Acepta el gobierno iniciar pláticas para llegar a un acuerdo nacional en defensa del campo

Demanda el CAP la creación de un fondo compensatorio agrícola

Sagarpa y Economía responden a la amenaza campesina de cerrar puertos y fronteras por el TLCAN

GEORGINA SALDIERNA

El Congreso Agrario Permanente (CAP) demandó ayer al gobierno federal la firma de un acuerdo nacional para la defensa del campo ante la inminente entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -el próximo primero de enero- y propuso la creación de un fondo compensatorio agrícola que funcione de manera similar a los que operan en la Unión Europea para los países con menor desarrollo económico.

Ante la advertencia de organizaciones campesinas de que en caso de no obtener respuesta a sus peticiones antes del 30 de diciembre organizarían movilizaciones y bloquearían puertos y puntos fronterizos, el gobierno respondió por medio de un comunicado conjunto de la Secretaría de Economía y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el que anuncia la decisión de establecer pláticas con el CAP, "como ha aceptado toda iniciativa dirigida al fortalecimiento de las acciones para el desarrollo del medio rural".

La coordinadora del CAP, Guadalupe Martínez, advirtió que si no hay políticas integrales que apoyen el desarrollo del campo habrá violencia en el agro, pues de sobra es conocida la dramática situación por la que atraviesan los productores.

En conferencia de prensa manifestó que la propuesta de llegar a un acuerdo en defensa del campo fue presentada a las autoridades del sector agropecuario encabezadas por el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, y pidió que no sólo éstas la suscriban, sino también el presidente Vicente Fox.

De acuerdo con Martínez, el acuerdo planteado contiene metas a corto, mediano y largo plazos, y busca, entre otros objetivos, una planeación estratégica del sector que permita su recuperación y desarrollo, así como el aprovechamiento de sus capacidades. Todo ello en el marco de la Ley de Desarrollo Rural, agregó.

Dijo que incluye el establecimiento de salvaguardas para aquellos productos que podrían verse afectados por la reducción de aranceles a partir del próximo primero de enero. La legisladora señaló que se está demandando la creación del fondo compensatorio, cuyo monto económico aún no se tiene calculado, pero se estima que funcionaría por varios años y tendría que contar con la participación de Estados Unidos y Canadá.

La coordinadora del CAP puntualizó que se requiere una política de Estado para el campo que dé respuestas integrales y no parciales o a medias, como sucede en la actualidad. De esta manera, refirió que el acuerdo del Senado de la República para aplicar medidas compensatorias luego de que se analice el impacto de la apertura comercial no constituye ninguna protección para el agro, ya que se trata de un planteamiento que se quedó en el papel.

Guadalupe Martínez resaltó que en la firma del acuerdo deben estar todos los secretarios relacionados con el sector agropecuario para que se establezca la política integral que demanda el CAP y se evite la violencia que puede estallar en el campo. Los campesinos, añadió, merecen que el gobierno los escuche; reclaman una respuesta pronta y expedita.

Si se acepta la propuesta de acuerdo, las organizaciones que integran el CAP se presentarán con las autoridades gubernamentales para dialogar sobre las soluciones que requiere el campo, pero si no es así antes del 30 de diciembre habrá movilizaciones en todo el país.

Incluso puede registrarse el cierre de fronteras, agregó. Por su lado, Alvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), denunció que el gobierno federal está amenazando con utilizar el Ejército y la policía en contra de quienes se manifiesten el primero de enero. Sería lamentable que frente a una exigencia de los campesinos se diera este tipo de respuesta, comentó. Advirtió que el plan de cerrar puertos y fronteras sigue en pie en tanto el gobierno no acepte crear un real blindaje del campo.

Respuesta a las protestas

Horas después del nuevo planteamiento del CAP, el gobierno federal aceptó entablar pláticas acerca de la propuesta de llegar a un acuerdo nacional para la defensa del campo.

La respuesta gubernamental se produjo luego de las acciones de protesta que han realizado los productores agropecuarios en demanda de medidas que ayuden a paliar la eliminación de aranceles que tendrá lugar a partir del primero de enero, como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Entre las movilizaciones destaca la toma de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, las marchas que le precedieron, el plantón frente a San Lázaro y hasta la colocación de un establo ambulante a las puertas del Palacio Legislativo.

Como primer paso para avanzar en la propuesta del CAP el gobierno federal decidió conformar un grupo de trabajo "que sirva de interlocución inicial con las organizaciones, cuya tarea principal será definir la naturaleza, temática e instrumentos del acuerdo".

En el comunicado conjunto de dos cuartillas que contiene nueve puntos, las secretarías de Economía y la de Agricultura aseguran que la defensa del productor agropecuario mexicano "tiene la mayor de las prioridades", luego de reconocer que la situación de algunas actividades económicas del sector -afectadas por los precios internacionales y fenómenos climáticos- y la fragilidad de las economías familiares de importantes segmentos de la población rural convierten las necesidades en requerimientos sociales urgentes.

Según las secretarías, el gobierno federal ha venido construyendo e implementando una política de Estado para el campo mexicano, consciente de que enfrenta problemas de rentabilidad que se arrastran desde hace varias décadas y de que a esta situación se suman problemas específicos de comercialización y competitividad.

Diálogo y concertación

En los considerandos de la respuesta gubernamental, las dependencias resaltan el diálogo y la concertación como única vía para la solución de los problemas; reconocen que las políticas agropecuarias son perfectibles y aceptan que es necesario asegurar la viabilidad y la competitividad del sector, en un entorno de economía abierta y creciente comercio internacional.

Asimismo señalan conveniente la creación de un acuerdo plural, "a fin de enriquecer el conjunto de políticas de apoyo al sector, tanto aquellas de carácter coyuntural como las de carácter estratégico, que permitan en lo inmediato sostener la plataforma productiva, y en el mediano y largo plazo dar certidumbre al desarrollo de la sociedad rural".

Por último enumeran las acciones que ha efectuado el gobierno en apoyo al campo, como la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Programa Especial Concurrente; la Ley de Capitalización del Procampo; la creación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, la ampliación del presupuesto público destinado al sector; la conformación de la nueva Financiera Rural y la actualización del marco legal en materia de comercio exterior, a fin de asegurar una competencia leal entre productores nacionales y sus competidores extranjeros. CON INFORMACION DE MIRIAM POSADA