Las diferencias entre PRI y PAN, la causa
El Congreso de Yucatán está en desacato: Bolio de Ocampo
LUIS A. BONFILL GOMEZ CORRESPONSAL
Merida, Yuc, 22 de diciembre. El diputado panista Gerardo Bolio de Ocampo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Yucatán, confirmó que el Poder Legislativo estatal sí incurrió en desacato al no adecuar en la Constitución de Yucatán las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a la autonomía municipal, que aprobó en 1999 el Congreso de la Unión.
Bolio de Ocampo aseguró que "varios" legisladores estatales yucatecos -de quienes se negó a dar los nombres- "no quieren comprometerse ni lo-grar consensos para sacar iniciativas de ley dictaminadas desde hace años por el Constituyente federal".
La Jornada informó que el diputado federal Marcos Pérez Esquer, secretario de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, envió el pasado 4 de diciembre a la Legislatura de Yucatán un dictamen en el que exhortó a los diputados yucatecos a reformar la Constitución estatal y poner en vigencia
el artículo 115, pues es la úni-ca entidad en el país que no
ha puesto en práctica dicho ordenamiento.
En caso de mantenerse el desacato, el Congreso local podría recibir una sanción económica e incluso podría someterse a juicio político a los 25 diputados estatales.
El diputado indicó que la Legislatura estatal está "en virtual" desacato, aunque "parte de la culpa la tienen los líderes del Congreso anterior, quienes ignoraron el mandato del Congreso de la Unión".
El panista previó que este caso se trataría en las próximas sesiones ordinarias del Poder Legislativo yucateco, si bien recordó que éste iniciará un receso el 6 de enero de 2003 y reanudará labores hasta marzo entrante. "Queda poco tiempo, vamos a ver qué se puede hacer", agregó.
Bolio de Ocampo destacó que las diferencias internas entre las fracciones panista y priísta en el Congreso estatal "impiden llegar a consensos importantes en materia legislativa", y que en las semanas recientes la discusión giró en torno al enfrentamiento entre el gobernador Patricio Patrón Laviada y los magistrados del Poder Judicial, a quienes el mandatario calificó de corruptos.
En respuesta, los magistrados pidieron la intervención del Senado de la República para "frenar" tales acusaciones.