En su informe anual de actividades, el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, reconoció que el sistema nacional de atención médica se encuentra sobrepasado por la abultada carga financiera generada por el tratamiento de los enfermos con males crónico-degenerativos, como el cáncer o los padecimientos cardiovasculares, y que tal desbordamiento es el responsable del deterioro de los servicios sanitarios públicos en México.

Si bien el incremento del costo de la atención de las enfermedades a las que Frenk hace alusión resulta natural, debido a la paulatina modificación de la pirámide poblacional del país y al incremento en el número de personas de la tercera edad -las principales afectadas por esos males-, justamente por ello resulta reprochable que las autoridades hayan desatendido, a lo largo de los años, al crucial sector de la salud, al grado de que en la actualidad se encuentre severamente limitado para otorgar servicios médicos con la oportunidad, calidad y amplitud requeridas para cubrir las necesidades de los mexicanos en esta materia.

Con todo, cabría cuestionar si situaciones como el desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, la falta de personal en muchos centros de salud -sobre todo en las áreas rurales- y los escasos salarios que médicos y enfermeras perciben se deben solamente al abultado costo de la atención de algunas enfermedades. En gran medida, las limitaciones de la salud pública en México se originan en el insuficiente presupuesto que año tras año se destina a este sector y, sobre todo, a la carencia de una estrategia de largo plazo que permita asegurar los recursos suficientes para atender adecuadamente las crecientes necesidades sanitarias de los mexicanos.

En este contexto, si bien la iniciativa del seguro popular -la estrategia medular de este gobierno en lo relacionado a la cobertura médica de la población- resulta acertada en el papel, sobre todo porque ofrece servicios a la población no derechohabiente de menores recursos, no por ello resulta intachable, pues transfiere a la sociedad parte del costo de la atención sanitaria que el Estado está obligado a prestar. Con todos sus eventuales beneficios, el seguro popular no deja de ser un paliativo que intenta subsanar la insuficiencia presupuestaria e introduce sospechas, todavía no despejadas, sobre si la propuesta foxista de reforma financiera del sector salud tiene aparejada la entrega -así sea parcial- a manos privadas de las obligaciones y los recursos que actualmente corresponden a las instituciones públicas.

Entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron durante décadas modelo a seguir en toda Latinoamérica, pues constituyeron centros de avanzada en términos sociales y científicos. Lo mejor de la medicina mexicana, tanto en cuestión de profesionales e investigación como de infraestructura, provino de las instituciones públicas. Por ello, y en el entendido de que el Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizar la salud de la población, es necesario redoblar los esfuerzos e incrementar los presupuestos a fin de fortalecer el sector sanitario del país, preservar la titularidad pública en la materia y, sobre todo, despejar las tentaciones privatizadoras que desde hace al menos tres sexenios rondan a las instituciones nacionales de salud. No se trata aquí sólo de razonamientos financieros o de opciones de gasto e inversión. Mucho más que la cuadratura de cifras, lo que está en juego es la vida y la salud de los mexicanos, valores que deben permanecer al margen de los vaivenes del mercado, máxime cuando éste ha demostrado con creces no ser capaz de promover la solidaridad, el desarrollo incluyente y la justicia social.