Nora Patricia Jara
2002, año violento
El año que comienza será para el gobierno de la ciudad de México de proyectos y grandes obras, algunas titánicas, como el reordenamiento de ambulantes en el Centro Histórico, hasta la construcción del polémico segundo piso de Periférico y Viaducto, que ha tenido los primeros incidentes, ante el beneplácito de sus detractores. El año pasado lo cerramos con asesinatos múltiples, secuestros de famosos y asaltos bancarios; nada comparado con la pérdida de la vida de 28 personas, o quizás más, en un mercado de Veracruz, ante la negligencia y complicidad de sociedad y autoridades. En este marco se dio a conocer el balance anual de la procuración de justicia en la capital del país. Destaca que el año que finalizó ha sido uno de los más violentos en comparación con los anteriores. En el resumen, el procurador Bernardo Bátiz dice que se redujeron los principales índices de actos delictivos con violencia, como el asalto a transeúntes, el robo de vehículos (que se disparó en las primeras horas de 2003) y a casas habitación; sin embargo, en contraste se incrementaron las denuncias por violación, abusos sexuales y de violencia en la familia.
Advierte la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en voz de su titular, que los ciudadanos acudimos actualmente más a los actos violentos que en el pasado, y que es en el ámbito familiar donde se registran las acciones más agresivas hacia los miembros, que incluyen el abuso sexual y el maltrato a menores de edad, mujeres y adultos mayores, e inclusive en muchas ocasiones llegan al homicidio.
Dicen que la familia es el reflejo de la sociedad, y la violencia que se genera en los hogares mexicanos es sólo su espejo; entonces, podríamos añadir en la evaluación que muchas de las acciones violentas que alteran la paz de la comunidad familiar se producen bajo el cobijo de la impunidad, al igual que otras acciones de la criminalidad organizada, como el robo, el despojo y el asesinato. Ahí está la violencia de las televisoras. Al cometerse un delito se rompe el contrato social que se establece entre comunidad y Estado; y si esto es constante se vulnera la institucionalidad, ya que la evolución del delito hoy se observa desde lo individual hasta la lesión que causa a las instituciones; esto crea un ambiente de indefensión entre las víctimas, entendidas como las personas agraviadas o la comunidad entera.
Cuando sucede un accidente que pudo haberse previsto o se introducen delincuentes a la casa de mi vecino y además de robarle lo torturan y asesinan a sangre fría, todos nos sentimos vulnerables, y más si esto sucede en una zona de criminalidad supuestamente media. El crimen de la colonia Toriello Guerra de esta ciudad puede ser un paradigma para la aplicación de justicia en el Distrito Federal, ya que tendrá que definir la lesión del máximo bien jurídico, que debiera ser la vida humana, y tomar en cuenta, además de la motivación y fundamentación del hecho lo principal, la protección de toda la sociedad. Si la defensa de Orlando Magaña, el asesino de la familia Narezo Loyola y sus empleadas domésticas, comprueba que este sujeto es un enfermo mental y no un sociópata como lo sugiere su conducta -trastorno de la personalidad que se define porque quien lo padece no tiene sentimientos de culpa ni toma experiencia de los hechos, pero sí está consciente de sus actos-, el criminal podrá burlar la aplicación de la justicia.
Es urgente no seguir desplazando a la víctima de la concepción del delito y de su sanción. Juristas como Albin Eser, investigador del Centro de Derecho Penal y Filosofía del Derecho de la Universidad de Externado, en Colombia, sostiene que en la actualidad "la política criminal reflexiona sobre la solución de conflictos entre los afectados por medio de una composición entre autor y víctima, con el fin de restituir el desplazamiento que se hace de la concepción del delito y de su sanción". En suma, que en la resolución de este multihomicidio, al igual que en cualquier tipo de conflicto, el interés de quienes aplican la justicia debe ser el de la protección. Si en el asunto de la televisoras hay que preservar el estado de derecho, en el asesinato de Tlalpan la protección de la vida en general.
