el artículo 123 constitucional". Aseveró que no es la "ley Abascal, ni una proempresarial o una dictada por los organismos internacionales, y tampoco es excluyente, porque se añadió al menos una docena de propuestas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)".

Culminación histórica

El funcionario consideró "histórica" la culminación del proceso, porque lograron acuerdos aquellos a quienes las ideologías han querido enfrentar. "Los sectores están satisfechos porque hubo concesiones recíprocas".

La necesidad de "modernizar" la ley era impostergable, agregó. Y es que desde hace 32 años no se reforma esa legislación, desde 1970 sólo ha tenido algunos cambios específicos en materia de capacitación y en aspectos de tipo procesal. En los dos sexenios anteriores no fructificaron los intentos por elaborar una iniciativa al respecto, por lo que el 11 de julio de 2001 el gobierno federal, por medio de la STPS, convocó a los dirigentes obreros y empresariales para integrar la mesa central de decisión.

Dicha mesa fue integrada por 11 miembros del movimiento obrero e igual número del sector empresarial; la UNT contó con dos asientos y participó con sus abogados en la subcomisión operativa.

En total, sesionó en 11 ocasiones, aunque desde mayo pasado empezaron las diferencias con la UNT, principalmente porque esa central proponía reformar desde el artículo 123 constitucional, desaparecer el apartado de la reglamentación para los trabajadores al servicio del Estado y, en especial, avanzar en materia de libertad y autonomía sindicales.

La disputa, que derivó en la salida de los unetistas de este proceso, se debió también al avance de la propuesta patronal para establecer el contrato a prueba, la ampliación de la jornada laboral de acuerdo con las necesidades productivas de la empresa y "topes" para los sindicatos independientes.

Apenas algunas semanas antes de la aprobación del proyecto de "los sectores" se decidió que el Ejecutivo no enviaría la iniciativa, sino un grupo de legisladores de diversos partidos, para no enturbiar el proceso de reforma.

Las modificaciones finales fueron mínimas. El documento enviado al Congreso quedó prácticamente en los mismos términos que el redactado por el CT y el CCE desde mayo pasado, cuyas líneas generales, que analizarán los diputados desde la próxima semana, son las siguientes:

Contrato de "prueba" hasta por 180 días, y se incluye la figura de capacitación inicial; cambio en la jornada laboral y multihabilidad en los empleados; para ascensos preferir a los trabajadores capacitados sobre los de mayor antigüedad; prohibir expresamente el hostigamiento sexual, y el despido a mujeres por gravidez.

Además, constituir comités nacionales de productividad, obligación patronal de difundir contratos colectivos; los sindicatos deberán acreditar que la mayoría de los trabajadores, en su caso, están de acuerdo con iniciar una huelga, y sanciones específicas a funcionarios corruptos e ineficientes.