Decidirá la SCT sobre el reinicio de
transmisiones de Canal 40
Determina juez devolver a Moreno Valle instalaciones
del cerro del Chiquihuite
Televisora del Valle de México deberá
pagar 50 millones de pesos para mantener el beneficio de la suspensión
provisional del aseguramiento
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
El juzgado séptimo de distrito en materia administrativa
determinó que la posesión de las instalaciones del cerro
del Chiquihuite corresponde a Televisora del Valle de México -en
disputa con Tv Azteca-, y reconoció a la empresa de Javier Moreno
Valle como legítima concesionaria de Canal 40.
Sin embargo, el reinicio de transmisiones quedará
supeditado a una decisión de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).
Televisora del Valle de México obtuvo de la juez
Luz María Díaz Barriga una suspensión temporal, es
decir, el beneficio de manejar sus instalaciones mientras se resuelve en
definitiva el juicio de amparo contra el aseguramiento ordenado
por la SCT, pero para mantener dicho beneficio deberá pagar 50 millones
de pesos en los próximos cinco días.
Además, la empresa que dirige Javier Moreno Valle
tendrá que contar con el aval de la SCT para transmitir al ciento
por ciento.
El
juicio de amparo promovido por Televisora del Valle de México, o
CNI-Canal 40, indicaron fuentes judiciales, sólo contempla la petición
de protección en cuanto al aseguramiento, no que la SCT le
permita continuar sus transmisiones.
Sin embargo, la resolución emitida por Luz María
Díaz Barriga obliga a las autoridades federales a entregar a Moreno
Valle o sus representantes las instalaciones del cerro del Chiquihuite,
en un plazo máximo de 24 horas después de haber sido notificados,
esto es, luego del mediodía de este sábado.
De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas sobre
el alcance de la resolución del amparo 71/2003, será a otros
tribunales a los que competa decidir la validez de los contratos firmados
entre Tv Azteca y CNI-Canal 40, así como quién debe operar
las transmisiones, pues ninguno de estos dos puntos fue incluido en la
solicitud de amparo promovida por los representantes de Moreno Valle.
La ventaja, indicaron las fuentes, es que al haber obtenido
esta suspensión provisional, CNI-Canal 40 tiene el reconocimiento
de legítimo concesionario y la tutela de las instalaciones del cerro
del Chiquihuite.
Sin embargo, para conservar estos derechos, hasta que
se dicte sentencia en definitiva en el juicio de amparo, Televisora del
Valle de México deberá depositar 50 millones de pesos en
los próximos cinco días.
La juez estableció en su resolución que
Moreno Valle acreditó documentalmente ser el concesionario legítimo,
por lo que también ordenó a la SCT restituir los bienes destinados
a la explotación del canal de televisión.
Según esta determinación, la devolución
de las instalaciones no afecta el interés social ni ocasiona daños
a terceros, conforme establecen los artículos 124, 125, 130 y 139
de la Ley de Amparo.
No obstante, en los próximos días un juzgado
administrativo deberá resolver también el amparo interpuesto
por Tv Azteca contra el aseguramiento de las instalaciones del cerro
del Chiquihuite, ya que alega ser parte afectada por la SCT, al evitar
que se dé cumplimiento a los contratos que signaron los propietarios
de la televisora del Ajusco y CNI-Canal 40, acuerdos mediante los cuales
la empresa de Ricardo Salinas Pliego podría manejar esa televisora.
Formal prisión contra empleados de Tv Azteca;
obtienen suspensión
El juzgado primero de distrito en materia penal decretó
auto de formal prisión al subdirector jurídico de Tv Azteca
y a ocho integrantes del grupo de seguridad de la televisora del Ajusco,
tras considerar que existen elementos suficientes para enjuiciarlos como
responsables de los delitos de despojo y el equiparable al robo con violencia,
por su participación en la toma de instalaciones de Canal
40 el pasado 27 de diciembre.
El juez consideró que Ricardo Martínez Cruz,
Tomás Barros Belmont, Juan Manuel Machorro, Miguel Angel Solorio,
Noé Montealegre, Manuel Alacio, Oliver Sotelo, Lucio Reyes y Sergio
Zúñiga deberán ser juzgados.
Sin embargo, los nueve indiciados no podrán ser
detenidos y enfrentarán su proceso penal en libertad, toda vez que
un juzgado federal les concedió una suspensión provisional
contra la orden de aprehensión, por no estar acusados de delitos
graves.
