Con la devolución a CNI Canal 40 de sus instalaciones de transmisión ubicadas en el cerro del Chiquihuite se cierra un episodio vergonzoso y alarmante que no debió ocurrir nunca y que perjudicó severamente a las víctimas, al agresor, al gobierno que preside Vicente Fox y a la sociedad en su conjunto. Esta última hubo de comprobar que el Ejecutivo federal incumplió sus responsabilidades como garante del estado de derecho y actuó como parte interesada más que como autoridad.

Ciertamente los procesos judiciales -penales, civiles, mercantiles- en los que se encuentran confrontadas las empresas seguirán su curso y serán los jueces los encargados de esclarecer la complicada madeja de contratos, demandas y contrademandas que conforma el pleito entre las empresas que presiden Javier Moreno Valle y Ricardo Salinas Pliego. Ayer, por lo pronto, con la devolución a CNI de sus bienes escamoteados a mano armada por Tv Azteca, se restituyó la vigencia de la legalidad, condición indispensable para que los procesos judiciales referidos se desarrollen sin contratiempo y en apego a derecho.

Tal restitución -de las instalaciones referidas y con ello el imperio de la ley- es un motivo de alivio para los integrantes de la empresa despojada, para sus televidentes y para la sociedad en general, la cual hubo de asistir, indignada y estupefacta, a la comisión del ilícito -cuyas consecuencias se prolongaron un mes exacto-, a la inacción inicial del gobierno y a una actitud posterior que no puede sino interpretarse como una manifiesta complicidad de las instituciones gubernamentales -Procuraduría General de la República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobernación- para con la parte agresora y como un empeño por retardar lo más posible la aplicación de las determinaciones judiciales y hasta las consideraciones de lógica elemental y buen sentido que habrían debido traducirse, desde el día del allanamiento, en regresar el transmisor a la empresa despojada.

Es inevitable sospechar que tras la evidente ineptitud y la aparente mala fe del gobierno había la intención de liquidar el proyecto informativo de CNI Canal 40 por la vía de asfixiar económicamente a la empresa que lo opera.

Esta, por su parte, sufrió como consecuencia de su salida del aire un grave quebranto financiero que la ubicó en efecto al borde de la inviabilidad y que la debilita de cara a las batallas legales que todavía debe librar con Tv Azteca.

La televisora del Ajusco se evidenció ante la opinión pública como un consorcio que violenta le legalidad y que recurre a hombres armados para resolver sus diferendos legales y, a la luz de los fallos judiciales que ordenaron la restitución de los bienes usurpados, como una empresa que distorsiona los hechos.

La ciudadanía ha podido constatar la casi nula capacidad del Ejecutivo federal para garantizar el estado de derecho y su enorme benevolencia para quienes lo vulneran cuando, como parece ser este caso, son sus favoritos.

Hans Blix, jefe del equipo de inspectores enviado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Irak para documentar o refutar la posesión de armas de destrucción masiva por parte de ese país, emitió ayer su esperado informe de labores tras dos meses de trabajo.

Por desgracia, el mensaje de Blix no contribuye a disipar las amenazas de agresión bélica que se ciernen sobre ese país árabe, toda vez que acusa a Bagdad de "no haber llegado a una aceptación genuina del desarme que se le ha pedido" y descalifica, por insuficientes, las medidas de cooperación del régimen de Saddam Hussein para con los verificadores internacionales.

Pero las declaraciones del jefe de inspectores tampoco parecen dar pretexto suficiente al presidente estadunidense George W. Bush para lanzar en solitario una incursión militar contra Irak, y tampoco permitirían justificar la aceptación de las urgencias bélicas de Washington y Londres por parte de los otros tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -China, Francia y Rusia-, que han expresado en forma reiterada su oposición a una nueva guerra en el golfo Pérsico.

Debe considerarse que la obsesión de la Casa Blanca por deponer a Saddam Hussein mediante una incursión militar de gran escala en Irak ha perdido impulso y respaldo, tanto entre aliados tradicionales de Washington -Francia y Alemania en primer lugar- como entre la ciudadanía estadunidense, que en su mayoría -56 por ciento- piensa que la comunidad internacional debe dar más tiempo a las inspecciones de la ONU en territorio iraquí y que Bush no debe emprender una acción bélica si no cuenta con el previo aval del Consejo de Seguridad.

Cabe esperar, pues, que el informe rendido ayer por Blix no sea punto de partida de la guerra, sino el inicio de un nuevo compás de espera para que se descarte o se compruebe que Irak posee armas químicas, biológicas o nucleares y que, en caso de que las acusaciones se demuestren, ese país sea persuadido de renunciar a esos artefactos por medios diplomáticos y pacíficos.