Subrayan las limitaciones que ha tenido contra el impacto de la apertura comercial

Cuestionan diputados la eficacia de Procampo para mitigar la crisis

El programa no ha podido compensar la reducción y eliminación de subsidios, afirman

ROBERTO GARDUÑO

Un análisis elaborado por la Cámara de Diputados cuestiona la eficacia del Procampo para mitigar los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) "porque no ha cumplido con los objetivos que se le asignaron desde el principio, y en los primeros siete años de vida del acuerdo comercial no ha podido compensar la reducción y eliminación de los diversos conceptos de subsidio al costo, así como por la pérdida de ingresos propiciada por la apertura comercial, esto sin tomar en cuenta la reducción de su valor en términos reales año con año".

El estudio legislativo Impactos del TLCAN en el sector agropecuario de México señala también que el pobre desempeño de la economía nacional frente a los requerimientos del tratado y el constante déficit fiscal del gobierno federal "han propiciado el estancamiento de la inversión pública para el sector agropecuario y la erosión en términos reales de Procampo y Alianza para el Campo, porque la apertura comercial respondió a la necesidad de liberar recursos públicos para servir a la esfera financiera".

La inminente apertura de la frontera mexicana a los productos el campo estadunidense, se plantea, deja abiertas muchas interrogantes sobre la eficacia de los pocos instrumentos de capitalización en el sector agrario nacional. Uno de ellos, el Procampo, que representa para las autoridades un baluarte, es para los diputados un programa inconcluso.

Procampo fue concebido como un sistema de apoyos para fomentar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales y modernizar el sistema de comercialización para incrementar la capitalización de las unidades de producción rural. También se pretendía facilitar la conversión de las superficies con el propósito de una mayor rentabilidad. No obstante, el estudio sobre los impactos del TLCAN en el campo mexicano señala:

"Desde su orígenes, el Procampo no compensó las pérdidas por la caída de los precios y actuó en forma discriminatoria: los pagos se realizaron para ciertos cultivos y no a todos los productores. Asimismo, no ha compensado la productividad por la explotación de predios ni de la infraestructura y está muy lejos de ser bujía necesaria para incrementar la productividad del sector que cada vez más se enfrenta a un mercado abierto.

"El Procampo es una sistema de pagos compensatorios que lo hacen constituirse en una bolsa que canaliza al productor los montos del subsidio destinados a cubrir la superficie registrada en los padrones, y no equilibra los apoyos y compensaciones que otorgan los otros países signantes a sus productores."

Además, la falta de crédito en el sector agropecuario ha conducido al Procampo a convertirse en un elemento sustancial en las estrategias de producción del campesino mexicano, a tal grado que las deudas de los productores las cobran directamente los acreedores mediante el programa, se señala en el documento.

"Los pagos se han convertido en una línea de crédito de corto plazo, ya que bajo la figura jurídica de cesión de derechos las compañías productoras de semillas, fertilizantes y plaguicidas, aseguradoras y bancas comerciales han obtenido los derechos para cobrar directamente los cheques de Procampo para cubrir el costo de los paquetes tecnológicos y de servicios que ponen a la disposición de los productores.

"Es evidente que el valor real de los recursos que recibe cada productor mediante Procampo debe restituirse a los niveles de 1994. Lo más importante será revisar a fondo los objetivos primarios del programa y su sistema operativo."

En otro apartado del estudio, se advierte que aunado al déficit comercial, los dos últimos gobiernos priístas incurrieron en el desprecio de las actividades agrícolas. Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial se ha observado una caída constante de los recursos federales destinados al campo.

A escasos días de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN, los diputados consideran las desventajas estructurales del país y su repercusión en la economía de millones de campesinos pobres, porque México tiene uno de los niveles más bajos de gasto público como proporción del producto interno bruto, además de que se mantiene la política de recortes al gasto programado.

"La recomendación sobre el déficit público tenía algo de saludable inicialmente, pero se ha distorsionado y convertido en una receta dogmática para aplicar recortes indiscriminados en el gasto público, amenazando proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo, y manteniendo en un nivel peligrosamente bajo el gasto en rubros como campo, educación, salud y vivienda. Estas inversiones eran indispensables en el proceso de transición hacia un régimen de economía abierta, y desde ese punto de vista los recortes fiscales representan incluso una amenaza para los objetivos de la apertura comercial."

El gasto público, se puntualiza, observó una constante reducción en los años previos y posteriores a la firma del TLCAN, a tal grado que en 1980 se destinaron para ese rubro 34 mil 952 millones de pesos. En 1994 el monto alcanzó 16 mil 15 millones y en 1999 fue de 8 mil 800 millones. De tal forma, se concluye, la disminución de recursos para el apoyo del campo y el desamparo de millones de familias erosionan las actividades agropecuarias del país, con el consecuente resultado del abandono de las tierras productivas y el posicionamiento de los productos de origen estadunidense, cuyas ventajas se esconden en los cuantiosos subsidios autorizados.