No cedan a presiones de los halcones, piden a los grupos asentados en la zona

Diálogo, antes de recurrir a la fuerza en Montes Azules, exigen legisladores

El Ejecutivo federal debe ofrecer alternativas de reubicación, plantean priístas y perredistas

VICTOR BALLINAS Y RENATO DAVALOS

Legisladores originarios de Chiapas y miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) demandaron al Ejecutivo federal "que antes de recurrir a la fuerza y a la violencia" para desalojar a las organizaciones en Montes Azules, dialogue y ofrezca alternativas viables de reubicación, y solicitaron a los grupos asentados en la zona que no cedan a las presiones de los "halcones" del gobierno.

La senadora priísta Arely Madrid Tovilla manifestó que si la Secretaría de Gobernación ya anunció el desalojo, es porque ya lo tiene platicado. Consideró que son acciones plausibles, siempre y cuando estén consensuadas.

En tanto, el diputado perredista Emilio Ulloa, miembro de la Cocopa, dijo que el gobierno debe bajar el tono de las acciones que pretende establecer en Montes Azules. Los caminos del diálogo no se han agotado y si el asunto no se cuida adecuadamente puede derivar en violencia.

El senador chiapaneco Rutilio Escandón se manifestó contra el desalojo. Antes de recurrir a la fuerza se deben agotar las medidas jurídicas, señaló.

En contraste, el senador priísta y secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, José Antonio Aguilar Bodegas, dijo a este diario que "el diálogo se agotó hace tres meses. En una reunión con el Instituto Nacional Indigenista y las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) nos informaron de las condiciones del conflicto.

"Se les ofrecieron alternativas -agregó-, pero no aceptaron las soluciones. Ante esas respuestas no queda ya más que la intervención de la autoridad para que se respete el estado de derecho y también que se respete la reserva."

Al respecto, Madrid Tovilla confirmó que hace varios meses fue informada por Gobernación y la Secretaría de la Reforma Agraria acerca de la actuación de la mesa interinstitucional para resolver los conflictos, las invasiones y los asentamientos irregulares en Montes Azules.

Por su parte, el perredista Juan Guerra, ex miembro de la Cocopa, consideró que la actitud del gobierno es una clara provocación que al parecer sólo pretende abrir la puerta a los saqueadores y taladores de madera en la zona.

Nos parece insensato, dijo el también secretario de Elecciones del Partido de la Revolución Democrática, que se busque un desalojo y no un diálogo. No desdeñamos el argumento ecológico, explicó, pero por encima de éste se encuentra una concepción política y social, porque bajo ese lineamiento de gobierno, entonces tendríamos que desalojar toda la selva Lacandona.

Existen nuevos asentamientos, afirma funcionaria chiapaneca

En las oficinas de algunos senadores circuló ayer una tarjeta informativa firmada por la jefa del departamento de Procuración de Justicia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Flor de Hortensia Velasco Cruz, quien informa a la directora de Procuración de Justicia de esa entidad, Elia Avendaño Villafuerte, en relación con el desalojo: "me permito informarle que hasta este momento esta problemática ambiental y social es generada por nuevos asentamientos irregulares en la parte sur de dicha reserva (Montes Azules), además de los ya existentes hasta 2001, y éstos son atendidos por la mesa ambiental".

Sin embargo, abunda el texto, "a finales de enero, principios de febrero y el 16 de noviembre de este año se asentaron de manera regular tres nuevos grupos: Nuevo San Rafael o Ignacio Allende, Ocho de Febrero y Arroyo San Pablo o Lucio Cabañas".

Da cuenta además de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desde los pasados 23 de noviembre y 9 de diciembre presentó denuncias penales buscando el desalojo de estos lugares, con el argumento de que realizan severos desmontes a la vegetación forestal provocada por esos nuevos asentamientos.

La funcionaria aclara que los tres nuevos asentamientos "no son parte de los que hasta 2001 han venido negociando una reubicación o regularización. Por eso, la Profepa solicitó al gobernador (Pablo Salazar Mendiguchía) apoyo para tratar de manera diferenciada a estos grupos que vienen cometiendo delitos ambientales en dicha reserva".

Hortensia Velasco dice a su superiora que la información publicada por La Jornada "busca polemizar sobre acciones a las que se le viene dando tratamiento, y acerca de la militarización que se menciona, señala que "se trata sólo de cambio de tropas, que de manera regular realiza el Ejército Mexicano en todo el país".