La Profepa ofreció entregarles tierras y suspender órdenes de aprehensión

Desalojan en forma pacífica a choles de Lucio Cabañas, en Montes Azules

Salen hoy, "o mañana entramos nosotros por ellos", advirtieron lacandones a Campillo

ALONSO URRUTIA Y ROSA ROJAS ENVIADOS

Paraje Arroyo San Pablo, Chis., 19 de diciembre. Con el hijo y la resignación a cuestas, Ana comenzó a recoger sus escasas pertenencias. Silencioso, el pequeño grupo asentado en este paraje levantaba el campamento enclavado en Montes Azules.

Otra vez a rodar en pos de la tierra, como en los últimos cuatro años que han andado errantes buscando dónde sembrar. Quizá sólo hay una diferencia: la promesa del procurador ambiental, José Ignacio Campillo, de gestionarles, hasta lograrlo, 20 hectáreas de tierra.

Ana tiene 17 años y su hijo apenas cumplió un mes. Nació en plena selva, cuando su grupo llegó a este lugar, ubicado en la zona de reserva de la biosfera. Una acción que le valió a su marido y los hombres que encabezan a 27 personas -niños en su mayoría-, órdenes de aprehensión por delincuencia ambiental y la ira de la comunidad lacandona por representar, a decir de Chambor Kin, dirigente lacandón, una nueva invasión a sus tierras que terminó por reventarles la paciencia.

Hasta acá se presentó hoy Campillo y su gente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a gestionar, en el último intento de hacerlo por la vía pacífica, el desalojo de esta pequeña comunidad chol, cuya permanencia en la zona se ha tragado -en sólo dos meses- cuatro hectáreas de bosque para abrir espacio a la siembra de maíz y frijol.

No tardó más de media hora para convencer a Domingo Pérez, cabeza visible del grupo, de que no había mas opción que salirse. Le habló de las órdenes de aprehensión en su contra, del abandono de las mujeres y el cúmulo de niños que hay en el grupo, lo que representaría su reclusión, de la impaciencia lacandona y, finalmente, le ofreció gestionarle tierra:

Veinte hectáreas, asistencia médica, residir en un albergue hasta que les encuentren acomodo, suspender las órdenes de aprehensión y mediar con el gobierno del estado para su reubicación.

Una discreta vigilancia del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Policía Federal Preventiva (PFP) -la elite de este cuerpo- completaba el cuadro. No les tomó mucho tiempo para asumir que no había ya de otra. Al mediodía, cargando ropa, gallinas y perros salieron del lugar, junto con los gopes y el personal de la Profepa.

Satisfecho por la gestión que impidió un desalojo violento, Campillo reivindicó la defensa de la reserva, pulmón fundamental del país, y adelantó que en enero comenzará el desplazamiento de otras siete comunidades que se asentaron en Montes Azules de 2000 a la fecha.

"Esperemos que todos los desalojos sean por esta vía, porque es claro que no se permitirá la colonización de la selva. Por ahora, aunque son pequeñas invasiones, la capacidad de destrucción es grande y acelerada. Si dejamos crecer el problema, al rato no habrá recursos que alcancen para desalojar."

La ira lacandona

La jornada no comenzó con buenos augurios. Apenas llegaron al pequeño embarcadero para cruzar el río Lacantún, un puñado de dirigentes lacandones empezó a desahogar su ira sobre el procurador.

"¿A qué venir? -le soltó Chambor Kin-. Si vienes a desalojar pasas, si vienes a negociar ya no pasas."

Sorprendido y cauteloso, Campillo trató de explicar la necesidad de intentar, por última vez, el desalojo pacífico.

El coro de voces lacandonas comenzó a acosarlo sobre la inutilidad de su política, lo absurdo que era, dijeron, ser los defensores de la ley y no aplicarla.

"Permítanme ir a negociar con ellos...", respondió Campillo.

"Nosotros somos de la tierra... A ver, ¿si invaden tu casa vas a negociar?", terció Juan Chin Cayón.

"Pero si ya vienen los que tienen las armas (Gopes), úsalos de una vez", habló Mario Chambor.

"Me preocupa la situación y quiero que se salgan, igual que ustedes", respondió Campillo.

Poco a poco el reclamo lacandón fue subiendo de tono hasta que le dijeron: "o los desalojas hoy, o mañana entramos nosotros por ellos. Ya estamos hartos de la ley del caxlán, que la tienen y no la aplican".

"Lo que quiero es que se aplique la ley. No quiero que se enfrenten las comunidades", aseguró Campillo.

La tensión crecía. La exigencia de los lacandones de que desalojaran por la fuerza prácticamente cercó al procurador ambiental, hasta que alguien de su personal en la zona pidió un plazo de sólo cuatro horas, no más, para hablar con los choles y conminarlos a salir.

Así se abrió el espacio para negociar con los choles. Seis lanchas trasladaron al procurador y a su personal al paraje, con la inseparable vigilancia de los gopes.

Navegaron 20 minutos por el río Lacantún hasta encontrar un lugar donde una estrecha vereda lleva al asentamiento irregular rebautizado como Lucio Cabañas.

Las precauciones policiacas pronto se hicieron inútiles. No hubo resistencia al diálogo ni al desalojo.

En medio de las negociaciones, algunas mujeres se dieron tiempo para contar sus desventuras. Adriana narró que llegaron desde el municipio Marqués de Comillas, donde vivieron 15 años, y que el asesinato de una de sus compañeras, en 1998, producto de sus diferencias con miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente, fue el inicio de su peregrinar en busca de tierra para sembrar, para vivir.

Vivieron un año en el poblado de Absalón Castellanos, donde rentaron tierra para cultivar. Otros tres en la comunidad de Aguadulce, donde las "envidias" de los pobladores originales terminaron por expulsarlos, y su llegada a este paraje prohibido.

El asentamiento es un improvisado campamento. Pero no es esto lo que preocupa a la Profepa, sino los árboles talados para sembrar maíz y frijol, una siembra que no mitiga su pobreza, pero sí destruye la selva. Además de que sobrevivir en esta región implicaría la caza de cuanto animal puedan comer. Y en esa lista hay tapires -en riesgo de extinción-, tepecoxcuintles, tortugas blancas... En fin, algo que para la Profepa es imperativo preservar.

Los primeros días fueron difíciles, dijo Mateo Pérez, hijo de Domingo, pero al paso del tiempo, con la siembra, se fueron mitigando las dificultades. Eso sí, juró, "nunca cazaron animales".

Junto a él. Contemplando la escena y sin pronunciar palabra, estaba don Mateo, quien tiene 90 años y sigue dando tumbos por la tierra. Su hijo, Domingo, ofreció más detalles de la negociación: les pagarán las 15 toneladas de maíz que sembraron en dos meses a dos pesos el kilo, pero hay reticencia a pagarles el frijol.

Irán de inmediato a un albergue, pero en las negociaciones por la tierra con el gobierno del estado mediarán "los derechos humanos".

Mientras la comunidad se aprestaba a salir del lugar, Campillo lamentó las precarias condiciones de este grupo de choles, de su miseria y abandono, y dijo que espera que puedan atemperarse cuando les entreguen la tierra.

Sin cruzar palabra, el grupo de choles retomó la vereda que los trajo hasta acá. Minutos después,varios marinos llegaron al lugar para resguardarlo.