Es asunto de cotos de influencia política y económica, afirma el director Castro Estrada
La disputa no es por cuestiones religiosas: Gobernación
ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL
San Cristobal de Las Casas, Chis., 7 de febrero. Al reunirse en esta ciudad con titulares de asuntos religiosos de seis estados del país, el director general de Asociaciones Religiosas, de la Secretaría de Gobernación, Alvaro Castro Estrada, afirmó que el conflicto entre católicos tradicionalistas y evangélicos de San Juan Chamula "es eminentemente un asunto de cotos de poder económico y político que nada tiene que ver con el tema religioso".
El funcionario federal dijo que se tienen que "desligar completamente los aspectos de la religión con los relacionados con cacicazgos y bandas del crimen organizado".
De acuerdo con un comunicado de prensa divulgado esta tarde por la coordinación de comunicación social del gobierno de Chiapas, Castro Estrada se reunió con los titulares de asuntos religiosos de esta entidad, de Oaxaca, Hidalgo, estado de México, Guerrero y Zacatecas, con el fin de "analizar los esquemas de trabajo que se llevan a cabo en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público".
El objetivo principal del encuentro, agregó, fue "compartir las experiencias de la colaboración institucional que lleva el Poder Ejecutivo federal con dicha ley, así como las acciones que se realizan para distender los conflictos de carácter religioso y la difusión de los principios de tolerancia y respeto en la diversidad religiosa".
Según el boletín, durante la reunión Castro Estrada y funcionarios estatales del ramo abordaron los temas de "conflictos religiosos y su tratamiento", y "acciones y programas a favor de la tolerancia".
Evidentemente uno de los temas principales que se trataron fue el relacionado con los hechos sangrientos del 26 y el 28 de enero pasados, que dejaron un saldo de siete muertos, varios heridos de bala y cinco detenidos.
"El tema de San Juan Chamula es un asunto que tiene una connotación de conflicto político y económico y no de carácter religioso, en que lamentablemente se ha querido esconder otro tipo de problemas tras una máscara con carácter religioso y eso no se vale", dijo Alvaro Castro.
El funcionario afirmó que el gobierno federal "ha sido respetuoso con los diferentes credos religiosos que existen en el país, al igual como lo han sido el resto de los gobiernos de las entidades".
Por otra parte, las autoridades de la comunidad de Mitzitón, de este municipio, afirmaron que los indígenas evangélicos de ese lugar, que los acusan de agredirlos, "son delincuentes que tratan de encubrir delitos federales, como el tráfico de indocumentados y la tala de árboles, mediante preferencias religiosas, haciéndose pasar por víctimas, cuando en realidad son un grupo de delincuentes bien organizados".
En un documento, las autoridades de Mitzitón dijeron que los tradicionalistas "sienten y viven un ambiente de presión por parte de los protestantes que se hacen llamar cristianos evangélicos, y quienes aseguran estar sitiados y amenazados de muerte. Pero esto no es cierto".
Los representantes de la comunidad -donde de los 330 ejidatarios con derechos agrarios 290 son tradicionalistas- reconocieron que en asamblea general prohibieron a los protestantes extraer leña del terreno comunal, debido a que "no colaboran con el ejido, como lo marca la Secretaría de la Reforma Agraria".
Respecto de la acusación de que el año pasado los tradicionalistas quemaron las casas de los evangélicos, las autoridades del lugar manifestaron que la Procuraduría General de la República "determinó que los autores directos de estos delitos fueron los mismos representantes evangélicos, quienes buscan la inestabilidad de la comunidad y por eso han provocado estos conflictos".
