Diez razones para una moratoria al TLCAN

1. Porque el sector agropecuario y rural mexicano se encuentra en una situación de grave daño económico, social y ambiental, en gran parte debido a las importaciones agroalimentarias y forestales procedentes de Estados Unidos.

2. Porque Estados Unidos ha incumplido el espíritu y la letra del TLCAN así como los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que estipulan claramente la eliminación de prácticas desleales de comercio y la disminución de subsidios agrícolas que distorsionan el comercio internacional. Los subsidios del gobierno estadunidense pasaron de 5 mil millones de dólares en 1994 a 32 mil millones en 2000.

3. Porque debido a lo anterior se ocasiona una caída artificial en los precios agrícolas internacionales y se otorga una ventaja artificial y desleal a las exportaciones agroalimentarias estadunidenses hacia México.

4. Porque los subsidios agrícolas del gobierno de Estados Unidos hacen que se fijen precios de mercado por debajo de los costos de producción, llevando esto a la formación de precios dumping.

5. Porque a su vez el gobierno mexicano brinda protección especial y desgravamiento a las importaciones estadunidenses y reduce en términos reales los subsidios a nuestro sector agrícola, causando la caída de los precios reales y la pérdida de rentabilidad a los agricultores mexicanos.

6. Porque las importaciones agroalimentarias procedentes de Estados Unidos han dejado mucho que desear en materia de calidad y sanidad. Hemos sido inundados con alimentos dañinos a la salud humana y animal y que afectan nuestro ambiente. Así pasa con el maíz y la soya transgénicos, el maíz y el sorgo con aflatoxinas, carne y leche con hormonas o con años de refrigeración, etcétera.

7. Porque en realidad estos años del TLCAN no han sido de libre comercio. Estados Unidos ha manejado un doble lenguaje: que México abra sus fronteras, pero ellos cierren discrecionalmente las de ellos; que nuestro país elimine los subsidios, pero que ellos los aumenten; calidad y sanidad a las exportaciones mexicanas, pero alimentos hipercongelados, con multitud de hormonas y químicos para los mexicanos.

8. Porque el apartado agropecuario del TLCAN fue mal negociado y mal implementado por los gobiernos de México y de Estados Unidos, según reconocen ahora altos funcionarios de ambos países. Fue el fruto de la negociación de uno de los regímenes más autoritarios y corruptos de los últimos años: el de Carlos Salinas de Gortari.

9. Porque en ejercicio de nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos no podemos permitir que el TLCAN esté sobre nuestra Constitución, que establece que la soberanía nacional radica esencial y originalmente en el pueblo; porque en ella se garantiza el derecho al trabajo y porque faculta al Congreso de la Unión y al Ejecutivo para que, en condiciones de emergencia económica, restrinjan y prohíban las importaciones para regular el comercio exterior en beneficio de la economía y la estabilidad del país.

10. Porque el mismo TLCAN en su capítulo VIII, referente a Medidas de Emergencia, y las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio en su capítulo XXXI otorgan el derecho a un país a interrumpir los compromisos de desgravación por causas de seguridad nacional.

Cómo operaría la moratoria

De conformidad con los artículos 131, 39 y 73, fracciones XXXIX A y E de la Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, se demanda al Senado de la República que declare al campo mexicano en estado de emergencia económica, social y ambiental. Consecuentemente se decreta la suspensión provisional por tres años a partir del 1º de enero de 2003 de las obligaciones contraídas por nuestro país en el apartado agropecuario del TLCAN relativas a las cadenas agroalimentarias definidas como básicas y estratégicas para nuestra seguridad y soberanía alimentaria en el capítulo XVII de la nueva ley de desarrollo rural sustentable: las cadenas del maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche y carnes de bovinos, porcinos, aves y pescado

Lo anterior implica que el Senado decrete en la Ley de Ingresos 2003 y la Tasa Aplicable para 2003 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias con los cuales se tiene tratado comercial el establecimiento a partir del 1º de enero de 2003 de aranceles y aranceles-cuotas anuales y/o estacionales, con impuestos ad valórem de 0 a 30 por ciento diferenciales para cada una de las cadenas agroalimentarias consideradas como básicas y estratégicas en la nueva ley de desarrollo rural sustentable.

El Congreso de la Unión deberá expedir un decreto mediante el cual instruya al Ejecutivo federal para que inicie un proceso de renegociación del apartado agropecuario del TLCAN con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a partir de los mandatos de la Constitución de la nueva ley de desarrollo rural sustentable.