Adolfo Gilly

Montes Azules: la peor de las políticas

La política del gobierno del presidente Fox en Chiapas tiene una definición precisa: dejar que se pudra más y más la situación. Esta política fue determinada desde el candado legislativo que el Congreso de la Unión puso a los pueblos y comunidades cuando hizo a un lado los acuerdos de San Andrés y aprobó el engendro de su "ley indígena".

El significado de esa decisión no fue sólo cerrar las puertas del México institucional a los pueblos y comunidades, sino a todos los pobres del México real que también se reconocen en la causa indígena: es decir, dejar afuera a la mayoría de la población del país y a la casi totalidad de su pueblo campesino. Podrán ser sujetos de asistencia, pero no sujetos de derecho.

Esta situación se va consolidando con iniciativas diversas cuya lógica unificante es la exclusión de los pobres y la apropiación por las finanzas de las vidas y el patrimonio natural, cultural y social de los mexicanos a través de medidas y acciones jurídicas, económicas e institucionales. No es el gobierno de México, sino México entero el que está cambiando de manos.

Este cambio tiene lugar bajo un régimen que es la continuidad financiera del que se fue afirmando a partir de Carlos Salinas, pero que no es su continuidad política. Las instituciones y el aparato estatal se están acomodando a este mando financiero ajeno a ellas y cada vez más consolidado. Los partidos políticos, PAN, PRI y PRD, en tanto parte de esas instituciones, viven los conflictos propios de éstas y cada vez menos los de la sociedad, que sólo les llegan por reflejo o resonancia. El episodio del choque entre las organizaciones rurales y el Congreso no pertenece a la crónica policial, como se lo quiere hacer aparecer, sino al creciente desencuentro entre ambos mundos. Crecerá del mismo modo la tentación de criminalizar a los movimientos sociales.

Dos artículos recientes resumen los peligros de esta evolución: el de Alejandro Nadal, Desalojos y biodiversidad: Montes Azules (La Jornada, 18 diciembre 2002) y el de Andrés Aubry, Genocidio (La Jornada, 21 diciembre 2002). El primero muestra con datos firmes cómo es la pobreza lo que desborda sobre las áreas naturales protegidas, entre ellas la de Montes Azules, y cómo la represión jurídica de este desborde no obedece a una defensa del patrimonio natural de la nación sino de las ambiciones y proyectos de empresas financieras nacionales y extranjeras. El segundo, en el cual se combinan serenidad, severidad y precisión, muestra cómo la tragedia de Acteal, cuyos mandantes y beneficiarios continúan impunes, puede repetirse en Chenalhó o en Montes Azules mientras subsistan, como subsisten, las condiciones que la engendraron.

El gobierno de Fox no es, en el plano político, lo mismo que el de Ernesto Zedillo, heredero y continuador de la larga historia de matanzas campesinas del PRI en el poder. No ha mostrado hasta ahora querer retomar a su cargo la continuidad de esa historia sangrienta. El gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía no es el de Patrocinio González Garrido ni el de Julio César Ruiz Ferro, implicado directo e impune en la masacre de Acteal. También aquí, en el plano político, se ha operado una ruptura.

Pero la política del gobierno federal de dejar pudrirse la situación social para mejor apretar los tornillos jurídicos (desalojos), económicos (grandes proyectos) y militares (cerco a las comunidades indígenas) que faciliten el cambio y la subordinación del mando de los caciques al mando de las finanzas, conducen a que el desborde de la pobreza y la ubicuidad de la violencia paramilitar y la presencia militar terminen por cruzarse en algún punto y desencadenen otra vez la tragedia, en Chiapas o en cualquier otro punto de la ilimitada geografía de la pobreza mexicana.

A cinco años del sacrificio de Acteal, el mundo de la política institucional está cada día más lejos del universo popular donde aumentan la violencia y la pobreza. Hoy mucho menos que entonces, no es de los partidos institucionalizados y de sus maromas electorales de donde podrán surgir las fuerzas y las iniciativas para imponer a ese curso el freno y el viraje que en este aniversario tantas voces reclaman. Dejar que todo se pudra, como lo están haciendo en el caso de Chiapas los tres poderes de la Federación, es la peor de las políticas imaginables.