Determinó que no fue legal el proceso realizado por la mayoría panista en el Congreso

Revocó el TEPJF la integración del tribunal electoral neoleonés

Ordenó reponer la elección de magistrados antes del 18 de diciembre; cinco serán sustituídos

ALONSO URRUTIA Y DAVID CARRIZALES REPORTERO Y CORRESPONSAL

Por considerar que el procedimiento para designar a los cinco magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Nuevo León, realizado por la mayoría panista de la Legislatura local el pasado 30 de octubre, no se apegó a la constitucionalidad y la legalidad requeridas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó ayer, por unanimidad, revocar el acuerdo 363 y ordenó al Congreso de la entidad reponer el procedimiento antes del 18 de diciembre.

Asimismo, decidió no tocar las determinaciones que haya tomado el TEE del primero de noviembre a la fecha, pero el cese de los magistrados Arturo Salinas Salinas -padre de uno de los diputados que aprobaron los nombramientos-, Pedro Treviño García, Graciela Buchanan Ortega, Guillermo Campuzano Zambrano y Guillermo Guzmán de la Garza tendrá vigencia el 19 de diciembre, una vez que sean designados sus sustitutos.

El Congreso de Nuevo León deberá informar en un término de 24 horas sobre el inicio de la reposición del procedimiento, y tendrá que notificar sobre el cumplimiento de la sentencia del TEPJF 48 horas después de que esto ocurra.

Durante la sesión de la sala superior del TEPJF, los magistrados resolvieron la impugnación del PRI contra la decisión del Congreso local, la cual contó sólo con los votos del Partido Acción Nacional, ya que las otras fracciones la reprobaron.

En el desglose de las irregularidades detectadas en la designación de los magistrados, el TEPJF destacó que el procedimiento realizado por la Comisión de Gobernación del Congreso local tuvo deficiencias importantes desde el principio, motivo por el cual el dictamen que finalmente aprobó el PAN no estaba fundado y motivado.

De entrada, señala que se omitió como punto de partida establecer cuál sería la documentación necesaria para que las propuestas de los candidatos pudieran considerarse válidas, y tampoco lo notificó a los interesados para que cumplieran los requisitos de la convocatoria.

Asimismo, de los documentos solicitados por el TEPJF para revisar el caso se desprende que tampoco se realizaron los estudios y análisis necesarios de las solicitudes, "lo que se tradujo en una falta de motivación violatoria de las cláusulas 14 y 16 constitucionales y 15 de la Constitución local".

De acuerdo con el fallo del TEPJF, la integración del TEE es un elemento fundamental del proceso comicial, toda vez que este órgano jurisdiccional, de naturaleza colegiada, autónoma e independiente, es precisamente "el encargado de velar que los actos electorales se ajusten a la legalidad y de dar legitimidad a la renovación de los poderes por la vía del voto".

Por ello, al no tener sustento legal y constitucional la determinación del Congreso local se hacía necesaria su revocación, debido a que afectaría al sistema estatal electoral por no contar con un órgano de garantía de la legalidad de los actos y resoluciones.

Al conocerse la noticia en Monterrey, el gobernador del estado, Fernando Canales Clariond -quien en su momento declaró que la designación estaba apegada a la ley, "según la información que tenía"-, expresó que el Congreso tendrá que hacer la corrección, porque así lo ha ordenado el Poder Judicial, y admitió que es evidente que a la oposición le asistía la razón jurídica.

Por su parte, el coordinador de la diputación panista, Mauricio Sada Santos, dijo que su fracción acatará la resolución, aunque no comparte el criterio del TEPJF, ya que la dirigente priísta, Cristina Díaz Salazar, "carecía de interés jurídico" para promover el juicio de revisión constitucional. Declaró que una vez que conozcan en detalle el fallo verán si es posible designar a los mismos magistrados que fueron rechazados en primera instancia.

En cambio, en conferencia del prensa, los dirigentes estatales de PRI, PRD, PT, PVEM, PAS, PSN y Convergencia por la Democracia consideraron "histórica" la resolución. Recordaron que de acuerdo con la legislación en la materia, el procedimiento de designación de los magistrados -quienes rindieron la protesta de ley con apoyo de la fuerza pública para no encarar a los diputados de oposición que les pedían, "por dignidad", que no lo hicieran- obligaba, en un primer momento, a consensuar las propuestas que fueran procedentes entre todos los grupos legislativos; pero "en forma alevosa", valiéndose de su mayoría numérica de seis a cinco en la Comisión de Gobernación, el PAN desechó a 27 de los 32 aspirantes, sin fundamentar esa decisión y "violando las garantías de distinguidos abogados de Nuevo León".

Luego el PAN, a sabiendas de que no contaba con los 28 votos para la mayoría calificada de las dos terceras partes del Congreso, pues de los 23 diputados que tiene dos debieron excusarse por tener alguna relación con los aspirantes a magistrados, no sometió a votación el dictamen, y ante el abandono de los legisladores de oposición del salón de sesiones pasó directamente al proceso de insaculación, que es la tercera alternativa que contempla la ley cuando no se logra el consenso ni la elección por mayoría calificada.