"Defenderemos a esas familias", advierte coalición de organizaciones de Ocosingo

Esta semana se efectuarán los desalojos en Montes Azules, confirma la Semarnat

Participará el Ejército en el operativo contra asentamientos irregulares en la reserva

ANGELICA ENCISO, MATILDE PEREZ Y ALONSO URRUTIA

La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) confirmó que esta semana se efectuará el desalojo de asentamientos irregulares de la reserva de la biosfera Montes Azules, informaron fuentes de la dependencia. La acción es apoyada por el comisionado para el diálogo y negociación en Chiapas, Luis H. Alvarez, porque "está orientada a proteger esa zona ecológica".

Mientras, la Coalición de Organizaciones Autónoma de Ocosingo (COAO) informó que iniciará una movilización de todas las comunidades hacia Montes Azules para apoyar a las personas que serán desalojadas. "Defenderemos a esas familias. Las autoridades no han comprendido que no destruimos la naturaleza. Además la mayoría de esos asentamientos tiene más de dos años y formaban parte de la mesa agrario ambiental que se instaló en el gobierno de Ernesto Zedillo", dijo Mario Hernández Pérez.

De acuerdo con fuentes de la Semarnat, el desalojo ya estaba planeado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde hace varias semanas, pero el gobernador les pidió que esperaran un tiempo para negociar y definir la reubicación de los afectados. Debido al limitado personal de que dispone la Profepa, en este tipo de operativos suele apoyarse en elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva. (PFP).

La Profepa aseguró que el desalojo se hará sin violencia y justificó: se trata de proteger un bien de la nación. Son asentamientos que tienen alrededor de seis meses de haberse establecido en la reserva, por eso más que un desalojo se trata de una reubicación, porque afectan zonas importantes de la reserva.

En entrevista, el titular de la Semarnat, Víctor Lichtinger, dijo que se han llevado a cabo pláticas con el gobierno del estado porque se han estado registrando nuevas invasiones y "debe haber una acción con la que se logren parar ese tipo de hechos".

Luis H. Alvarez, comisionado para el diálogo y paz en Chiapas, comentó que la reubicación de comunidades indígenas es explicable, pues es una acción orientada a la protección de esa zona ecológica.

Sin embargo, reconoció la necesidad de que la reubicación se realice "con el cuidado debido", para no desatar una nueva fuente de conflicto. "Creo que quien conoce Chiapas debe entender que es una zona que debe protegerse", declaró.

Entrevistado brevemente en la secretaría de Gobernación, Alvarez manifestó que la reubicación no es asunto que toque directamente a sus funciones, pero destacó la importancia de Montes Azules como reserva de la biosfera, "pues es lo que queda del pulmón continental, porque lo que ocurre en el Amazonas y acá en la Lacandona tiene mucho que ver con climas y demás". Destacó que Montes Azules ha registrado invasiones crecientes que la afectan, motivo por lo cual son necesarias las reubicaciones.

La Profepa estableció con el gobierno de Chiapas un convenio de vigilancia forestal en noviembre de 2001 para proteger los recursos de la entidad. Se espera que ésta sea una práctica normal contra quienes invaden reservas ecológicas, porque lo que se hace es "proteger el patrimonio de la nación y de los pueblos lacandones, que son los dueños legítimos de esas tierras", informó.

Advirtió que no se permitirá que la ley se infrinja ni que haya impunidad. Por ejemplo: la comunidad Arroyo San Pablo, ahora conocida como asentamiento Lucio Cabañas, antes también se hizo llamar Salvador Allende, sólo tiene 20 habitantes, entre ellas siete adultos, los cuales piden medio millón de pesos por familia para salirse.

Los señalamientos de la Profepa fueron aclarados por Mario Hernández Pérez, de la COAO, pues de los nueve poblados que pretenden desalojarse sólo tres son recientes: San Pablo, Nuevo San Rafael y el que las autoridades de la reserva denominaron Veintiocho de Febrero (2002), ya que fue localizado por ellos ese día. En el caso de Arroyo Cristalina, Sol Paraíso, Nuevo Salvador Allende, Nuevo Pichucalco y La Ruina tienen más de dos años; incluso Nuevo Pichucalco está dentro de su ejido, no hay ninguna irregularidad, asentó.

Aclaró que las comunidades que apoyarán a las familias que serán desalojadas no pretenden enfrentarse al Ejército ni a la PFP, pero "no podemos aceptar el uso de la fuerza ni los pretextos para que se militarice esa región. Tampoco entregaremos nuestro patrimonio natural a los extranjeros".

El año pasado, ante la advertencia de las autoridades ambientales de que serían desalojadas las familias asentadas en Montes Azules, la ARIC Independiente y Democrática envió una carta al gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, en la que subrayaba que "estaban allí por necesidad de tierra y porque habían salido huyendo de sus comunidades en 1994 por la presión militar y violencia paramilitar".

Desde entonces señalaron que eran las "grandes corporaciones multinacionales, ocultas en grupos ecologistas que utilizan a los lacandones, las interesadas en el desalojo para poder saquear los secretos de la selva, promover la construcción de gigantescas hidroeléctricas en los caudalosos ríos de la zona. Algunos grupos retenden enriquecerse con el ecoturismo". Desde entonces, los habitantes de esos poblados se propusieron como "guardianes de la reserva".