Demanda al IFE esperar fallo del Poder Judicial

Detener indagación sobre el Pemexgate, exige el PRI

El partido respondió ayer a emplazamiento del instituto

ENRIQUE MENDEZ

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) respondió ayer al emplazamiento que el Instituto Federal Electoral (IFE) le hizo el 25 de noviembre sobre la investigación iniciada por presunto financiamiento ilegal en la campaña presidencial de 2000, y señaló que las acusaciones se fundamentan en testimonios de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) y en "presunciones" de que el tricolor recibió dinero de Petróleos Mexicanos, sin que se ofrezca una sola prueba.

Por ello, el partido reclamó que el instituto y la Comisión de Fiscalización detengan su indagatoria hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine -a partir de la queja que los priístas presentaron el fin de semana pasado- si los consejeros, que en marzo presentaron una demanda penal, tienen calidad jurídica para investigar el caso, y la PGR concluya la averiguación previa iniciada a partir de dicha denuncia.

En la respuesta, que consta de 400 cuartillas, más los anexos, presentada horas antes del vencimiento del plazo legal para hacerlo, ante la secretaría técnica de la Comisión de Fiscalización, el PRI instó al instituto a que "se apegue plenamente a la norma y no le dé valor probatorio a los testimonios de testigos protegidos", o que permita a los abogados del partido sostener un careo con aquéllos.

De lo contrario, alegó, si el instituto determina que el tricolor es acreedor a una sanción por el uso ilegal de dinero, violaría el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que sólo admite como pruebas las documentales y las periciales.

"Y si ellos violan la ley, que permitan al PRI repreguntar a los testigos y ofrecer el testimonio del procurador Rafael Macedo de la Concha; del contralor Francisco Barrio Terrazas, y de los titulares de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), Santiago Vasconcelos; de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), María de los Angeles Fromow; de la Auditoría Superior de la Federación, así como de Francisco Labastida", ex candidato presidencial del PRI.

Según el partido, el instituto está obligado a reconocer que el tricolor no cometió ninguna violación a las leyes electorales y que no recibió financiamiento adicional al reportado en 2000.

Preocupación por financiamiento futuro

Y aunque en el emplazamiento del instituto no se menciona que ya se analiza imponer una sanción al PRI, éste considera que la decisión "natural" si el IFE admite como "verdad última" que sí se cometieron irregularidades es imponerle un castigo económico, que implicaría una multa hasta por mil millones de pesos, lo doble de lo supuestamente transferido por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a la campaña de Francisco Labastida.

Los representantes del PRI expresaron que el IFE debe detener la investigación, porque puede presentarse la hipótesis de que cuando el proceso judicial concluya, las autoridades determinen que en los hechos y en la averiguación previa no hay elementos para acreditar el delito.

"Si esto es así, sería totalmente injusto para el PRI, al que se le aplicaría una sanción económica en pleno proceso electoral, lo que le afectaría no sólo en 2003, sino en los años posteriores, porque incidiría en su porcentaje de votación y, por lo tanto, en el financiamiento público entre 2004 y 2006", dijo el coordinador jurídico del comité nacional del partido, Miguel Angel Yunes, quien entregó ayer la respuesta priísta junto con Rafael Ortiz Ruiz, representante suplente en el IFE.

Yunes señaló que los consejeros de la Comisión de Fiscalización tenían "prisa" de emplazar al partido a presentar sus alegatos en la investigación sobre el denominado Pemexgate; tanta, que integraron mal el documento.

Refirió que en la sesión del 5 de noviembre de la comisión, los consejeros Jaime Cárdenas y Mauricio Merino argumentaron al presidente de esa instancia, Alonso Lujambio, que el emplazamiento estaba mal integrado. Según una versión que Yunes leyó en conferencia de prensa, Cárdenas afirmó que el emplazamiento equivale a un pliego de consignación.

Por ello, habría dicho Cárdenas, tenía que ser "algo muy estructurado, con elementos probatorios o indiciarios", pues de lo contrario el PRI tendría argumentos para refutar los señalamientos del IFE.

Explicó el representante priísta que en el documento de la comisión no se señala específicamente cuál es la irregularidad que se imputa al partido, sino que sólo se hace referencia a que el Revolucionario Institucional pudo haber cometido violaciones a los artículos 38, 49 y 182 del Cofipe, pero no presentó una acusación directa.