El allanamiento realizado anteayer por elementos del Ejército en la sede de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) en Tijuana, Baja California; el descubrimiento en ese local de más de 4 toneladas de mariguana que no habían sido puestas a disposición del Ministerio Público, así como la aprehensión de siete agentes de la corporación que intentaban extorsionar a presuntos narcotraficantes, son hechos alarmantes que ponen de manifiesto la persistencia de la corrupción en las instituciones públicas encargadas de perseguir el narcotráfico.

La historia es simple: el comandante local de la FEADS y seis de sus subordinados capturaron a dos individuos que transportaban casi 2 mil paquetes de la yerba en dos vehículos; los policías, en vez de dar fe de los hechos al Ministerio Público y presentar a los detenidos, los transportaron, junto con su cargamento y los automóviles, a la oficina de la dependencia, donde trataron de cobrarles 2 millones de dólares a cambio de su libertad y de la devolución del estupefaciente.

Al parecer, los agentes de la FEADS destacados en Tijuana llevaban ya tiempo operando de ma-nera "autónoma" y sin rendir cuentas a sus superiores, por lo que la Procuraduría General de la República pidió la intervención del Ejército, cuyos efectivos cercaron la sede local de la agencia antidrogas y procedieron al aseguramiento de la mercancía ilegal y a los arrestos de los policías y de sus extorsionados.

Por desgracia hay sobradas razones para suponer que los hechos referidos no son excepcionales ni extraordinarios en el combate a la producción, el trasiego y la compraventa de sustancias ilícitas. Sería ingenuo asumir que la totalidad del inconmensurable abasto de drogas a los consumidores estadunidenses que pasa por nuestro país se realiza a espaldas de las corporaciones policiales, que los cárteles operan sin cobertura de ciertas autoridades o que el narcotráfico realiza sus actividades internacionales de lavado de dinero sin el aval de funcionarios financieros, fiscales y judiciales de México y de Estados Unidos.

El preocupante episodio de Tijuana pone de manifiesto una vez más la inoperancia de la guerra contra las drogas desde sus premisas básicas: la prohibición de sustancias sicotrópicas, la criminalización del consumo y la penalización del trasiego no hacen sino crear las condiciones para el negocio del narcotráfico.

En la lógica del mercado, mientras más se persigue el contrabando de drogas y se disminuye su oferta, más se incrementan los precios de éstas y mayores son, en consecuencia, los márgenes de utilidad de las organizaciones delictivas, las cuales aumentan, junto con su poder de fuego, su capacidad de cooptación y soborno de funcionarios públicos.

En suma, los sucesos referidos deberían llevar a las autoridades nacionales a reflexionar sobre la necesidad de emprender un cambio radical en el enfoque del combate al narcotráfico, así como estudiar y proponer a los vecinos del norte nuevas estrategias de erradicación de las drogas y de su consumo.