Fuerte polémica por declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional

Crisis política en España por una descalificación a las nacionalidades históricas

Aboga Aznar por la "identidad común" cuando vascos, catalanes y gallegos buscan mayor autogobierno

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 22 de enero. El presidente del Tribunal Constitucional (TC) español, Manuel Jiménez de Parga, provocó una crisis institucional en este país al criticar las llamadas "nacionalidades históricas" (Galicia, el País Vasco y Cataluña), definidas así en la propia Carta Magna, que para el garante de este documento son "una falacia" y un "grave error".

Las polémicas declaraciones de Jiménez de Parga, que rehusó retractarse, se suman a las descalificaciones hechas por el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, quien abogó por una "identidad española común" en la que "nunca tengan cabida guetos culturales de identidad".

Por la gravedad y dureza de sus palabras, Jiménez de Parga, el máximo defensor de los valores constitucionales y quinta autoridad del Estado, se convirtió en el foco de las críticas de todos los partidos del arco parlamentario que, con la excepción del derechista y gobernante Partido Popular, exigieron su dimisión inmediata o, en su defecto, una rectificación.

El presidente del TC pasó por alto las distinciones que otorga la Constitución de 1978 a las nacionalidades y las regiones, al sostener durante una conferencia celebrada ayer en esta ciudad que "una organización de nacionalidades como España, repleta de historia de norte a sur y de este a oeste, con unos reinos de brillante trayectoria, no puede verse reducida a ser segundones frente a tres comunidades que dicen que son distintas porque plebiscitaron afirmativamente en la República un estatuto de autonomía."

Pero Jiménez de Parga fue más allá al sostener que "en el año 1000, cuando los andaluces teníamos varias docenas de surtidores de agua de sabores distintos y olores diversos, en algunas zonas de las llamadas comunidades históricas ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana".

Pese a estos cuestionamientos, consideró que la Constitución sólo puede modificarse "rara vez y con manos temblorosas", al ser ese documento "garante de la cohesión de España".

A 25 años de haberse firmado la Constitución española, el texto que significó la culminación de la llamada transición a la democracia y que fue refrendado por la mayoría de las formación políticas del Estado español, la división y la crispación se ha instalado en el debate político.

Las palabras de Jiménez de Parga provocaron el anuncio de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió, que informaron que no participarán en las celebraciones del aniversario, al tiempo que pidieron la dimisión del jurista, que en su primer acto al frente de esta institución fustigó al presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, en otra salida de tono para un presidente de este órgano judicial.

El ataque de Jiménez de Parga a los nacionalismos vasco, catalán y gallego que, con matices, piden una reforma a la Carta Magna para alcanzar mayores niveles de autogobierno, se vio fortalecido por el discurso del propio Aznar, que hizo una defensa cerrada de la Constitución y el marco territorial español.

Aznar, que se encuentra en plena precampaña electoral de cara a los comicios municipales de mayo próximo, señaló que "frente a las libertades de todos, no va a imponerse ninguna obsesión de identidad; que la tribu no va a derrotar a la sociedad civil y que el mito étnico no prevalecerá sobre la razón democrática".

El presidente de la Generalit de Cataluña, Jordi Pujol, socio del PP en el Congreso, acusó a Aznar de estar rompiendo el pacto de la transición a la democracia, mientras el líder de la oposición socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró "desafortunadas" las declaraciones y pidió el fin de una polémica que "no parece buena en un ámbito de tanta sensibilidad constitucional".

El gobierno vasco, a su vez, acusó a Jiménez de Parga de "insultar a las nacionalidades históricas" y de desprestigiar la institución que representa, según dijo la vicepresidenta del gobierno regional, Iodia Zenarruzabeitia.