Desde dos escenarios distintos, el Congreso de la Unión y las compañías de transferencia de fondos de Estados Unidos a nuestro país, se han perpetrado sendos atracos contra el pueblo de México.

En el primero de los casos, la autorización legislativa para que el gobierno federal disponga de los 20 mil millones de pesos depositados en el Sistema de Ahorro para el Retiro, antecedente de las actuales Afore, constituye un hurto legalizado de los recursos pertenecientes a los trabajadores mexicanos. Bajo el dudoso argumento de que esos fondos, acumulados en el Banco de México, no han sido reclamados e individualizados y, por tanto, carecen de dueño, los legisladores y el Ejecutivo federal han aprobado despojar a miles de mexicanos del fruto legítimo de su trabajo y, en el entendido de que tales sumas constituyen parte de sus futuras pensiones y jubilaciones, los han condenado a una vejez más pobre y más desesperanzada. Además, es cuestionable que tales recursos hayan sido abandonados por sus propietarios: en numerosos casos, aquellos trabajadores que han intentado transferirlos a sus actuales cuentas en las Afore han sido desalentados, si no es que francamente obstruidos, por complicados procedimientos y artimañas, contra los que no tienen asesoría ni protección. La sustracción de los fondos del SAR es un atropello legalizado que no debe ser tolerado y que debe ser revertido de manera urgente. Si bien es cierto que el país requiere incrementar el presupuesto disponible para el gasto público y la atención de las necesidades sociales, resulta escandaloso e inmoral que se pretenda cubrir tal circunstancia mediante el despojo abierto de los recursos de los trabajadores.

Por otra parte, la decisión de las tres principales empresas de traslado de fondos de Estados Unidos a México --Western Union, su subsidiaria Orlandi Valuta y MoneyGram-- de compensar a sus clientes con cupones de descuento y así evitar enfrentar juicios por no haber informado suficientemente de las cuotas que cobran por el envío de remesas, constituye una afrenta y una burla contra los millones de compatriotas residentes en el vecino país. Estas compañías, que operan en México en colaboración con Banamex y Elektra (en el caso de Western Union), y Bancomer (en el de MoneyGram), imponían a los migrantes altísimas comisiones por realizar transferencias a sus familiares radicados en el país y, adicionalmente, las entidades nacionales pagaban el dinero a sus destinatarios a tipos de cambio bajos, con lo que se apoderaban de una parte considerable del patrimonio de millones de mexicanos. Si se considera que los envíos a México realizados por nuestros connacionales en Estados Unidos constituyen la segunda fuente de divisas del país, la magnitud del atraco resulta escandalosa, como lo es también la forma en que las compa- ñías implicadas pretenden repararlo. Luego de haber ocultado dolosamente la información de sus cuotas y tipos de cambio a sus clientes --generalmente mexicanos humildes forzados a emigrar por no contar con opciones de vida digna en sus lugares de origen-- y de aprovechar la ignorancia y el miedo a ser expulsados del país vecino, estas empresas pretenden compensar sus abusos con exiguos cupones de descuento. Que los tribunales estadunidenses no hayan querido fincar responsabilidades penales por estos actos no elude el hecho de que las empresas en cuestión y, eventualmente, sus socios en México, sean responsables de engaños y de pillajes ocultos tras una fachada de legalidad.

En los casos que nos ocupan, son evidentes la prepotencia y el cinismo de quienes se han apoderado del fruto del trabajo esforzado del pueblo de México. Frente a ambas circunstancias, por demás vergonzosas y perturbadoras, cabe exigir, en el primer caso, una rectificación, y en el segundo, una acción decidida de las autoridades para proteger a la sociedad de tal depredación. Revertir la apropiación oficial de los recursos del SAR y ejercer una defensa firme del patrimonio de los mexicanos en Estados Unidos es lo menos que se puede esperar del gobierno y de los legisladores. De lo contrario, a los ojos de la ciudadanía, la justicia, la honestidad y la solidaridad seguirán figurando en el saldo pendiente de las instituciones de la República.