Las acciones coercitivas, práctica frecuente en los pasados 10 años en ese país

Altos funcionarios de EU podrían enfrentar una fiscalización internacional por tortura

Agentes de la CIA y la FBI apremian físicamente a prisioneros de Al Qaeda, dice el Post

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 23 de enero. Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos po-drían enfrentar una fiscalización criminal internacional si resulta que autorizaron a sus fuerzas de seguridad en Afganistán el uso de la tortura o bien el traslado de prisioneros a países que la practican, advirtió este mes una influyente organización estadunidense de derechos humanos al responder a una serie de informes de que oficiales están torturando a combatientes de Al Qaeda y a miembros de otros grupos.

Incidentes de tortura e interrogatorios coercitivos de sospechosos se han convertido en práctica frecuente durante los pasados 10 años en este país, según abogados defensores y otros observadores.

Pero es muy difícil calcular las dimensiones de este problema, además de que el gobierno estadunidense ha negado insistentemente que apruebe el uso de la tortura.

De hecho, apenas el año pasado el informe anual sobre derechos humanos emitido por el Departamento de Estado criticó a México y otros países por el uso persistente de la tortura en sus prácticas policiacas.

Pero ahora el Departamento de Estado tal vez tendrá que modificar su próximo informe este año para borrar toda referencia a una crítica universal de la tortura, y buscará hacer una crítica más elegante a algunas formas de esta práctica.

Un reportaje de investigación del diario The Washington Post publicado en diciembre reveló que oficiales militares estadunidenses y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) están torturando a supuestos miembros de Al Qaeda en una base aé-rea de Afganistán, al privarlos de sueño y medicamentos necesarios, así como otras prácticas coercitivas.

El rotativo también reportó que detenidos en Afganistán que no ofrecen información a sus interrogadores estadunidenses a veces son entregados a servicios de inteligencia de otros países que aplican la tortura, para así extraer información específica de interés para el gobierno de George W. Bush.

"Ese tipo de complicidad en la tortura es un crimen que, bajo la convención internacional contra la tortura, haría a esta gente sujeto de una fiscalización criminal en cualquier parte del mundo, bajo el concepto de la jurisdicción universal", advirtió Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), en una declaración a los medios de comunicación.

"De hecho -agregó el organismo-, si al-tos funcionarios del gobierno están considerando ese tipo de abuso, eso los sujetaría a la fiscalización bajo las teorías de la responsabilidad de mando."

La convención contra la tortura obliga a todo país que la ha ratificado a fiscalizar a personas implicadas o cómplices en actos de tortura, y por tanto, estos funcionarios podrían enfrentar una fiscalización en países a los que viajan", agregó Roth.

La Casa Blanca insiste en que respeta la Convención de Ginebra en su trato a estos prisioneros de guerra, pero no ha desmentido en particular las acusaciones contenidas en el reportaje del Post. Estas afirmaciones oficiales, comentó Roth, no son suficientes, y agregó que las acusaciones específicas en el reportaje del diario son violaciones claras de la Convención de Ginebra.

Roth ha instado a que Bush emita una declaración pública afirmando la posición que cualquier tipo de tortura, incluyendo las reportadas por el Post, sería una violación de la política estadunidense en la materia.

Hasta la fecha la Casa Blanca se ha rehusado a emitir tal declaración. Pero un vocero de HRW informó a La Jornada que el asesor de Seguridad Nacional sobre Oriente Medio de la Casa Blanca, Elliot Abrams, ha acordado reunirse con una delegación del grupo de derechos humanos.

Mientras tanto, HRW ha enviado investigadores a examinar estas denuncias de tortura en Afganistán y ha incrementado su crítica contra Bush en torno al asunto.

"La Casa Blanca parece ver los derechos humanos como un obstáculo para la guerra contra el terrorismo", dijo Roth en una conferencia de prensa en Washington este mes.

Al parecer, hay funcionarios que están de acuerdo con HRW, pero que ven el asunto como parte de su trabajo. "Si uno a veces no viola los derechos humanos, probablemente no está cumpliendo con su labor", comentó un funcionario al Post.

En su amplio reportaje enviado desde Afganistán, con base en entrevistas con 10 funcionarios de seguridad estadunidenses, se describe cómo prisioneros fueron obligados a mantenerse de pie o postrarse durante largos periodos, fueron sometidos a un bombardeo de luz o de música y se les ne-garon medicamentos recetados por doctores, todo como parte del proceso de tortura administrada por oficiales de la CIA y de las fuerzas armadas.

Al responder a este reportaje, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, insistió en que su gobierno trata a los detenidos de manera consistente con la Convención de Ginebra, a pesar de que el gobierno de Bush no considera que todos estos detenidos son protegidos por ella.

Sin embargo, circulan algunas pruebas de que el uso de la tortura no se limita a los incidentes en Afganistán.

Poco después de los atentados del 11 de septiembre un árabe fue obligado en Nueva York a ofrecer una confesión falsa en la que admitió que había participado en estos ataques, después de que la policía lo amenazó con deportar a su familia a Egipto, donde le esperaba una muerte segura.

Posteriormente fue liberado y ahora un juez está demandando una investigación sobre el trato que recibió de la policía.

Hace algunos años, en Chicago, todo un equipo de policías fue finalmente cesado después que se reveló que habían torturado a cientos de personas, algunas de las cuales fueron enviadas al pabellón de la muerte. En Nueva York tres negros fueron recientemente liberados después de pasar años en la cárcel debido a confesiones forzadas du-rante sus interrogatorios.

Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre han resucitado un debate en este país sobre el uso de la tortura.

Mientras grupos como HRW argumentan que nunca es permisible (y el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado endosa esta posición), algunos fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones afirman que hay circunstancias en que la tortura es necesaria.

Ninguno de estos oficiales ha estado dispuesto a declarar esto sin la protección del anonimato. Pero Alan Dershowitz, famoso abogado de defensa criminal en este país, ha argumentado que en ciertos casos que él caracteriza como urgentes, "de bomba a punto de estallar", el gobierno debería considerar la posibilidad de emitir autorización judicial para la tortura.

El argumento lanzado por Dershowitz, y caracterizado por un ex fiscal federal a La Jornada, es que en casos extremos si la tortura pudiera ayudar a salvar una vida inocente, por lo menos debería ser considerada como opción.

Hasta la fecha el gobierno del presidente Bush ha rehusado intentar argumentar a favor de lo anterior en público, pero aparentemente lo ha asumido en la práctica.