Javier Oliva Posadas
División de poderes en 2003
Uno de los principales logros que la administración del presidente Vicente Fox ha asumido como propio es haber alcanzado el equilibrio de poderes. No obstante que se trata de resultados electorales previos a su ejercicio de gobierno, en estos días que se cumplen dos años de su toma de protesta como titular del Poder Ejecutivo, ahora se pretende alcanzar una mayoría (relativa o calificada) de su partido, precisamente para poder gobernar.
El error de percepción es básico: la división de poderes no es asunto electoral, sino de funciones. Vale decir que si lo que se pretende es tener una mayoría para poder llevar adelante reformas y más reformas, no se estarán dando muestras ni de nuevos estilos ni de nuevas conductas en la era de la alternancia. Debe recordarse que el régimen político presidencialista funciona basado en mayorías. Al no darse dicha condición, las tensiones en el conjunto del sistema crecen y la capacidad de conducción y respuesta se ven frenadas en sus ritmos. Casos como las más recientes elecciones presidenciales francesas refuerzan dicho planteamiento, pues ahora que son de un mismo partido el presidente y la Asamblea Nacional existe la certeza de que se darán mejores resultados.
Mathew Shugart y John Carey, en su libro Presidentes y asambleas (Cambridge University Press, 1992), argumentan que hay que considerar que en el diseño del presidencialismo la pluralidad reflejada en el número de partidos políticos irá haciendo cada vez más difícil la obtención de mayorías.
Recordemos que en México hay 11 partidos políticos que contenderán el 6 de julio de 2003, además de la participación de las 77 agrupaciones políticas nacionales con registro.
Así las cosas, la apuesta tanto del Presidente de la República como del Partido Acción Nacional (PAN) para alcanzar una hegemonía electoral que se traduzca en preponderancia política conducirá al aniquilamiento de la expresión: "el Presidente propone y el Congreso dispone". Pero no hay que alarmarse, así es como funciona el presidencialismo en México, en Argentina, y más recientemente en Estados Unidos y Francia.
Como se recordará, en la última semana de gestión de la anterior composición del Congreso de ese país, el presidente George W. Bush envió una iniciativa para crear el Homeland Security Departament (Departamento de Seguridad de la Patria), misma que fue rechazada. Sin embargo, luego de las elecciones intermedias en las que el Partido Republicano logró la mayoría en ambas cámaras, la misma iniciativa fue aprobada sin mayores problemas. Pero aun en este caso o en el francés los resultados electorales recientes han sido tratados tanto por analistas como por dirigentes de ambos países como lo que son: una verdadera excepción.
Mientras tanto, en México el problema radica en el proceso de argumentación y de operación política, es decir, que mientras se suponga desde la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación que con la pura expresión de las intenciones es suficiente para generar consensos y apoyos, la limitante será precisamente la carencia de éstos. Y si a ello se adiciona la ambigüedad en cuanto a las formas para concretar objetivos, como son reformas a la Constitución, nos encontramos ante un escenario en el que el abuso en la aplicación condicionada de los recursos públicos, la utilización a conveniencia de la información confidencial o de carácter restringido, la complicidad y sumisión de algunos medios de comunicación, nos remitirá a los pasajes más sórdidos de la historia reciente y nos recordará que en el estilo también está la transición.
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