DESFILADERO
Jaime Avilés
La venganza del padre Maciel
¿Existe algún vínculo entre la
renuncia de Jorge G. Castañeda y el golpe a Canal 40?
¿Qué sigue: la Brigada Blanca, el entronizamiento
de la censura?
¿QUE SUCEDIO EN los salones de la
Secretaría de Gobernación, donde los propietarios y representantes
legales de Televisión Azteca y CNI-Canal 40, convocados por Santiago
Creel Miranda, discutieron entre las 11 de la noche del martes 7 y las
6 de la tarde del jueves 9 de enero de 2003, para tratar de alcanzar un
acuerdo en torno del conflicto creado por la irrupción de un comando
armado, a las órdenes de Ricardo Salinas Pliego, en el cerro del
Chiquihuite?
De acuerdo con testimonios disponibles, lo primero que
dijo Javier Moreno Valle, accionista principal de Canal 40, al sentarse
frente a Salinas Pliego, fue: "Yo no vengo a vender una empresa que hemos
construido con tantos esfuerzos. Yo vengo a exigirle al gobierno federal
que, de acuerdo con el estado de derecho que nos rige, se nos restituya
nuestra antena, que fue secuestrada a punta de pistola por un grupo de
hampones que se ríen de la ley".
Creel
Miranda habría intervenido para fijar la litis del asunto. El gobierno,
habría dicho, era sensible a la inquietud social generada por este
hecho y estaba aportando sus buenos oficios para que saliera un arreglo
satisfactorio para todos. Salinas Pliego, a su vez, habría recitado
lo que sus abogados y locutores habían repetido hasta la saciedad
desde las pantallas de la emisora que posee. A saber, que en julio de 2000
Moreno Valle rompió unilateralmente el contrato firmado por ambas
empresas y que, en virtud de ello, CNI adeudaba a Tv Azteca un depósito
de 25 millones de dólares, mismos que, con los intereses acumulados
a la fecha, daban un gran total de 52 millones de dólares, o 520
millones de pesos, al tipo de cambio actual.
En respuesta, Moreno Valle habría reconocido el
adeudo de 25 millones de dólares pero, según sus cálculos,
con los intereses derivados de aquella suma el total ascendería,
cuando mucho, a 32 millones de dólares, o 320 millones de pesos.
Creel Miranda habría zanjado la discusión al proponer que,
en números redondos, la cifra quedara en 40 millones de dólares.
Con ese acuerdo finalizó el primer encuentro a las 5 de la mañana
del miércoles 8.
Ese mismo día, a eso de las 12, el debate se habría
reanudado cuando los abogados de Moreno Valle propusieron un mecanismo
para cubrir los 40 millones de dólares en etapas, aunque para ello,
lógicamente, requerían la devolución de la antena
capturada. "Si no tenemos pantalla, ¿cómo quieren que consigamos
el dinero?", habría dicho el abogado Fernando Gómez Mont
en repetidas ocasiones. A lo cual Tristán Canales, apoderado legal
de Salinas Pliego, respondió que su cliente había cedido
mucho al renunciar, en principio, al cobro de 12 millones de dólares,
"bajándose" de 52 a 40, pero que, dada la "informalidad" de Moreno
Valle, demandaba que el pago se hiciera de inmediato, ahí mismo.
Durante la tercera sesión, el propio miércoles
8 por la tarde, ante la insistencia de los representantes de Creel para
ablandar a los abogados de Salinas Pliego, se habría convenido en
una especie de calendario de pagos, que Tv Azteca aceptaría siempre
y cuando la suerte principal de la operación, los 25 millones de
dólares, fueran devueltos sin mayor dilación, ahí
mismo. Los hombres de Moreno Valle, después de reiterar que eso
era imposible, y que sin la señal de Canal 40 al aire nadie les
prestaría un centavo, prometieron hablar con sus contactos y tratar
de garantizar el pago con algunos bienes en depósito mientras obtenían
el dinero en efectivo.
Pero el jueves por la mañana, cuando volvieron
a verse las caras por cuarta ocasión, los abogados de Salinas Pliego
habrían rectificado su posición nuevamente, al pedir bienes
en garantía de todo el adeudo, tanto de la suerte principal como
de los intereses. Y de nuevo Creel los persuadió de no endurecerse
cuando el acuerdo parecía ya al alcance de la mano. Fue en esos
términos como se levantaron de la mesa para regresar con un proyecto
de resolución bien acabado.
¿Qué sucedió entonces? Alguien habría
intervenido a favor de Tv Azteca desde la más alta cima del régimen,
porque en cuanto las partes se reunieron a las 5 de la tarde cambió
por completo la actitud de los hombres de Gobernación. Desconociendo
todo aquello que había sido conversado, los abogados de Salinas
Pliego retomaron su postura original: "el señor Moreno Valle nos
debe 52 millones de dólares y la única forma en que podemos
darnos por satisfechos es con el pago, ahora mismo, de 52 millones de dólares.
De lo contrario no vamos a discutir más".
Para sorpresa de Moreno Valle y de sus representantes
legales, esta vez la actitud de los hombres de Gobernación no fue
conciliadora ni mucho menos. Se habrían limitado a repetir: "si
Canal 40 debe 52 millones de dólares debe cubrir esa cantidad ahora
mismo; si no, el gobierno de la República se verá en la obligación
de asegurar todos los bienes de Canal 40, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 142 bis de la Ley de Radio, Televisión y
Cinematografía".
Ante semejante espectáculo de cinismo y connivencia
entre quienes se hicieron justicia a mano armada y el Poder Ejecutivo
que otorgó toda la razón a éstos, los abogados de
Moreno Valle no tuvieron tiempo ya de advertir que el citado artículo
no era aplicable a Canal 40, porque, según el cuerpo de esa ley,
el gobierno sólo podrá asegurar los bienes de una
emisora cuando ésta efectúe transmisiones sin ser concesionaria
de una frecuencia o contar con el debido permiso.
Pero Canal 40 era concesionaria de una señal de
la que fue privada en forma arbitraria y tenía los permisos gubernamentales
necesarios para ex-plotarla. ¿Dónde o cómo se hizo
acreedora a la sanción prevista por la ley? En ningún lugar
o momento. Lo que ahora queda claro es que esa pifia del Ejecutivo podrá
ser revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero
antes de que ello ocurra habrán transcurrido ya las elecciones del
próximo 6 de julio y, al apagar Canal 40 en forma tan alevosa y
totalitaria, el "gobierno" de Fox (así, entre comillas que lo desnudan)
habrá acudido a un proceso dizque "democrático", amparándose
en una actitud dictatorial. ¿Qué sigue?
¿El fraude electoral al estilo tabasqueño,
manejado por Roberto Madrazo en beneficio de los candidatos a dipu-tados
del PRI y del PAN que estén a favor de la privatización de
la industria eléctrica? ¿La represión abierta contra
las organizaciones campesinas que están dispuestas a bloquear puentes
fronterizos y carreteras porque la nueva etapa del TLC va a desaparecerlos
del mapa? ¿La restauración de la Brigada Blanca, los secuestros
y asesinatos de opositores al régimen, el entronizamiento de la
censura?
Detrás del golpe a Canal 40 no están sólo
los propósitos inconfesables de la ultraderecha foxista sino algo
más temible: el fanatismo religioso de los sectores del régimen
que hoy glorifican a Salinas Pliego como ángel vengador del supuesto
agravio que la televisora silenciada cometió, según ellos,
al difundir en mayo de 1997 los abusos sexuales del padre Marcial Maciel
en contra de incontables adolescentes y niños. Sí, detrás
de este repugnante atropello a las garantías ciudadanas están
los influyentes amigos de los Legionarios de Cristo que ahora deben estar
celebrando con copones de vino de consagrar la muerte de una "transición
democrática" que nunca empezó y que fue empleada como una
estafa para seguir cometiendo, con otra máscara, los viejos crímenes
de la dictadura priísta.
¿Por qué se va Castañeda?
¿Existe algún vínculo entre la súbita
renuncia de Jorge G. Castañeda a la Secretaría de Relaciones
Exteriores y el golpe a Canal 40? Todos sabíamos que por estas fechas
dejaría su oficina en Tlatelolco para mudarse a otro puesto dentro
del gabinete, pero de pronto ha roto con Fox, lo abandona, huye de él
como de una jeringa infectada con el virus del ébola.
¿Castañeda se va acaso porque sabe lo que
viene y desea desvincularse oportunamente de la política de horca
y cuchillo que anuncia la supresión de Canal 40? Una versión,
todavía no confirmada, sugiere algo muy distinto: la última
semana de diciembre, un día después de Navidad, Diego Fernández
de Cevallos habló con Fox y le dijo que poseía informes amplios
y detallados acerca de un think-tank, o grupo de especialistas en
las más diversas disciplinas, que estaba trabajando a las órdenes
de Castañeda, con dinero del erario, en la discusión y diseño
de políticas públicas no relacionadas con las actividades
diplomáticas.
Que, en otras palabras, Castañeda estaba usando
fondos de la administración federal para hacer un diagnóstico
general del país, empleando información estratégica,
a fin de construir la plataforma sobre la cual desarrollaría su
futuro proyecto de gobierno. Fernández habría amenazado a
Fox con montar un escándalo de la mayor envergadura, que provocaría
terribles consecuencias para la estabilidad del régimen, si el titular
del Ejecutivo no tomaba cartas en el asunto de inmediato y ordenaba el
desmantelamiento de aquel tinglado.
Castañeda, en consecuencia, ha-bría reaccionado
como lo sugiere su furioso hermetismo actual, acatando las instrucciones
de Fox pero, a la vez, entregando su renuncia irrevocable, no sin antes
advertirle a su ahora ex amigo que no aceptaría ningún otro
cargo en el gabinete y tampoco, siquiera, un puesto como asesor presidencial.
Así pues, si esta especie fuera verídica -y de serlo podría
llegar a los tribunales-, no habría indicios para sospechar que
el hombre de George WC Bush en México saldrá de la escena
por motivos profilácticos, para separar su imagen de la escalada
represiva que augura el golpe a Canal 40.