Revisará la Cámara el sistema de remuneraciones del personal de San Lázaro

En breve, auditoría a la 58 Legislatura

Coordinadores de PAN, PRD, PT y PRI reiteran su oposición a bonos para diputados

CIRO PEREZ SILVA

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que abrirá "a la brevedad" una auditoría financiera-administrativa de toda la legislatura y revisará el sistema de remuneraciones de los empleados y funcionarios de San Lázaro, y reiteró su rechazo a cualquier tipo de bono a representantes populares.

En una conferencia conjunta, los coordinadores del PAN, Felipe Calderón; del PT, José Narro Céspedes; del PRD, Martí Batres, y con la representación de la bancada priísta, el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez Marín, reconocieron que una de las principales funciones de los congresos en el mundo es su facultad de control del gasto público gubernamental.

Sin embargo, esta función no podría cumplirse adecuadamente si existen dudas ante la opinión pública respecto al ejercicio presupuestal legislativo, dijeron en alusión al escándalo por la demanda de "bonos de marcha" y acusaciones de corrupción que han difundido en los últimos días algunos legisladores.

A partir de esto se ordenó a la secretaría general de la Cámara de Diputados que se incluya en la página de Internet de esa instancia legislativa toda la información financiera-administrativa de la misma, incluidos la participación de diputados en misiones internacionales con la comprobación respectiva, el acuerdo de gastos médicos, las contrataciones en las que participe la Cámara, el gasto corriente y las obras que se realicen o se hayan llevado a cabo con su respectiva licitación, costo y avance.

Se destaca habría de realizarse una auditoría "con los mecanismos legales aplicables" que en primera instancia abarcará el periodo del primero de septiembre de 2000 al 31 de diciembre de 2002, cuyos resultados se entregarán también "a la brevedad", y el mismo procedimiento se seguirá para el periodo del primero de enero al 31 de agosto de 2003, es decir, de principio a fin de la legislatura.

Los coordinadores, que se comprometieron a impulsar la aprobación de una ley de transparencia y acceso a la información del Congreso, fueron interrogados insistentemente sobre los bonos que se entregan al personal administrativo de la Cámara y que superan en varias veces las dietas de los propios legisladores.

Sobre el particular, Batres, también presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que el pago de los funcionarios de la Cámara se da mediante un esquema que se acordó varias legislaturas antes, en el cual se establece que a los salarios se incorporará una serie de bonos con la idea de equipararlos con el esquema federal.

"Deben revisarse y, a reserva de platicarlo con todas las fracciones, no habría que descartar que vayan a la baja. Suena lógico que la figura del bono desaparezca de toda la administración pública y de la correspondiente a los órganos legislativos", destacó el perredista.

Reconoció que para reducir tales salarios debe haber antes una serie de modificaciones normativas, que incluyen la ley orgánica y los estatutos del servicio civil de carrera.

A su vez, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Felipe Calderón, sostuvo que su bancada no tiene inconveniente en ser auditada y de que el resultado se haga público; recordó que esta práctica la cumple su grupo desde que es supervisado por dos firmas de contadores públicos por instrucciones de la Comisión de Vigilancia.

Destacó que los montos de salarios de funcionarios públicos de la Cámara difundidos en días pasados no corresponden con las cifras reales, e insistió en que deben darse a conocer esas cifras para evitar especulaciones. Coincidió con Batres en que el esquema de remuneraciones es equivocado y debe corregirse.

Ambos legisladores fueron interrogados sobre el destino que dan a los 500 pesos que reciben de cada diputado de sus respectivas fracciones como coordinadores. Ambos explicaron que no se trata de recursos de los que dispongan directamente, sino que se aplican para cubrir necesidades de la propia bancada.

En el caso del PRD, la subvención por concepto de "apoyos adicionales a los coordinadores de grupos parlamentarios" mensualmente se deposita en la cuenta de la propia bancada y se destina, entre otras cosas, al pago de telefonía celular, según un acuerdo de la coordinación administrativa de ese partido, hecho que se reproduce en otros grupos legislativos.

El representante del Revolucionario Institucional explicó que su bancada propuso buscar mecanismos para que un grupo mayor de diputados participe en la información y en las decisiones administrativas de la Cámara, mediante los ajustes legales necesarios para que las demandas de transparencia de los legisladores "permeen en lo negativo, pero también en lo positivo".