En convenios basó las denuncias contra directivos de CNI y Tv Azteca, dice un subprocurador
Válido, el dictamen de la Corte de París en el conflicto de las televisoras: PGR
GUSTAVO CASTILLO Y JUAN MANUEL VENEGAS
Aun cuando ninguna autoridad judicial mexicana ha confirmado la resolución de la Corte Internacional de París, que asegura que los convenios entre Tv Azteca y Canal 40 son válidos, según el subprocurador Gilberto Higuera Bernal, la Procuraduría General de la República (PGR) consideró que tenía validez, y esa fue una de las cuestiones fundamentales para acusar penalmente tanto a Javier Moreno Valle, propietario de Canal 40, como a empleados de Tv Azteca por los delitos de robo de fluido electromagnético y por ataques a las vías generales de comunicación y despojo, respectivamente.
Las denuncias de la PGR quedaron asignadas al juzgado primero de distrito en materia penal, con sede en el reclusorio Norte. Según fuentes gubernamentales, en el caso de CNI el único señalado como presunto responsable es Moreno Valle, en tanto que en la denuncia contra Tv Azteca se menciona a Francisco Javier Borrego y Raúl Cruz González, director y subdirector jurídico, respectivamente, de Tv Azteca, así como a cuatro empleados de seguridad, de los que no se pudo obtener el nombre.
En tanto, el procurador Rafael Macedo de la Concha desestimó las acusaciones que contra el gobierno hiciera Moreno Valle. "A la Procuraduría General de la República lo único que le corresponde es la aplicación de la ley, actuando siempre con imparcialidad y responsabilidad", dijo en entrevista en Los Pinos.
La dependencia a su cargo, añadió, ha procedido "conforme a la ley para realizar las acciones necesarias".
Mientras funcionarios de la PGR aseguraron que será cuestión de horas para que el juez primero de distrito, Reinaldo Manuel Téllez Rosas, decida si libra o no las órdenes de aprehensión, en círculos judiciales se dijo que la decisión podría tardar incluso varios días.
Gilberto Higuera Bernal, entrevistado al término de la ceremonia de graduación de la generación 2002-3 de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), refirió que tanto Tv Azteca como Canal 40 incurrieron "en conductas que se apartaron de los procedimientos formales y legales para asumir las decisiones que se tomaron en su momento", en alusión a lo sucedido en el año 2000, cuando Televisora del Valle de México rompió la relación comercial con Tv Azteca, y la toma por la fuerza que hizo esta última de las instalaciones del cerro del Chiquihuite.
Explicó que las acusaciones contra empleados y funcionarios de ambas televisoras son por la presunta responsabilidad en ataques a las vías generales de comunicación y robo de fluido para ambas, además de despojo en perjuicio de Canal 40.
Al cuestionársele por qué en una indagatoria tomaron más de dos años en resolverla y en la otra 15 días, indicó que no se puede asegurar "que en uno de los casos se haya apresurado una determinación y en otro se haya retrasado. Lo que estamos diciendo es que era una controversia que se gestó en diversos tribunales, y por lo que entiendo la parte toral de esta investigación radicó en la determinación de si podía concederse o no validez a estos instrumentos jurídicos".
Higuera Bernal aseguró que la PGR no negoció con nadie las averiguaciones previas, "simplemente esperó el tiempo necesario para contar con todas las evidencias y pruebas que pudieran ser definitivas". El subprocurador refirió que en el caso CNI-Tv Azteca "no hubo negociaciones y los ilícitos por los cuales se realizaron estas indagatorias no son perseguibles por querella, son perseguibles de oficio y, las resoluciones y decisiones de otra índole y por otras autoridades nada tienen que ver con la determinación nuestra".
El funcionario, respecto de los contratos, primero dijo: "No decimos que tengan o no validez". Enseguida mencionó: "Decimos que hay organismos que tienen la competencia legal para hacerlo y organismos a los que fueron las partes por decisión particular y en esos organismos, como así lo han venido ya convalidando otras instancias, se decidió y se determinó que estos contratos, que han originado esta problemática, eran válidos y con base en ellos se ha resuelto".
Se le pregunto por qué la PGR reconocía el dictamen de la Corte Internacional de París, cuando ningún juez en México ha realizado el procedimiento jurídico necesario para que tenga valor en nuestro país, a lo que contestó: "Eso no significa falta de validez, lo que significa es simplemente un proceso de formalización para su ejecución, que es diferente".