Pacto rural: lágrimas y risas

Como van las cosas, la Convención Nacional de Desarrollo Rural -a la que el gobierno federal y algunas organizaciones campesinas han citado para el 5 de febrero, con el propósito de firmar un acuerdo nacional para el campo y replantear la política agraria- está condenada a ser una nueva simulación en el establecimiento de una relación distinta entre Estado y sociedad rural.

El viejo pacto entre Estado y campesinos formulado durante el cardenismo tuvo como elemento central la reforma agraria. Los agraristas apoyaron a los gobiernos de la Revolución Mexicana y éstos les dieron tierra. El salinismo trató de reformular ese acuerdo ofreciendo el fin de la vieja tutela estatal y derrama económica a cambio de que las dirigencias campesinas avalaran las contrarreformas al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Su éxito a corto plazo terminó convertido en un fracaso estrepitoso.

¿Qué ofrece Vicente Fox a los campesinos mexicanos para que se sumen a su pacto? Hasta hoy, la visión que tiene su administración sobre las políticas que se requiere implementar en el campo mexicano está absolutamente desfasada de las necesidades y el sentir de los pequeños agricultores. Esta visión mezcla tres elementos centrales: la continuidad de las políticas agropecuarias surgidas durante el salinismo, la apología del empresariado como sujeto del desarrollo rural, y la filantropía empresarial (proveniente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural) que hace del microcrédito y el impulso del sector exitoso al marginado la piedra angular para alcanzar la prosperidad.

Más allá de las contradictorias declaraciones que los funcionarios responsables de la política agropecuaria han hecho durante estos últimos dos años, la propuesta gubernamental hacia el campo está contenida en el Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006. Se trata de un documento de 135 páginas, más tres anexos, en el que se elabora un análisis del sector, se explica el desafío que enfrenta, se desglosan los programas de acuacultura y pesca, agrícola, pecuario y los relacionados con la alimentación, y se resumen las conclusiones en un epílogo.

Según dice el jefe del Ejecutivo en el mensaje que presenta el texto: "Nuestra prioridad indiscutible es la superación, capacitación y el desarrollo de capital humano, si queremos tener un campo fuerte y competitivo". De acuerdo con el programa, los puntos sensibles identificados que la Secretaría de Agricultura debe atacar y resolver de manera prioritaria son dos: a) la falta de una visión empresarial en una gran parte de los productores del campo, y b) el estímulo a la creación de organizaciones orientadas a satisfacer las necesidades del mercado interno que, simultáneamente, hagan uso de las ventajas comparativas en el mercado externo.

El documento no tiene prácticamente referencias a los problemas que se desprenden de la apertura comercial y del TLCAN. Y, en las pocas ocasiones en las que se refiere al asunto, se limita a resaltar sus ventajas y a omitir sus dificultades. Señala así: "El proceso de globalización y apertura comercial significa un conjunto de retos, de oportunidades y de desarrollo potencial que deben ser considerados en las políticas públicas para promover nuestras fortalezas y atender nuestras asimetrías". Asimismo, sujeta el desarrollo del sector a las variables macroeconómicas y sacrifica la soberanía alimentaria. El programa establece con toda claridad que "en este contexto, la política macroeconómica y el objetivo de crecimiento con calidad determinan y condicionan la política de fomento sectorial".

Más allá de la retórica sobre la formación de capital humano y la promoción de habilidades empresariales, la administración foxista ha dado continuidad a los programas de gobierno surgidos con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, limitándose a cambiarles de nombre o a hacer pequeñas modificaciones en su funcionamiento. Es así como Procampo, Acerca, Alianza para el Campo o Procede siguen funcionando, en la mayoría de los casos rebautizados, pero con el mismo sesgo en favor de los grandes agricultores que, en su mayoría, siempre han tenido.

Con esta visión y estas políticas hablar del establecimiento de un nuevo pacto entre Estado y movimiento campesino es pura demagogia. Pretender establecer un acuerdo de largo plazo entre productores y gobierno federal sobre la oferta de los funcionarios públicos de ayudar a generar nuevas oportunidades de empleo no tiene seriedad alguna.

No puede firmarse ningún pacto serio entre Estado y campesinos si no se modifican las políticas que dañan a la sociedad rural: la falta de rentabilidad de sus productos, la apertura comercial prácticamente indiscriminada sin políticas de compensación y reconversión; el desmantelamiento de la intervención estatal para garantizar la certidumbre productiva; la carencia de recursos fiscales suficientes para el sector; la prioridad dada a los objetivos macroeconómicos por sobre la necesidad de preservar la soberanía alimentaria, y la prevalencia de acciones de gobierno con un fuerte sesgo antirrural y anticampesino.

¿Cuál es el corazón de la propuesta de nueva relación que Vicente Fox ofrece a la sociedad rural? ¿Convertir a los campesinos en prósperos empresarios? ¿Promover la formación de recursos humanos? ¿No modificar el capítulo agropecuario del TLCAN? Si es así, entonces la respuesta a la iniciativa de firmar un nuevo pacto sólo puede ser una: ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!