Observadores civiles y de organismos de derechos humanos se trasladan a la región

Alerta silenciosa de cuerpos de seguridad por el eventual desalojo en Montes Azules

Los primeros objetivos de las tropas, asentamientos zapatistas y zonas de frontera

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Ixcan, Chis. 15 de diciembre. El día de hoy se registraron importantes movimientos de tropas en la franja fronteriza. También hubo desplazamientos castrenses desde Rancho Nuevo (San Cristóbal de las Casas) hacia Comitán. La Jornada registró el paso de 18 camiones y vehículos trasladando unos 300 soldados. De Comitán se movilizaron también convoyes hacia la frontera con Guatemala. Desde temprana hora se instaló en los lagos de Montebello un puesto de control del Ejército, flanqueado por dos ametralladoras emplazadas en alto a los lados de la carretera.

Ni en ese sitio (donde se localizan instalaciones de Semarnat), ni en la Base de Operaciones Mixtas cerca de Amparo Aguatinta (donde el retén habitual reforzó hoy sus revisiones) se invocó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para justificar los retenes. Los soldados tampoco dieron otra explicación. Interrogados sobre los desalojos anunciados en la región de Ixcán y el río Lacantún, dijeron no saber nada.

Esta mañana se registraron vuelos a gran altura de aviones rastreadores sobre las cañadas de Las Margaritas hasta la frontera, en las inmediaciones de Ixcán.

En las bases de operaciones del Ejército en Maravilla Tenejapa, Ixcán, río Santo Domingo (Las Palmas) y Amatitlán, este enviado pudo observar tropa reunida en formación, lo cual no es habitual en domingo.

También hoy salió del cuartel de Toniná, en Ocosingo, un convoy de ocho vehículos con tropa y embarcaciones en dirección a la base militar de San Quintín. Desde allí, por el río Jataté (que es navegable en esa región), las embarcaciones quedaron emplazadas para dirigirse al río Lacantún, en las inmediaciones de los asentamientos que podrían ser desalojados.

El miércoles 11, un convoy con tropa del Ejército realizó un movimiento inusual de Vicente Guerrero a las inmediaciones del ejido Veracruz, en el municipio autónomo San Pedro de Michoacán. Catorce vehículos "depositaron" tropas en un punto del camino y retornaron vacíos a su base. El gobierno federal, que espera desalojar a unos 250 indígenas desplazados hacia los Montes Azules por el conflicto en este estado, apunta sus primeros desalojos hacia los asentamientos autónomos de bases zapatistas y a los de las márgenes del río Lacantún, próximos al Quiché guatemalteco.

Los campesinos de la cañada de Las Margaritas se manifestaron preocupados por esta maniobra castrense. Es la primera vez en casi dos años que ven pasar soldados por esas comunidades y la incursión de un batallón en la montaña les resulta más preocupante todavía.

A pesar de todos estos movimientos y de los planes gubernamentales de "actuar" contra las "ocupaciones" en el sur de Montes Azules, hoy no se pudo confirmar que se haya registrado algún desalojo.

Un grupo de observadores civiles y de organismos de derechos humanos viajó esta tarde a Amatitlán, de donde partirían las lanchas de la Secretaría de Marina en caso de efectuarse los desalojos. De todos modos, el operativo principal sería mediante aeronaves, ya que los poblados a desalojar son inaccesibles por vía terrestre. Sólo uno de ellos, el conocido como Ocho de Febrero, se localiza en las riberas del río Lacantún y es accesible en lancha.

Visitante "oportuno"

Con tantas coincidencias habidas recientemente, he aquí una más. El pasado jueves 12 llegó de visita a la capital chiapaneca el segundo secretario de la embajada de Estados Unidos, Rakesh Surampudi, quien también es director de Intercambios y Programas Económicos de dicha misión diplomática.

Si bien la prensa local prestó escasa atención a la visita, el diplomático se reunió el viernes con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, el Instituto de Historia Natural y Ecología, y visitó instituciones académicas en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

"Vengo a ofrecer nuestros servicios" dijo el enviado de la embajada estadunidense, citado ayer por el diario san- cristobalense Sin Línea. Surampudi ofreció al gobierno chiapaneco asesorías "en las áreas económica, de justicia y democracia", así como en la forestal, "ya que la misión diplomática cuenta con una sección de medio ambiente, ciencia y tecnología".

Mientras transcurría esta visita, la subprocuradora de Profepa, Diana Ponce Nava, anunció en Tuxtla Gutiérrez que se procederá judicialmente contra diversos asentamientos en Montes Azules. Enseguida, el propio gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, declaró que su gobierno respaldará los desalojos cuando éstos se efectúen, pues esta vez se trata de "ocupaciones" recientes con las cuales, dijo, no se negocia ninguna reubicación.

Las "señales" que Profepa y Semarnat llevan un año queriendo enviar a los inversionistas extranjeros interesados en Montes Azules y la selva lacandona parecen estar en marcha. Ambas dependencias gubernamentales, junto con la PGR, iniciaron el proceso judicial definitivo para emprender los desalojos. Estos días hemos visto desfilar por aquí turismo high class (de aventura o de "riesgo"), mientras crecen las presiones sobre las tierras comunales por parte de hoteleros e inmobiliarias que causan división en comunidades (como ocurre en Lacanjá Chansayab y Nueva Palestina). Como remate, la "oportuna" visita de un funcionario ad hoc de la embajada estadunidense.

Menos públicamente, el Ejército, Marina, la PGR y la policía sectorial del estado se mantienen en alerta para el operativo que debió iniciarse hoy domingo en la franja sur de Montes Azules.