Advertencia de ONG
Hay riesgo de que se reactive el conflicto armado
ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL
San Cristobal de las Casas, Chis., 17 de diciembre.
Doce organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron al gobierno federal
detener el desalojo violento de varios poblados ubicados en la reserva
de la biosfera de Montes Azules, porque "se corre el riesgo de que se reactive
el conflicto armado" en Chiapas.
"La realización de esta acción policiaco-militar
pondría una vez más en riesgo la paz en la región
y en el país, con resultados que nadie puede prever", agregan en
un documento dado a conocer esta noche.
"Con su postura de urgir el desalojo de comunidades indígenas
asentadas en Montes Azules" para aplicar políticas ecológicas,
"los gobiernos federal y estatal desconocen las razones estructurales que
han llevado a cientos de familias a encontrar una alternativa de vida en
la reserva", agregan.
Afirman que las autoridades "pasan por alto la interrelación
entre la población indígena y su entorno ecológico,
así como su derecho a decidir sobre su territorio y tomar en sus
manos la problemática, como lo establece el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo".
Las ONG afirman que no son ajenas "a la necesidad de preservar
los recursos naturales", pero tampoco desconocen "la existencia de poderosos
intereses económicos nacionales e internacionales que simulan preocupaciones
científicas para explotar los recursos naturales" de la selva.
Entre los grupos firmantes están los centros de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Lorenzo de la
Nada y Miguel Agustín Pro Juárez, así como Coreco,
Capise, Serapaz, Enlace Civil y Ciepac.
Un desalojo provocará más hambre y pobreza,
sostiene la Coaech
La Coalición de Organizaciones Autónomas
del Estado de Chiapas (Coaech) aseguró que un eventual desalojo
violento de poblados ubicados en Montes Azules no resolverá el problema
sino que lo agravará, pues causará "más hambre y pobreza"
entre los habitantes de la zona. En conferencia de prensa, la Coaech sostuvo
que la decisión del gobierno de expulsar por la fuerza a los indígenas
asentados en varios poblados de la reserva y de militarizar la región,
"responde a las exigencias internacionales para apoderarse de los recursos
naturales de la zona, como son el agua, el petróleo, las tierras
y la biodiversidad en general, para luego utilizarnos como fuerza de trabajo
barata".
