Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 28 de noviembre de 2002
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Sociedad y Justicia

Colaboran en el proyecto OIT y Unicef

Lanzan programa para prevenir la explotacion sexual comercial infantil

FABIOLA MARTINEZ

El gobierno federal, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lanzó ayer el programa de apoyo para la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial infantil.

Con base en un presupuesto de 1.8 millones de dólares, aportados por el gobierno de Estados Unidos, las autoridades mexicanas pretenden impulsar diversas acciones en un periodo de casi tres años, con énfasis en Guadalajara, Tijuana y Acapulco, urbes en las que existe mayor incidencia de explotación sexual de menores.

La directora del DIF, Ana Teresa Aranda, precisó que en México más de 16 mil niños y niñas han padecido explotación sexual, fenómeno en el que están involucradas 21 de las 32 entidades del país, y 80 por ciento de los menores que han padecido este delito son niñas de entre 10 y 14 años.

Franz Roselaers, director del programa InFocus, sobre trabajo infantil de la OIT, advirtió que la explotación sexual comercial de menores es considerada una violación de los derechos humanos fundamentales, tan grave como la tortura o la esclavitud. Aseveró que la firma de convenios internacionales y la promoción de leyes internas resultan insuficientes si no se adoptan medidas para llevar a cabo acciones concretas para prevenir y eliminar ese delito.

En la ceremonia del lanzamiento del programa -realizada en la Secretaría del Trabajo- se dejó en claro que la explotación sexual comercial no es un delito exclusivo de México, sino "una plaga que se ha extendido a otros países". Colaborarán en el proyecto la OIT, el Unicef y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en marzo próximo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para llevar el delito de explotación sexual infantil a rango federal y elevar las penas por esta causa. La PGR pretende eliminar la libertad bajo caución "y llevar al máximo nivel" los castigos para aquellos que incurran en trata de niños, turismo sexual, prostitución y pornografía infantil, así como corrupción de menores.

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