Alejandro Nadal

Desalojos y biodiversidad: Montes Azules

El gobierno federal se enorgullece de su programa federal de áreas naturales protegidas (ANP). El programa protege 129 en una superficie total superior a 16 millones de hectáreas. De las ANP terrestres, 31 son reservas de la biosfera, como Montes Azules. Se supone que el régimen de las reservas de la biosfera permite conciliar los objetivos de conservación con los de uso sustentable de recursos.

Pero el plácido panorama que anuncian los informes oficiales contrasta con la triste realidad. Para empezar, las ANP carecen de recursos adecuados para sobrevivir. Según el Instituto Nacional de Ecología (INE), los recursos no superan 10 pesos por hectárea de área protegida, cantidad irrisoria si se consideran las necesidades de protección, conservación, restauración, desarrollo y aplicación del plan de manejo para su mantenimiento.

La normatividad de los planes de manejo debe cubrir las actividades en las zonas núcleo, de uso restringido y de amortiguamiento. Pero para tener éxito, los planes deben ser resultado del consenso entre los pobladores y ser conocidos por todos. Alcanzar ese consenso y aplicarlo con un monitoreo permanente son procesos costosos. La mayor parte de las ANP carece de un plan de manejo, lo que las convierte en zonas sumamente vulnerables.

También están amenazadas por la política de abandono del campo, la pobreza del medio rural y la codicia de las trasnacionales que buscan recursos genéticos al amparo de un distorsionado sistema de patentes, que nada tiene que ver con la promoción del desarrollo tecnológico.

La mayor parte de la superficie de las ANP en México está en o rodeada por municipios pobres. Los propios datos del INE y del Consejo Nacional de Población demuestran que 75 por ciento de los municipios que están dentro o colindando con las 25 principales ANP son de alta y muy alta marginación social. No se necesita ser mago para adivinar que la pobreza es la fuente de una mayor presión sobre las ANP.

ƑQué sucede en Montes Azules? Esta reserva de la biosfera es un ejemplo de lo que sucede en las áreas naturales protegidas. Los municipios que la rodean son de muy alta marginación social. La producción agrícola atraviesa por grandes dificultades, igual que en todo el campo. Y el plan de manejo de la reserva deja mucho que desear. En algunos de sus capítulos más importantes, la normatividad es remplazada por buenos deseos.

Pero si bien Montes Azules es otro ejemplo del drama de las ANP, también tiene sus diferencias con las demás. No sólo se encuentra en la zona de conflicto en Chiapas. Sus ecosistemas albergan una biodiversidad envidiable y varias compañías trasnacionales la tienen en la mira para realizar actividades de bioprospección. Si otras ANP pueden ser "parques de papel" dibujados sobre un mapa, Montes Azules se encuentra en la intersección de la zona de resistencia zapatista y fuertes intereses económicos.

Hoy, la reserva Montes Azules es escenario de una movilización del Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP) para desalojar a varias comunidades. Pero los problemas por la indefinición de derechos de propiedad, así como por la cercanía de una zona de conflicto, siempre turbulenta, no se resuelven con órdenes de desalojo. La pobreza y el desplazamiento de personas y familias por la presencia de los grupos paramilitares seguirán siendo fuente de amenazas mortales para Montes Azules.

Una de las irregularidades más importantes es que los militares participan en actividades de inspección y vigilancia. Eso es simplemente anticonstitucional. El Ejército no tiene facultades para aplicar la legislación federal en materia de áreas naturales protegidas o de armas de fuego. Hay que recordar continuamente a Vicente Fox (porque se le olvida al instante) que existe un artículo 129 constitucional que señala con toda claridad: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Si en su reciente gira internacional dijo que estaba en paz con el EZLN, que cumpla la Constitución.

La intervención del Ejército (y de su clon, la PFP) en operaciones de desalojo en Montes Azules nunca va a resolver el problema de la longevidad de la reserva. Todo el Ejército podría destinarse a proteger por la fuerza las ANP, y aun sería poca cosa frente a la ola de pobreza que amenaza con destruirlas. La viabilidad a largo plazo de las ANP se garantiza no con la fuerza, sino con una política económica y social justa.