Emilio Pradilla Cobos
Candados y prioridades presupuestales
La aprobación del Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal en 2003 se desarrolla entre turbulencias políticas; la razón, que no lo justifica, es que el próximo será un año electoral y cada partido usa el gasto público como un instrumento de lucha, en muchos casos sin tener en cuenta si ello afecta los intereses de los habitantes, que son quienes pagan los impuestos y deberían beneficiarse con su utilización.
Los candados que puso la mayoría, formada por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, al gasto que realice el gobierno capitalino con base en la capacidad de endeudamiento que le aprobó -también sujeta a maniobras coyunturales- son unilaterales, pues no se le aplican ni al gobierno federal ni a las otras 31 entidades federales.
Compartimos la idea democrática de que los órganos legislativos -federales y estatales-, como representación popular, aprueben el destino concreto del gasto de inversión y su localización territorial específica, financiado con el presupuesto normal o con el endeudamiento, y controlen y evalúen su ejercicio; así se evita el uso discrecional de los recursos públicos según los intereses y la visión particular de cada gobierno, sobre todo en beneficio electoral propio o de los partidos políticos a los que pertenecen. Pero esto es válido sólo si se trata de una norma legal general, aplicada a todos los niveles de gobierno en el país; en cambio, es inaceptable su aplicación unilateral sólo para el caso del Distrito Federal.
La colocación de estos candados evidencia igualmente la ausencia de soberanía plena en que se mantiene a la capital, su gobierno y sus ciudadanos, al no haberse aprobado una reforma política integral y completa que les otorgue los derechos plenos sobre el ejercicio presupuestal, como a un estado más de la Federación. Recordemos que la iniciativa de reforma política presentada con el consenso de todos los partidos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -la cual consideramos incompleta e insuficiente, pues no resolvía el problema esencial de la igualdad de estatuto legal del DF con los demás estados del país- fue devuelta por el Senado, a iniciativa de la fracción parlamentaria del PRI, históricamente opuesto a su conversión en el estado 32 de la Federación.
Otro asunto nodal en la discusión presupuestal es la asignación del gasto. Los ciudadanos capitalinos no podemos aceptar que se limite el gasto dirigido a la inversión en obras para la ampliación de la oferta educativa estratégicamente planeada, o al mejoramiento del sistema hospitalario; un recorte en estos rubros sería un atentado contra la efectiva garantía universal de los derechos sociales. Pero tampoco podemos aplaudir que se destinen recursos multimillonarios a la construcción de obras de prestigio, como los megadistribuidores y los segundos pisos en Periférico y Viaducto, que benefician a una pequeña porción de los automovilistas -minoría entre los usuarios del transporte-, que promueven el uso del menos racional de los sistemas de transporte urbano, diseñados por fuera de la planeación urbana integral.
En el campo del transporte, no cabe duda de que los sistemas públicos para 80 por ciento de los capitalinos, en particular el Metro, el más racional y menos contaminante, deben tener prioridad absoluta; no se trata de un problema de tiempo de diseño, sino de prioridades urbanas. De otro lado, existen muchas otras prioridades de inversión que benefician a toda la población, como la solución del déficit cuantitativo y cualitativo de los servicios de agua potable y drenaje, sobre todo cuando el abasto del líquido está amenazado por la decisión del gobierno del estado de México de reducir el aporte al DF en tres metros cúbicos por segundo. El gobierno local debió modificar algunas de sus prioridades de inversión y a partir de ello llegar a acuerdos con los diputados de todos los partidos en los órganos legislativos federales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para construir un presupuesto que beneficie a la mayoría de los capitalinos.
Los desplantes verbales, los calificativos, no benefician a nadie, ni siquiera a quienes los emiten, aunque den popularidad. Los ciudadanos pedimos un debate presupuestal abierto, público y transparente, basado en argumentos estructurados y en proyectos urbanos de largo plazo; no nos satisfacen posiciones tercas en un sentido u otro sobre proyectos unipersonales o a partir de intereses electorales de corto plazo, ni duelos verbales taquilleros pero alejados del interés público. El futuro de la ciudad, asunto colectivo, tiene que colocarse por encima de las posturas particulares de los políticos y sus partidos.
