Emilio Pradilla Cobos
La distribución de la escasez
Como cada fin de año, está en curso la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para la ciudad de México. Pero a diferencia del presupuesto federal, que ha suscitado intenso debate en los medios políticos y de comunicación, el de la capital ha pasado casi inadvertido, lo que indicaría la despolitización de sus ciudadanos y su resignación ante las decisiones de sus gobernantes y representantes ante el órgano legislativo.
Como parte de la zona metropolitana del valle de México, la capital enfrenta gran número de problemas estructurales generados por el crecimiento demográfico y la redistribución de la población sobre su territorio, la constante necesidad de modernizar su estructura y su acervo inmobiliario, el deterioro de sus áreas patrimoniales, las carencias de las zonas habitacionales populares, el agotamiento de los recursos hidráulicos, la ineficiencia del sistema de recolección y la falta de lugares adecuados para la disposición final de los desechos sólidos, la destrucción de la naturaleza y la contaminación ambiental, la insuficiencia y baja calidad del transporte público, los déficit cuantitativos y cualitativos acumulados de vivienda, educación, salud y recreación; el empobrecimiento creciente de la población debido al persistente estancamiento de la economía y la inequidad de las políticas neoliberales, y la informalidad y la violencia como efectos del deterioro económico y social.
A las necesidades de inversión y gasto público derivadas de la atención a estos problemas del desarrollo urbano y del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sobre todo de los trabajadores empobrecidos y excluidos y de sus áreas habitacionales y de actividad económica, se suman los costos de la metropolidad derivados de la atención en empleo, infraestructura y servicios públicos subsidiados (Metro y otros medios de transporte, agua potable, educación, salud, recolección de desechos, etcétera) para más de 2 millones y medio de personas que llegan diariamente de otras localidades metropolitanas a trabajar, consumir servicios o recrearse, así como los costos de la capitalidad entendidos como la pérdida de ingresos y la elevación de costos generados por la presencia de los poderes federales en su territorio.
Ante esta acumulación de carencias, la insuficiencia de los ingresos fiscales debida a la persistencia de vicios como la evasión del pago de impuestos y tarifas, la corrupción, la inequidad fiscal debida a la homogeneidad de las cargas impositivas y las tarifas para sectores de muy diverso ingreso, y la asignación generalizada de subsidios e incentivos, agravada por el estancamiento económico, hacen que la elaboración presupuestal se convierta en gran medida en la distribución de lo insuficiente, de la pobreza pública. En este marco, la formulación del Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal debería ser un ejercicio cuidadoso de planeación estratégica y de establecimiento de prioridades articuladas en función de un proyecto de ciudad debatido y concertado con toda la ciudadanía. Sin embargo, el Distrito Federal y la zona metropolitana carecen de un proyecto urbano estratégico, de mediano y largo plazos, integrado, y sobre todo elaborado con la participación ciudadana activa y sustentado en acuerdos de corresponsabilidad de los actores urbanos fundamentales.
En el contexto de la carencia de mecanismos eficaces de coordinación metropolitana y la falta de voluntad de los gobiernos para la concertación de las acciones en esta escala, puesta en evidencia por el debate y los desencuentros sobre el nuevo aeropuerto y los segundos pisos viales, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México acordado en 1998 no ha sido asumido por ninguno de los dos gobiernos como instrumento real y eficaz para el desarrollo metropolitano; sin haberse aplicado, hoy se revisa en los cubículos, al margen de la ciudadanía. La propuesta oficial de modificación del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 1996, fue devuelta por la Asamblea Legislativa con observaciones serias y de fondo, y no ha regresado a ella, por lo que no ha sido aprobado. Hay que anotar que carecía de las cualidades que requiere para ser verdaderamente un proyecto urbano para el futuro de esta parte de la metrópoli.
En estas circunstancias, lo más probable es que el presupuesto para 2003 se construya como sumatoria aleatoria de proyectos aislados, sometida a los vaivenes de la gestoría clientelar de los legisladores, acentuada por las presiones políticas derivadas de la coyuntura electoral. La ciudadanía, cuyas contribuciones fiscales serán repartidas, poco se interesará, porque carece de información, y porque el sistema electoral parte de la noción poco democrática de que una vez elegidos, los legisladores y los gobernantes no tienen que rendir cuentas a nadie. He aquí un nuevo tema para esa transición a la democracia que realmente no ha empezado aún y que, por lo tanto, no llegará a ningún final.
