Los bancos les ordenaron no dar los "documentos de trabajo", asegura Víctor Infante

Debe obligar la PGR a los auditores del Fobaproa a entregar informes: diputados

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados recurrirá a la Procuraduría General de la República (PGR) para obligar a los despachos de auditores que trabajaron con el canadiense Michael Mackey a entregar al Congreso los "documentos de trabajo", ya que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la revisión de dichos documentos permitiría no sólo ejercer la acción penal correspondiente contra los involucrados en ilícitos, sino que permitiría un ahorro de 45 mil millones de pesos sobre la deuda que dejó el Fobaproa con diversas instituciones bancarias.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el priísta Manuel Galán Jiménez, recordó que la ASF ya pidió la intervención del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para que solicite a seis despachos que colaboraron con Mackey la entrega de los "documentos de trabajo", y que en fecha reciente las instituciones de crédito que se verían afectadas por la revisión de los mismos ordenaron a los despachos no proporcionar a nadie dicha información.

"Nosotros como comisión y la Mesa Directiva de la cámara hemos seguido insistiendo a los despachos que nos den esa información y en eso estamos. Vamos a llegar a todas las instancias necesarias para que los despachos nos den una información que definitivamente creemos deben dar", destacó Galán Jiménez luego de subrayar que fue la Cámara de Diputados la que contrató los servicios de estos despachos de auditoría.

"Lo único que estamos pidiendo es que se nos den los documentos de trabajo que permitieron tomar equis decisiones en su momento. Acaban de salir dos oficios más solicitándoles esa documentación. No creemos que se violente ningún secreto bancario, en razón de que hay disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que no hay secreto bancario para los diputados en este asunto. Si persiste la negativa será el Poder Judicial quien dará la última palabra al respecto", aseveró el priísta.

De acuerdo con el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, el impacto fiscal que resultaría de la revisión de los "documentos de trabajo" sería de 45 mil millones de pesos en cifras actuales. Pero las instituciones bancarias han ordenado a los despachos que retengan esa información, aseguró el diputado priísta por Zacatecas, Víctor Infante.

Dio lectura a un párrafo de las misivas de las instituciones de crédito a los despachos de auditores: "comunicamos a ustedes que la documentación que recibieron de este banco y los papeles de trabajo derivados de ella deben mantenerse en el despacho bajo la custodia de su socio director, honrando así las normas y principios antes descritos y respetando los intereses legítimos de nuestros clientes".

Además de este tema, los diputados abordaron con el auditor González de Aragón los resultados de las auditorías. El funcionario explicó que comentaron las 4 mil 600 acciones promovidas como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2000, "dimos informe de cuáles habían sido aquellas dependencias y entidades que contestaron en tiempo, las que no contestaron y las que contestaron de manera extemporánea.

"Hay dependencias y entidades -suman aproximadamente 17- que incumplieron o respondieron de manera extemporánea, y gobiernos estatales que no contestaron a las solicitudes, así como órganos internos de control y contadurías mayores estatales. Esto ya se informó a las instancias correspondientes", señaló.

Entre las dependencias que han incumplido mencionó al Seguro Social, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Gobernación, además de gobiernos estatales, entre otros.